Un requisito indispensable para que funcione adecuadamente un sistema democrático es un procedimiento electoral que propicie la participación ciudadana en los comicios con plena confianza de que su voto será el que defina el resultado de las elecciones, que el proceso electoral se conduzca bajo principios de igualdad de condiciones para todos los contendientes, imparcialidad de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, legalidad para que todos los actores que participan en una elección se conduzcan bajo los parámetros de las normas jurídicas, certeza a fin de que todos los actos de las autoridades, partidos, candidatos y ciudadanos, tengan su sustento en normas de derecho.
Todo lo anterior genera que la lucha por el poder se conduzca en forma pacífica, que los contendientes se dediquen a convencer al electorado de sus propuestas, proyectos y planes de trabajo; que la violencia se erradique de las contiendas políticas. En México son grandes los avances en la materia, desde algunas décadas atrás las elecciones se realizan apegadas a derecho, con imparcialidad, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Esto ha propiciado que en la Presidencia de la República, las gubernaturas de casi todos los estados, en un alto porcentaje de municipios, así como en las diversas cámaras legislativas, la alternancia sea una realidad, la competencia es una realidad y no se puede prever un resultado favorable ni desfavorable con antelación como sucedió en tiempos del partido hegemónico.
Nuestro sistema electoral con sus grandes avances -y por supuesto también con sus deficiencias- ha sido la base para que varios países modifiquen sus normas electorales gracias a la eficacia demostrada en nuestra transición democrática. En este momento el sistema electoral funciona, las elecciones no son motivo de problemas poselectorales debido a que los contendientes aceptan los resultados externados en las urnas porque saben que concuerdan con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.
Justamente ahora que hay un prestigio en el sistema electoral, que los ciudadanos, partidos y autoridades aceptan que nuestra normatividad tiene un desempeño que no genera tensiones ni incertidumbres en la lucha por el poder político, el nuevo gobierno federal se empeña en impulsar una reforma electoral que no es necesaria, los únicos argumentos esgrimidos gravitan en torno a que hay que reformar porque es muy caro, y que hay que cuidar los dineros. Sin dejar de reconocer que el sistema electoral puede ser menos oneroso, evitar gastos innecesarios, no se sostienen los argumentos de revisar todo el sistema electoral, sus normas, sus instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, con el pretexto de bajar costos en la operación de los mismos.
Lo que podemos observar con esta pretendida reforma electoral es que el poder Ejecutivo y el Legislativo quieren recuperar facultades que antes tenían y fueron otorgadas al órgano constitucional autónomo mejor conocido como INE. Quieren diezmar bajo el argumento de la “austeridad republicana” las facultades y competencias del INE y del Tribunal.
Las reformas electorales se justifican cuando hay crisis políticas, cuando hay inconformidades de los ciudadanos con las instituciones electorales porque genera tensión social su actuación. En estos momentos no se observa en México una crisis de credibilidad en su sistema electoral. Quieren desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales estatales, así como eliminar o reducir el Consejo General del INE.
Que los ARGUMENTOS economicistas no debiliten a las instituciones que nos hemos dado durante décadas de amplias discusiones sobre el tema y de acuerdos. El sospechosismo nos conduce a pensar que se busca debilitar a las instituciones electorales -ahora con autonomía constitucional- con pretensiones de regresarlas a espacios de control y con ello incidir en la operación y conducción de los procesos electorales desde el poder público. Esa es una etapa ya superada en México. Las reformas son para avanzar, no para impulsar retrocesos. Tener la mayoría legislativa no le da derecho a ninguna fuerza política a intentar debilitar nuestro sistema democrático.
