/ jueves 27 de agosto de 2020

Reformas al Poder Judicial Federal

El proyecto de reformas para modificar el funcionamiento del Poder Judicial consolida el proceso de cambio en este Poder, con cambios a siete artículos de la Constitución, la expedición de dos nuevas leyes federales y la modificación a 5 ordenamientos legales.

A través de un paquete denominado “Propuestas de reformas al Poder Judicial de la Federación” presentado al presidente de la República para su envío al Congreso de la Unión, se plantea la creación de una nueva escuela de jueces, medidas anticorrupción y contra el nepotismo, a favor de la igualdad de género, así como el fortalecimiento de la figura de defensor público, además de cambios en la forma en que se establece una jurisprudencia.

El proyecto de reformas es impulsado por el propio Poder Judicial y fue presentado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, donde el centro de las reformas que se propone es la expedición de una Ley de Carrera Judicial, que por primera vez en la historia reglamenta un servicio profesional de carrera y la transformación del Instituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial.

Asimismo, mediante convenios de colaboración con las entidades federativas, la Escuela Judicial podrá capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local, para que el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país.

En el conjunto de iniciativas se establece la obligación de aprobar esquemas de evaluación del desempeño laboral, para la permanencia en la carrera judicial, mediante evaluaciones periódicas de competencias y el Consejo de la Judicatura establecería los criterios y mecanismos de evaluación de la eficacia y eficiencia del ejercicio de las funciones jurisdiccionales, el periodo de aplicación de exámenes, los sujetos a evaluar así como las instancias y órganos encargados de la evaluación y el seguimiento de los resultados.

Se pretende también, fortalecer la figura de los defensores públicos, para que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y que haya justicia, que no sólo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, de ahí que en la iniciativa se indica que la nueva Escuela Judicial capacitará a los defensores públicos con un esquema integral y especializado y realizará los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.

Para combatir la corrupción en el Poder Judicial de magistrados o jueces, se propone que el Consejo de la Judicatura Federal tenga facultades para dictar medidas cautelares mientras concluyen las investigaciones y se llega a una resolución respecto al presunto responsable. Entre las medidas cautelares están el cambio de adscripción o la suspensión temporal y otra de las medidas que se propone es la posibilidad de realizar visitas extraordinarias a tribunales, o crear comités de investigación ante cualquier asunto que el Consejo de la Judicatura considere como de riesgo de corrupción.

De igual manera, se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales. Y como medidas para combatir el acoso sexual, la iniciativa plantea que basta con que se lleve a cabo una conducta de naturaleza sexual sobre otra persona de su entorno laboral sin consentimiento de ésta para que se actualice la causal de responsabilidad administrativa, sin que sea necesario que deba acreditarse el elemento normativo consistente en que ‘atente contra la dignidad’ de la víctima, con lo cual se pretende facilitar la sanción de tan deplorable conducta.

En la reforma planteada se ubica a la paridad de género como un principio de la carrera judicial y como una “política para el otorgamiento de nombramientos”, ya que como reconoció el propio Zaldívar, el Poder Judicial está todavía “muy lejos” de lograr una paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario.

Del mismo modo se pretende eliminar la obligación de que la Corte dicte cinco sentencias similares para fijar una jurisprudencia o un criterio obligatorio para todos los tribunales del país y se avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública, al proponer que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias, aprobadas por una mayoría calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, sin necesidad de reiteración.

En cuanto a los recursos de amparo, la reforma establece que la Suprema Corte solo tome casos de controversias en aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución y descartar la posibilidad de que se promuevan este tipo de juicios por violaciones a las leyes y no a la Constitución.

Asimismo, establece la creación de Tribunales de Apelación, en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito. Estos tribunales de Apelación estarían integrados por 3 magistrados y en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales.

El proyecto de reformas para modificar el funcionamiento del Poder Judicial consolida el proceso de cambio en este Poder, con cambios a siete artículos de la Constitución, la expedición de dos nuevas leyes federales y la modificación a 5 ordenamientos legales.

A través de un paquete denominado “Propuestas de reformas al Poder Judicial de la Federación” presentado al presidente de la República para su envío al Congreso de la Unión, se plantea la creación de una nueva escuela de jueces, medidas anticorrupción y contra el nepotismo, a favor de la igualdad de género, así como el fortalecimiento de la figura de defensor público, además de cambios en la forma en que se establece una jurisprudencia.

El proyecto de reformas es impulsado por el propio Poder Judicial y fue presentado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, donde el centro de las reformas que se propone es la expedición de una Ley de Carrera Judicial, que por primera vez en la historia reglamenta un servicio profesional de carrera y la transformación del Instituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial.

Asimismo, mediante convenios de colaboración con las entidades federativas, la Escuela Judicial podrá capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local, para que el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país.

En el conjunto de iniciativas se establece la obligación de aprobar esquemas de evaluación del desempeño laboral, para la permanencia en la carrera judicial, mediante evaluaciones periódicas de competencias y el Consejo de la Judicatura establecería los criterios y mecanismos de evaluación de la eficacia y eficiencia del ejercicio de las funciones jurisdiccionales, el periodo de aplicación de exámenes, los sujetos a evaluar así como las instancias y órganos encargados de la evaluación y el seguimiento de los resultados.

Se pretende también, fortalecer la figura de los defensores públicos, para que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y que haya justicia, que no sólo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, de ahí que en la iniciativa se indica que la nueva Escuela Judicial capacitará a los defensores públicos con un esquema integral y especializado y realizará los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.

Para combatir la corrupción en el Poder Judicial de magistrados o jueces, se propone que el Consejo de la Judicatura Federal tenga facultades para dictar medidas cautelares mientras concluyen las investigaciones y se llega a una resolución respecto al presunto responsable. Entre las medidas cautelares están el cambio de adscripción o la suspensión temporal y otra de las medidas que se propone es la posibilidad de realizar visitas extraordinarias a tribunales, o crear comités de investigación ante cualquier asunto que el Consejo de la Judicatura considere como de riesgo de corrupción.

De igual manera, se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales. Y como medidas para combatir el acoso sexual, la iniciativa plantea que basta con que se lleve a cabo una conducta de naturaleza sexual sobre otra persona de su entorno laboral sin consentimiento de ésta para que se actualice la causal de responsabilidad administrativa, sin que sea necesario que deba acreditarse el elemento normativo consistente en que ‘atente contra la dignidad’ de la víctima, con lo cual se pretende facilitar la sanción de tan deplorable conducta.

En la reforma planteada se ubica a la paridad de género como un principio de la carrera judicial y como una “política para el otorgamiento de nombramientos”, ya que como reconoció el propio Zaldívar, el Poder Judicial está todavía “muy lejos” de lograr una paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario.

Del mismo modo se pretende eliminar la obligación de que la Corte dicte cinco sentencias similares para fijar una jurisprudencia o un criterio obligatorio para todos los tribunales del país y se avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública, al proponer que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias, aprobadas por una mayoría calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, sin necesidad de reiteración.

En cuanto a los recursos de amparo, la reforma establece que la Suprema Corte solo tome casos de controversias en aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución y descartar la posibilidad de que se promuevan este tipo de juicios por violaciones a las leyes y no a la Constitución.

Asimismo, establece la creación de Tribunales de Apelación, en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito. Estos tribunales de Apelación estarían integrados por 3 magistrados y en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales.