Cuando se imparte justicia a los núcleos ejidales del país, tarda años en llegar, y en ocasiones la lucha se hereda a futuras generaciones.
En los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, las comunidades y núcleos ejidales son considerados como grupos vulnerables, como es el caso del Ejido San José de Tuitán, municipio de Nombre de Dios, Durango, en su lucha legal ante los Tribunales agrarios y Juzgados de distrito.
El empresario Jorge Saravia Castillón pretende quedarse con 9,300 hectáreas del ejido de San José de Tuitán. Para ello, en las oficinas de un conocido notario de la ciudad de Durango se ha dado fe pública de la supuesta compra de derechos sucesorios a favor de Jorge Saravia, sin mediar sentencia del órgano jurisdiccional correspondiente. Así mismo, se han elaborado con dicho notario escrituras públicas que de manera ilegal se han registrado en el Registro Público de la Propiedad en Nombre de Dios, Durango.
Debido a un juicio de amparo que se promovió en el Tercer Juzgado de Distrito, el juez le concedió al ejido una suspensión definitiva en contra del juez mixto de primera instancia y del Registro Público de la Propiedad, ambos del municipio de Nombre de Dios, Durango. Sin embargo, después de tres años, el juez del Tercer Juzgado de Distrito no ha celebrado la audiencia constitucional, la que ha diferido por más de 15 ocasiones para dictar sentencia definitiva de ese juicio de amparo, pasando por alto el artículo 17 constitucional, párrafo segundo.
La Ley de Amparo no puede estar sobre una norma constitucional. Jorge Saravia Castillón pretende despojar al ejido de Tuitán, Durango, de 9,300 hectáreas que pertenecen a ese núcleo desde hace más de 270 años. Durante todo este tiempo el ejido ha tenido la posesión de las tierras las cuales están amparadas con la resolución presidencial de 1929 y la ampliación de 1935.
Saravia Castillón demandó al ejido en el Tribunal Agrario con sede en Durango. En ella asegura ser el dueño de más de 9,000 hectáreas del ejido de Tuitán, y aprovechando que los tribunales agrarios no pueden desechar demandas, éstos, sin que la parte actora tenga interés jurídico o legitimación procesal legítima, les da entrada. Por esta razón, especialistas en derecho agrario recomiendan que se reforme la ley agraria y los reglamentos de los tribunales agrarios, para de esta manera evitar que cualquier persona pueda iniciar demandas en contra de los ejidos, que quedan en estado de indefensión.
Como era de esperarse, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito 7, con sede en esta ciudad de Durango, dictó sentencia firme el 19 de abril de 2019 a favor del Ejido de Tuitán, porque Jorge Saravia Castillón nunca demostró ser el dueño de las 9,300 hectáreas del ejido, no se le violó ningún derecho, y, por consecuencia, nunca tuvo interés jurídico, y mucho menos derecho a ser parte del juicio.
En contra de la sentencia a favor del Ejido, el empresario interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en la Ciudad de México. El Tribunal Superior resolvió en contra del Ejido de Tuitán, revocó la sentencia del Tribunal Agrario y le ordena reponer el procedimiento. La resolución de dicho Tribunal representa un duro golpe a los derechos de los grupos vulnerables, como es el ejido de Tuitán, derechos plasmados en Tratados Internacionales.
En primer lugar, el Tribunal Superior le reconoce el interés jurídico a Jorge Saravia, interés que nunca tuvo en el juicio agrario. Es así como se hace justicia agraria en este país a los ejidatarios. Derivado de esta resolución, el Ejido interpuso un juicio de amparo indirecto. Por si fuera poco, Saravia Castillón ha interpuesto varias demandas en contra del ejido, algunas de ellas de competencia civil.
Por eso no se explica que este tipo de demandas se hayan interpuesto en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Durango. Las acciones en contra de los ejidatarios de San José de Tuitán pueden tener un día graves consecuencias.
