Le Ley aún no tipifica la violencia política hacia las mujeres
La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones que no le permitan participar en igualdad de circunstancias que los hombres.
Las mujeres deben participar en política y ejercer cargos públicos, sin que se dañe su seguridad física, psicológica y reputación.
Unos ejércitos de mujeres de Durango recorren el territorio del estado en busca del voto de la ciudadanía para representarla como presidentas, síndicas y regidoras.
Pero estas mujeres de todos los partidos políticos, a pesar de las legislaciones que mandatan la paridad, se encuentra en sus campañas con la violencia política que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se define como:
“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.
En México y en Durango aún más, el reconocimiento y ejercicio de un cargo han estado llenos de dificultades.
Recuerde que los derechos de las mujeres a votar y ser votadas están en la Constitución a partir de 1953, hace 66 años; existe la paridad democrática obligatoria en las candidaturas a cargos de elección popular a partir de 2014; así también en 2019 se logró la paridad en todos los puestos del gobierno.
Aún con todos los mandatos legales, las mujeres todavía no logran avanzar al ritmo que se esperaba a causa de la violencia política por razones de género.
En las elecciones a cargos de elección popular y cambios de Gobierno del Estado las mujeres creemos que es una gran oportunidad para demostrar que en nuestro país existe una democracia.
Sin embargo la violencia política sigue siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos y al aumentar su participación, aumenta también se incrementa también la violencia política en su contra.
En nuestro país, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política hacia las mujeres por ello y porque la falta de interés de las autoridades no se persigue ni se sanciona.
Aunque existe un protocolo que emitieron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría DDHH), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) con el objetivo de que las mujeres tengan garantizado su participación política.
La violencia política va más allá de las candidaturas en los lugares que los partidos políticos, consideran se va a perder y la falta de apoyo económico; también se da la destrucción de la reputación de las mujeres que participan en política o en la administración pública.
El protocolo no es vinculatorio pero es una herramienta considerada punto de partida para que instituciones y organizaciones tracen rutas en la búsqueda de terminar con la violencia política de género; pero también hace falta fomentar la cultura de la denuncia por parte de las mujeres y de los partidos políticos.
La violencia política contra las mujeres se ha presentado desde que éstas participan; recuerde “las juanitas”, las mujeres eran las titulares de la fórmula y ya cuando había ganado, dejaba el lugar a un hombre que había puesto como su suplente; esto provocó que en búsqueda de la equidad, la autoridad electoral, determinara que las fórmulas debían de ser del mismo sexo.
Sin embargo, fue hasta 2015 que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) empezó a investigar las agresiones hacia las mujeres y a castigarlos.
Recuerde que en 2015, en todo México se registraron 38 casos, algunos de los cuales fueron recuperados y sistematizados por el portal “Igualdad bajo el microscopio”, el caso más grave fue el secuestro y asesinato de Aidé Nava González, precandidata a la Alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero.
Estos casos llevaron a que desarrollara el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en 2016; parece que con ese motivo se incrementaron los caso a 103 en ese mismo año.
El año pasado la violencia política de género también fue parte de las estrategias de campaña. Sin embargo, como siempre, la impunidad, el no castigo a quienes violentan a las mujeres, ha provocado que esta violencia se incremente en todo el país.
En Durango actualmente se llevan a cabo elecciones municipales y en el municipio de Durango, sólo hay una candidata, pero muchas sindicas y regidoras conforman un ejército que recorre el municipio de Durango. Nuestro deseo que ningún tipo de violencia esté presente en estas elecciones.
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