/ domingo 10 de enero de 2021

Siguen los intentos de regresión democrática

Los sistemas políticos modernos para ser considerados democráticos deben reunir una serie de características que los diferencian de los sistemas monárquicos o totalitarios. Después del triunfo de las ideas liberales en el siglo XVIII, cuyo culmen fue la Revolución Francesa, el poder público emana de la voluntad popular, esto es, el poder que ejercen los gobernantes tiene su origen en la emisión del voto por parte de los ciudadanos. La soberanía popular es el primer elemento constitutivo de la democracia.

Otro elemento indispensable es la renovación periódica del poder público, a fin de que quienes llegan al poder lo desempeñen por un periodo determinado. El tercer elemento, es la división del ejercicio del poder, evitando la concentración en una persona la facultad de hacer la ley (legislar), aplicarla al caso concreto (juzgar) y ser garante de la vigencia de la misma, así como administrar la cosa pública (administrar). El sistema monárquico se caracteriza por la concentración de las diversas facultades en una sola persona, de lo que se deriva el abuso del mismo para anclar en el autoritarismo.

La división del poder implica un sistema de límites, que evita que una persona o grupo abuse del mismo; la existencia de pesos y contrapesos es indispensable para que se impulsen desde el poder proyectos acordes al deseo de los sectores mayoritarios, evitando la imposición de una visión parcial o la voluntad de algunas personas y grupos minoritarios.

Otra peculiaridad de los sistemas democráticos es la vigencia de un orden jurídico, de un sistema constitucional que refleje el pacto social de los ciudadanos para crear el Estado, otorgándole a éste la facultad de mantener el orden, así como la seguridad personal y patrimonial de cada integrante de la sociedad.

En las últimas décadas se han agregado dos nuevos componentes para considerar a un gobierno como democrático, a saber, la vigencia plena de los Derechos Humanos, así como la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el acceso de los gobernados a la información pública.

El derecho de acceso a la información es un derecho humano que tiene toda persona para acceder a los documentos que son creados, administrados y que se encuentran en poder de las autoridades. La transparencia coloca a la mano de los gobernados documentos públicos verificables, entendibles, relevantes e integrales, para que se pueda revisar y analizar la actuación de los gobernantes.

En México después de un largo proceso, gracias al impulso de la sociedad civil y la apertura de gobiernos anteriores, se logró crear un amplio sistema que garantiza el derecho de acceder a la información pública, para lo cual fue necesario realizar reformas constitucionales, leyes generales, reformas a las constitucionales locales, así como la aprobación de leyes en cada entidad federativa, lográndose también la creación de órganos autónomos -nacionales y estatales- garantes de este derecho humano. Este resultado es el reflejo de años de lucha para eliminar la opacidad y la discrecionalidad en los actos de gobierno.

El Presidente de la República argumentando cuestiones presupuestales, anunció recientemente la intención de desaparecer al órgano autónomo, colegiado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para otorgar sus funciones a una dependencia del Ejecutivo; hecho que de concretarse, significaría un retroceso democrático. En esta materia no se puede ser juez y parte.

Este lúgubre anuncio llega cuando más se necesita fortalecer la cultura de la apertura, ampliar el derecho a saber, a que los particulares cuenten con información de utilidad social.

El actual gobierno federal no cumple con sus obligaciones de transparencia; en el último año el 70 por ciento de los ciudadanos que han solicitado información, se han visto en la necesidad de interponer recursos de revisión inconformes por la falta de información confiable.

Es momento de aumentar las vías de vigilancia social; los retos del presente obligan a ampliar los espacios de la sociedad, a no mirar hacia atrás en los temas que ya hemos avanzado. La miopía política impone presión y peligros innecesarios a la democracia mexicana.

Los sistemas políticos modernos para ser considerados democráticos deben reunir una serie de características que los diferencian de los sistemas monárquicos o totalitarios. Después del triunfo de las ideas liberales en el siglo XVIII, cuyo culmen fue la Revolución Francesa, el poder público emana de la voluntad popular, esto es, el poder que ejercen los gobernantes tiene su origen en la emisión del voto por parte de los ciudadanos. La soberanía popular es el primer elemento constitutivo de la democracia.

Otro elemento indispensable es la renovación periódica del poder público, a fin de que quienes llegan al poder lo desempeñen por un periodo determinado. El tercer elemento, es la división del ejercicio del poder, evitando la concentración en una persona la facultad de hacer la ley (legislar), aplicarla al caso concreto (juzgar) y ser garante de la vigencia de la misma, así como administrar la cosa pública (administrar). El sistema monárquico se caracteriza por la concentración de las diversas facultades en una sola persona, de lo que se deriva el abuso del mismo para anclar en el autoritarismo.

La división del poder implica un sistema de límites, que evita que una persona o grupo abuse del mismo; la existencia de pesos y contrapesos es indispensable para que se impulsen desde el poder proyectos acordes al deseo de los sectores mayoritarios, evitando la imposición de una visión parcial o la voluntad de algunas personas y grupos minoritarios.

Otra peculiaridad de los sistemas democráticos es la vigencia de un orden jurídico, de un sistema constitucional que refleje el pacto social de los ciudadanos para crear el Estado, otorgándole a éste la facultad de mantener el orden, así como la seguridad personal y patrimonial de cada integrante de la sociedad.

En las últimas décadas se han agregado dos nuevos componentes para considerar a un gobierno como democrático, a saber, la vigencia plena de los Derechos Humanos, así como la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el acceso de los gobernados a la información pública.

El derecho de acceso a la información es un derecho humano que tiene toda persona para acceder a los documentos que son creados, administrados y que se encuentran en poder de las autoridades. La transparencia coloca a la mano de los gobernados documentos públicos verificables, entendibles, relevantes e integrales, para que se pueda revisar y analizar la actuación de los gobernantes.

En México después de un largo proceso, gracias al impulso de la sociedad civil y la apertura de gobiernos anteriores, se logró crear un amplio sistema que garantiza el derecho de acceder a la información pública, para lo cual fue necesario realizar reformas constitucionales, leyes generales, reformas a las constitucionales locales, así como la aprobación de leyes en cada entidad federativa, lográndose también la creación de órganos autónomos -nacionales y estatales- garantes de este derecho humano. Este resultado es el reflejo de años de lucha para eliminar la opacidad y la discrecionalidad en los actos de gobierno.

El Presidente de la República argumentando cuestiones presupuestales, anunció recientemente la intención de desaparecer al órgano autónomo, colegiado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para otorgar sus funciones a una dependencia del Ejecutivo; hecho que de concretarse, significaría un retroceso democrático. En esta materia no se puede ser juez y parte.

Este lúgubre anuncio llega cuando más se necesita fortalecer la cultura de la apertura, ampliar el derecho a saber, a que los particulares cuenten con información de utilidad social.

El actual gobierno federal no cumple con sus obligaciones de transparencia; en el último año el 70 por ciento de los ciudadanos que han solicitado información, se han visto en la necesidad de interponer recursos de revisión inconformes por la falta de información confiable.

Es momento de aumentar las vías de vigilancia social; los retos del presente obligan a ampliar los espacios de la sociedad, a no mirar hacia atrás en los temas que ya hemos avanzado. La miopía política impone presión y peligros innecesarios a la democracia mexicana.