Tan peligroso es el Covid-19 como peligrosos resultan los rumores, la falsa información, el uso indiscriminado de las redes sociales, el pánico y la sicosis que genera todo lo que está viviendo nuestra sociedad.
Los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, quienes nos gobiernan tienen facultades y responsabilidades. La obligación más importante del estado es proteger la vida de sus gobernados, como en el caso del problema de salud actual, donde la vida y la salud de todos nosotros pueden estar en riesgo. Hoy no podemos dejarle al Estado toda esa carga, ningún gobernador o presidente de la República nos salvará si nosotros no tenemos responsabilidad social.
Al día de hoy, los ciudadanos ya deberíamos tener muy claro las indicaciones de los gobiernos federal y estatal en relación a los protocolos para nuestro cuidado personal. El problema crece, pero las respuestas también. Quienes piensan que el gobierno no está haciendo su parte están en su derecho, y los que sí, también. Estamos en un dilema: o atendemos las sugerencias y recomendaciones de las autoridades, o llegará el momento en que harán uso de sus facultades legales.
Hace unos días, para variar, en las redes sociales se filtró un documento donde pudimos leer, entre otras cosas, que se implementaría un toque de queda para obligar a los habitantes del estado a no transitar en horarios determinados. Lo grave de este asunto es que la mayoría de los ciudadanos se lo cree. Por eso, el gobernador José Rosas Aispuro Torres desmintió lo que afirmaba el documento que, seguramente, alguien de manera irresponsable lo subió a las redes con fines políticos.
Las facultades legales que tiene el gobernador están en nuestra Constitución local y las del presidente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No caigamos en la trampa de la falsa información. Ningún presidente municipal o gobernador de una entidad federativa, iene facultades para imponer un toque de queda, coartar la libertad de tránsito de los ciudadanos, o suspender derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano.
Quien sí tiene facultades para un toque de queda o suprimir garantías en el país o en alguna región es el presidente de la República, y así lo establece el Artículo 29 Constitucional. Lo mismo de acuerdo al Artículo 73 de la Constitución, que dispone que el presidente, a través del Consejo también tiene facultades, contempladas en los artículos 181, 182, 183 y 184 de la Ley General de Salud.
Está claro que nadie puede abrogarse facultades que sólo son competencia del jefe del Ejecutivo. Hablando de mujeres y traiciones, quien podría estar en graves problemas es la presidenta municipal de Canatlán, esto debido a las declaraciones de su inspector de policía Lorenzo Martínez: “a partir del viernes 27 de marzo se estará privando de la libertad a toda persona que sea sorprendida en la vía pública sin motivo alguno, o sin causa justificada, ingiriendo bebidas alcohólicas o en la vagancia”.
De llevar a cabo estas medidas anunciadas, estarían violando el Artículo 11 de la Constitución Federal. Si lo que pretenden es un toque de queda, violarían el Artículo 29 de nuestra Constitución. Esto podría ser motivo de una controversia constitucional por invadir competencias federales. Por cierto, cualquier ciudadano del municipio de Canatlán echaría abajo dichas medidas con una demanda de juicio de amparo.
