/ sábado 4 de mayo de 2019

Se le hizo justicia al ejido Tuitán

“Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón”

-Benito Juárez

Ahora sí a una comunidad considerada por la Ley como grupo vulnerable se le garantizaron el principio de igualdad y de acceso a la justicia, establecidos en la Constitución. En este país existe un síndrome a la hora de impartir justicia, las personas con poder político y económico tienen privilegios. Por eso, en este momento en los tribunales y órganos jurisdiccionales, comunidades indígenas, campesinos, comuneros y ejidatarios luchan por la vía legal para no ser despojados de sus tierras, que poseen desde hace siglos, por empresas extranjeras, nacionales y empresarios que piensan que con el dinero se puede todo.

Hoy existe una sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario, distrito VII, con sede en esta ciudad de Durango, a favor del ejido San José de Tuitán y en contra de Jorge Saravia Castillón, quien reclamaba como suyas 9,274.91 hectáreas del ejido en mención. Sin duda alguna, esto es un fallo histórico que puede servir como antecedente para todos aquellos que aún piensan en despojar de sus tierras y patrimonio a campesinos, comuneros y ejidatarios. En el escrito de demanda de Jorge Saravia Castillón en contra del ejido Tuitán, con número de expediente 215/2018, aseguró que las casi 10 mil hectáreas del ejido eran de su propiedad, incluyendo el caserío donde viven los habitantes de esa comunidad.

Pero eso no fue todo. Aparte de reclamar las más de 9 mil hectáreas, pretendía la restitución y entrega material de dicha superficie. También pedía que le pagaran los daños y perjuicios que decía haber sufrido por el aprovechamiento del ganado de su propiedad, la explotación del agave de maguey para la producción del mezcal, entre otras reclamaciones.

Todas esas afirmaciones el Tribunal Agrario las consideró improcedentes, ya que la parte actora nunca pudo acreditar que la superficie reclamada era de su propiedad, en consecuencia, el Tribunal Agrario no le reconoció el interés jurídico ni la legitimación procesal activa para los efectos del juicio. Saravia Castillón no pudo acreditar, tampoco, la procedencia de sus intenciones ni las pretensiones reclamadas en el juicio. Por esa razón, con fundamento en la Ley, el Tribunal absolvió al Ejido San José de Tuitán de la totalidad de las prestaciones reclamadas en su contra por parte de Jorge Saravia Castillón.

Los ejidatarios de Tuitán siempre le apostaron a la legalidad y al estado de Derecho, en ningún momento pasó por su mente que los órganos jurisdiccionales conocedores del caso permitirían el despojo de su patrimonio, que se remonta al año de 1749. Las casi 20 mil hectáreas donde está asentado el ejido les han pertenecido desde siempre, como así quedó demostrado con la sentencia a su favor del Tribunal Unitario Agrario, Distrito VII, con sede en esta ciudad de Durango. En su momento, serán los ejidatarios quienes demandarán la reparación de los daños y perjuicios que les causó este juicio. Lo mismo, por la vía que corresponda a un notario público, autoridades de instancias municipales, estatales y federales, porque la justicia debe ser para todos, no solo para aquellos que tienen poder político o económico para despojar de sus tierras a núcleos vulnerables, como son los ejidatarios y comuneros del ejido San José de Tuitán.

“Nada con la fuerza, todo con el derecho y la razón”

-Benito Juárez

Ahora sí a una comunidad considerada por la Ley como grupo vulnerable se le garantizaron el principio de igualdad y de acceso a la justicia, establecidos en la Constitución. En este país existe un síndrome a la hora de impartir justicia, las personas con poder político y económico tienen privilegios. Por eso, en este momento en los tribunales y órganos jurisdiccionales, comunidades indígenas, campesinos, comuneros y ejidatarios luchan por la vía legal para no ser despojados de sus tierras, que poseen desde hace siglos, por empresas extranjeras, nacionales y empresarios que piensan que con el dinero se puede todo.

Hoy existe una sentencia definitiva emitida por el Tribunal Unitario Agrario, distrito VII, con sede en esta ciudad de Durango, a favor del ejido San José de Tuitán y en contra de Jorge Saravia Castillón, quien reclamaba como suyas 9,274.91 hectáreas del ejido en mención. Sin duda alguna, esto es un fallo histórico que puede servir como antecedente para todos aquellos que aún piensan en despojar de sus tierras y patrimonio a campesinos, comuneros y ejidatarios. En el escrito de demanda de Jorge Saravia Castillón en contra del ejido Tuitán, con número de expediente 215/2018, aseguró que las casi 10 mil hectáreas del ejido eran de su propiedad, incluyendo el caserío donde viven los habitantes de esa comunidad.

Pero eso no fue todo. Aparte de reclamar las más de 9 mil hectáreas, pretendía la restitución y entrega material de dicha superficie. También pedía que le pagaran los daños y perjuicios que decía haber sufrido por el aprovechamiento del ganado de su propiedad, la explotación del agave de maguey para la producción del mezcal, entre otras reclamaciones.

Todas esas afirmaciones el Tribunal Agrario las consideró improcedentes, ya que la parte actora nunca pudo acreditar que la superficie reclamada era de su propiedad, en consecuencia, el Tribunal Agrario no le reconoció el interés jurídico ni la legitimación procesal activa para los efectos del juicio. Saravia Castillón no pudo acreditar, tampoco, la procedencia de sus intenciones ni las pretensiones reclamadas en el juicio. Por esa razón, con fundamento en la Ley, el Tribunal absolvió al Ejido San José de Tuitán de la totalidad de las prestaciones reclamadas en su contra por parte de Jorge Saravia Castillón.

Los ejidatarios de Tuitán siempre le apostaron a la legalidad y al estado de Derecho, en ningún momento pasó por su mente que los órganos jurisdiccionales conocedores del caso permitirían el despojo de su patrimonio, que se remonta al año de 1749. Las casi 20 mil hectáreas donde está asentado el ejido les han pertenecido desde siempre, como así quedó demostrado con la sentencia a su favor del Tribunal Unitario Agrario, Distrito VII, con sede en esta ciudad de Durango. En su momento, serán los ejidatarios quienes demandarán la reparación de los daños y perjuicios que les causó este juicio. Lo mismo, por la vía que corresponda a un notario público, autoridades de instancias municipales, estatales y federales, porque la justicia debe ser para todos, no solo para aquellos que tienen poder político o económico para despojar de sus tierras a núcleos vulnerables, como son los ejidatarios y comuneros del ejido San José de Tuitán.