En esta semana se dio a conocer, la justicia que de propia mano realizaron pasajeros de una combi en la Ciudad México, en donde, cuatro o cinco hombres que iban como pasajeros, propinaron severísima golpiza a un presunto asaltante que ingresó a la citada unidad y que arrebató el celular a un pasajero.
Pero el chofer aceleró la unidad, tratando de impedir que el delincuente pudiera bajar, pero antes de que lo pudiera hacer, un pasajero lo agarró del brazo, aprovechando los demás para tundirlo a golpes, los que nunca olvidará mientras tenga vida y razón ese ladrón.
Para todos no fue sorpresa la acción cometida por los pasajeros y hasta quizás, a muchos les causó satisfacción, pues ante la falta de capacidad del Estado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, llevar un control seguro, y garantizar la aplicación de la ley, la paz y la seguridad de la población, hicieron justicia por mano propia los pasajeros de la mencionada combi.
Considero que no hay persona en el país que desconozca este suceso, el cual ha servido de memes, unos buenos y otros malos, pero de los que vienen de momento a mi memoria son como ejemplo, un letrero que está a las afueras de un restaurante que dice: “Establecimiento protegido por los de la combi”; otro que manifiesta lo siguiente: “Si este gobierno no tiene intenciones de meter a Lozoya a la cárcel, al menos que lo meta un rato a la combi”; y lo que en forma sarcástica decimos a algún amigo y le advertimos: “O te portas bien o te llevo a la combi”.
Según la CNDH, en el año de 2018 la cifra de esta delincuencia, creció en 190% respecto al año anterior. Tal parece que, el hacer justicia por propia mano a causa de las omisiones del Estado, ha engendrado ciertos contagios, pues se ha sabido que con anterioridad, muchas personas, ante el crecimiento de esta plaga de agresores que viven de lo ajeno, han hecho justicia por cuenta propia, pues se tienen acreditados muchos casos, y tantos otros, que han sido totalmente desconocidos por las autoridades.
La CNDH, antes de que llegara la nueva titular impuesta, señaló en un reporte: “La falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de seguridad pública para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, han propiciado que se canalice o dirija el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas contra quienes consideran o suponen que cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen”.
El artículo 17 de la Constitución prohíbe ejercer la justicia de mano propia; pero la falta de seguridad, que ya es parte de la cultura de las autoridades de nuestro país, y el hartazgo de ser asaltados y que los ladrones se rían en la narices de sus víctimas, o bien, que a la vuelta de la esquina, las autoridades les den su libertad para que continúen haciendo de las suyas, algunos se han arriesgado a las represalias o, a alguna respuesta que los rufianes pudieran realizar en su contra, llegando a reaccionar hasta en forma irracional.
Según el Instituto para la Economía y Paz, sólo el 9% de los crímenes son castigados en nuestro querido país, por tal motivo, vivimos en una impunidad que cada día se enquista más, lo que ha provocado el surgimiento de los justicieros anónimos, o bien, que la multitud del barrio, llegue a confundir a inocentes por delincuentes, vejándolos y a veces hasta linchándolos, como resultado que, a esas pandillas difícilmente se les podría fincar algún delito, pues aunque su deseo sea ir en contra de verdaderos delincuentes, muchas veces los han confundido con personas honestas, que no han tenido nada que ver, en su sed de venganza justiciera.
Es prudente que las autoridades tomen cartas en el asunto, se dejen de improvisaciones y ocurrencias, que sepan que ya no están en campaña. Que los legisladores dejen de llevar a cabo leyes absurdas, según sus pueriles ingeniosidades, se dejen de aborregar al ejecutivo que está hundiendo al país, que vean por su patria y no por las chocarrerías de su titiritero.
Y a todas las demás autoridades, que dejen de “chapulinear”, y comprendan que su obligación, es proteger y garantizar, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias, de lo contrario estaremos como hasta ahora, a merced de la Ley de la Selva.
