La consulta popular que se organizó hace algunas semanas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que tenía como propósito conocer la opinión de la población en torno a un eventual enjuiciamiento a los ex presidentes de la República, tuvo un costo de casi 530 millones de pesos, con todo y que no tuvo el éxito que se esperaba, pues la afluencia de sufragantes fue poca.
A su vez, el ejercicio de revocación de mandato que se pretende perfilar para el próximo año, y cuya finalidad es saber si los votantes desean o no que el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador permanezca en la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, según lo ha calculado el INE implicaría una erogación de cerca de 4,000 millones de pesos: No muy lejos de lo que costaría la mitad de una elección federal.
Lo anterior habla por sí solo: La democracia directa cuesta y cuesta bastante, como de hecho también sucede con las elecciones para la renovación de los poderes públicos, aunque en esta ocasión nos referimos de modo particular a los también llamados utensilios de participación ciudadana efectiva, los cuales deben ser orientados al empoderamiento de la sociedad civil.
Desde luego que los costos tan elevados de mecanismos como los que hemos referido bien pudieran constituirse como un alegato en contra de ellos, lo cual se maximiza todavía más con el impacto tan profundo que la pandemia Covid-19 ha tenido en todos los sectores económicos. Sin embargo, de lo que se trata es de potenciar este tipo de herramientas participativas para fomentar significativamente la democracia como un todo. Lo mismo cabe de decir de tópicos como el plebiscito o el referéndum, tal y como se puede observar en el Derecho Comparado.
Queda claro que los “cómos” entran en la ecuación al momento de dilucidar las formas a través de las cuales se puede abaratar la democracia directa. Un uso sistemático de las tecnologías de información y comunicación y, particularmente, del voto electrónico, pueden avizorarse como ensayos de respuesta. Entre más caro resulte el involucramiento de las y los ciudadanos con la política, más criticado será y menos legítimo resultará, en perjuicio del Estado en su conjunto.
Si queremos que la democracia no se reduzca única y exclusivamente a las jornadas comiciales, resulta indispensable porfiar en la expansión de su ángulo participativo y sus múltiples posibilidades, en lo que por supuesto todos estamos inmersos.
Ello debe hacerse a la luz de los costos y beneficios, pues la postpandemia traerá consigo una desaceleración económica -si no es que ya la estamos viviendo a manera de crisis- donde cada recurso cuenta y mucho. La salud pública es absolutamente prioritaria, por lo que el ahorro y la solvencia financiera no son ya un lujo sino una necesidad a cada momento.
Por eso es que de cara al futuro cercano las autoridades electorales, los partidos políticos, los actores públicos en general y, sobre todo, cada uno de nosotros, en un marco de gobernanza cooperativa, debemos imaginar estrategias para que la democracia no pierda funcionalidad a causa de la reducción de sus costos.
Lo anterior, en buena medida, podría ser una llave para atenuar la crisis de representación que se torna tan latente en los escenarios actuales. La fortaleza de las instituciones no tendría por qué depender de lo poco o mucho que cuesten sino de las actuaciones de sus funcionarios y de la rendición de cuentas de cara a la sociedad.
El ejercicio de revocación de mandato que se pretende perfilar para el próximo año, implicaría una erogación de cerca de 4,000 millones de pesos.
Entre más caro resulte el involucramiento de ciudadanos con la política, más criticado será y menos legítimo resultará.
