/ domingo 18 de octubre de 2020

¿Será la solución la “Ley Quemón”?

De entrada, nos parece muy original al nombre de la ley. Es muy didáctica, cualquier persona la relaciona con el refrán: “si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero”. Ahora sí, la diputada Ali Gamboa, propone legislar en el Congreso del Estado algo muy importante como es esta ley, porque temas como el aborto, el matrimonio igualitario o quitar los candados para tener un diputado migrante, eso puede esperar, no importa que en estos temas se violen derechos humanos, como es el caso de los migrantes durangueses que hoy sólo pueden votar, pero no ser votados.

La diputada Gamboa les dijo a sus compañeras Katy Mercado, Sugey Torres y a la famosa “China” de Mezquital que la propuesta de un banco de deudores alimenticios desde hace tiempo la propuso en el Congreso. Y, ya encarrerado el gato, Gaby Hernández y Katy Mercado proponen otro banco de datos que se componga de hostigadores y acosadores sexuales. Para que vea usted, tenemos piso parejo. Para quienes adeudan pensiones alimenticias a sus hijos y, por cierto, en Durango suman miles, proponen que se nieguen créditos, no puedan sacar pasaportes, no se les otorgue “licencia” para volverse a casar y de una buena vez, si de eso se trata, que tampoco puedan tramitar su credencial de elector y así no puedan ejercer su derecho humano a votar y ser votados.

Reconocemos que el espíritu de dicha ley está llena de buenas intenciones. Y más si, como se sabe, podría ser votada en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Pero en el fondo esta ley es más compleja de lo que parece. Por ejemplo: si alguien estuviera en el banco por deber pensiones alimenticias y va a comprar un automóvil a crédito en cualquier agencia automotriz, ¿esta ley obligaría al concesionario a no otorgarle financiamiento a la persona? ¿Entonces para qué sirve el buró de crédito? Otro problema legal sería obligar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a negarles un pasaporte a personas boletinadas por la pensión alimenticia. No expedirle un pasaporte a cualquier ciudadano, la misma Secretaría lo hace cuando no se cumplen los requisitos. Esta ley que proponen las diputadas, a reserva de equivocarnos, estaría violando normas constitucionales y derechos humanos. Hay otras soluciones para esta pandemia de quienes no pagan la pensión alimenticia.

La Ley Quemón contempla otro banco de datos para hostigadores y acosadores sexuales. Propone, por ejemplo, que si éstos solicitan trabajo en una empresa, se les niegue. El hostigamiento y el acoso sexual están tipificados en el Código Penal del Estado de Durango. Bajo esta lógica jurídica, para quien comete este tipo de ilícitos ya existen procedimientos como denuncias, carpetas de investigación, llevarlos ante un juez de control y juicio oral que tenga como consecuencia que sean absueltos o se les imponga sentencia condenatoria. En el caso de quienes no pagan pensiones alimenticias, en el Código Penal está considerado privarlos de su libertad por este tipo de abandono. El problema es que para llevarlos a la cárcel se requiere agotar la vía civil. Se necesita una reforma al Código Civil del Estado de Durango donde se diga que se dé cuenta al Ministerio Público de quienes tengan tres meses de retraso, y éste se encargue, como representante social, de la denuncia penal correspondiente. La Ley Quemón, con la pena, pero no es la solución, cuando mucho significaría una aspirina para aliviar un cáncer social.

De entrada, nos parece muy original al nombre de la ley. Es muy didáctica, cualquier persona la relaciona con el refrán: “si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero”. Ahora sí, la diputada Ali Gamboa, propone legislar en el Congreso del Estado algo muy importante como es esta ley, porque temas como el aborto, el matrimonio igualitario o quitar los candados para tener un diputado migrante, eso puede esperar, no importa que en estos temas se violen derechos humanos, como es el caso de los migrantes durangueses que hoy sólo pueden votar, pero no ser votados.

La diputada Gamboa les dijo a sus compañeras Katy Mercado, Sugey Torres y a la famosa “China” de Mezquital que la propuesta de un banco de deudores alimenticios desde hace tiempo la propuso en el Congreso. Y, ya encarrerado el gato, Gaby Hernández y Katy Mercado proponen otro banco de datos que se componga de hostigadores y acosadores sexuales. Para que vea usted, tenemos piso parejo. Para quienes adeudan pensiones alimenticias a sus hijos y, por cierto, en Durango suman miles, proponen que se nieguen créditos, no puedan sacar pasaportes, no se les otorgue “licencia” para volverse a casar y de una buena vez, si de eso se trata, que tampoco puedan tramitar su credencial de elector y así no puedan ejercer su derecho humano a votar y ser votados.

Reconocemos que el espíritu de dicha ley está llena de buenas intenciones. Y más si, como se sabe, podría ser votada en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Pero en el fondo esta ley es más compleja de lo que parece. Por ejemplo: si alguien estuviera en el banco por deber pensiones alimenticias y va a comprar un automóvil a crédito en cualquier agencia automotriz, ¿esta ley obligaría al concesionario a no otorgarle financiamiento a la persona? ¿Entonces para qué sirve el buró de crédito? Otro problema legal sería obligar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a negarles un pasaporte a personas boletinadas por la pensión alimenticia. No expedirle un pasaporte a cualquier ciudadano, la misma Secretaría lo hace cuando no se cumplen los requisitos. Esta ley que proponen las diputadas, a reserva de equivocarnos, estaría violando normas constitucionales y derechos humanos. Hay otras soluciones para esta pandemia de quienes no pagan la pensión alimenticia.

La Ley Quemón contempla otro banco de datos para hostigadores y acosadores sexuales. Propone, por ejemplo, que si éstos solicitan trabajo en una empresa, se les niegue. El hostigamiento y el acoso sexual están tipificados en el Código Penal del Estado de Durango. Bajo esta lógica jurídica, para quien comete este tipo de ilícitos ya existen procedimientos como denuncias, carpetas de investigación, llevarlos ante un juez de control y juicio oral que tenga como consecuencia que sean absueltos o se les imponga sentencia condenatoria. En el caso de quienes no pagan pensiones alimenticias, en el Código Penal está considerado privarlos de su libertad por este tipo de abandono. El problema es que para llevarlos a la cárcel se requiere agotar la vía civil. Se necesita una reforma al Código Civil del Estado de Durango donde se diga que se dé cuenta al Ministerio Público de quienes tengan tres meses de retraso, y éste se encargue, como representante social, de la denuncia penal correspondiente. La Ley Quemón, con la pena, pero no es la solución, cuando mucho significaría una aspirina para aliviar un cáncer social.