En horas, primero Michoacán, después Guerrero y por último Sinaloa; en todos estos estados se dieron casos de violencia y delincuencia sin precedentes, lo que pone de manifiesto el fracaso del gobierno federal en materia de seguridad pública.
En el municipio de Aguililla, Michoacán, cayeron abatidos 13 policías y en Iguala, Guerrero 14 civiles y un militar fueron ejecutados, y en Culiacán, Sinaloa se desató una violencia de proporciones de guerrilla urbana, donde primero se informó que en un supuesto recorrido personal de seguridad se topó en un domicilio donde se encontraba el hijo del “Chapo” Guzmán, de nombre Ovidio Guzmán López de 28 años de edad, conocido como “El Ratón”, y ahijado del capo Ismael “El Mayo” Zambada. Al final, “El Ratón” fue liberado.
Al respecto, el inexperto e improvisado secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, comentó que por salvaguardar la integridad de la sociedad civil se optó por desistir del operativo (más bien sucumbir ante la superioridad del crimen organizado). Ahora hablar de salvaguardar cuando se registran 21 personas lesionadas por arma de fuego -y al escribir estas líneas aún no se contabilizaba la muerte de varios militares, además de más de 2 civiles-.
Aparte, la fuga de por lo menos 27 presos del Penal de Aguaruto, aunado a todo un caos que se dispersó por toda la ciudad por los llamados narcobloqueos, la quema de vehículos y mobiliario urbano y todo esto de forma inmediata y coordinada, lo que hace suponer que el cártel de Sinaloa tiene una capacidad económica, bélica y logística mayor a la del gobierno.
Ante tal grave y tendencioso cuadro, Durazo optó por salirse por la tangente ejerciendo la autocrítica al decir que el operativo fue imprudente e ineficiente, cuando la realidad tiene muchas y graves lecturas: la primera, es la debilidad institucional ante las estructuras criminales arraigadas y polarizadas ya en gran parte del territorio nacional, donde ya se habla de ESTADOS FALLIDOS o narco estados; segunda, la violencia desatada no se puede entender sin el grado de corrupción, la cual ha permitido no solo el florecimiento de nuevos grupos sino la consolidación de estructuras delictivas ya reconocidas como “criminales trasnacionales” (cárteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación); tercera, ésta es de carácter estructural y tiene que ver con la improvisación de la creación de la Guardia Nacional, la cual ha sido técnicamente criticada desde su concepción a razón que el pretender juntar y coordinar a los militares, marinos y policía federal constituye una mezcla anti natura, por decir lo menos, a razón que son tres instituciones sumamente complejas y con patrones muy definidos y rígidos.
Aparte la formación de las dos primeras es de corte militar y están diseñadas para la guerra y no para la seguridad pública.
Otra consecuencia es que el nivel de letalidad es muy alto y de ahí las violaciones a los Derechos Humanos, entre otras nocivas prácticas, pero lo más delicado es que el marco legal de dicha Guardia la dota de facultades amplias hasta de investigación y en paralelo se deja en un segundo plano el fortalecimiento y papel de las policías civiles, lo que significa una asignatura pendiente del mando único desde el gobierno de Felipe Calderón.
Ante el fallido cuadro, es oportuno comentar que Andrés Manuel López Obrador en su momento como opositor fue muy crítico de haber sacado a los militares de los cuarteles para ubicarlos en las calles haciendo labores para las cuales no estaban formados. Ahora como Ejecutivo federal y primer comandante de las Fuerzas Armadas no sólo continuó con la estrategia criticada sino la magnificó, es decir la amplió territorialmente y con facultades prácticamente ilimitadas.
Ante ello las consecuencias no se han hecho esperar: un país ensangrentado, enlutado, donde cada día se ejecuta un promedio de 96 personas y lo peor es que no se ve cómo revertir tal tendencia. Y para culminar, según un estudio de Harvard más del 80% de los municipios del país están infiltrados por el narcotráfico y esto sin mencionar los gobiernos estatales donde en su mayoría están bajo el esquema de la “pax narca”, ésta entendida como un arreglo entre el narco y la autoridad legal.
La liberación del “Chapito” significa un mensaje de rendición por parte del Estado ante la delincuencia, lo que ocasionará que otros grupos actúen igual que el cártel de Sinaloa.
¿Con todo lo planteado se podrá despejar la incógnita, México un Estado fallido o narco Estado?
NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS
¡Oneroso ritual! Recientemente comenté que salía más caro simular atacar la corrupción que ésta misma y al parecer me quedé corto. Ahora nos enteramos que el oneroso y ambivalente Congreso local no aprobó las cuentas públicas 2018 de ciertos municipios, incluido el capitalino, así como las del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Al respecto es propicio comentar que los ayuntamientos reprobados -por así ubicarlos amigablemente- tienen 20 días hábiles para solventar o más bien maquillar y con manzanitas lo señalado.
Tal información la reveló el conocido el diputado del Verde Gerardo Villarreal Solís, lo que hace preguntar: ¿habrá consecuencias?, es decir ¿se fincarán responsabilidades para que al final se recupere lo supuestamente malversado? ¡Lo dudo!
Y en cuanto al ayuntamiento capitalino, Jorge Salum en su calidad de Presidente, comentó que la desaprobación por parte del Congreso representa la detección de irregularidades graves y solamente será la Auditoría Superior quien finque responsabilidades, lo que hace preguntar ¿y qué con la auditoría externa?, porque más allá de rastrear números habrá que interpretar e investigar las irregularidades dadas a conocer por el mismo Salum en cuanto a que el dinero recaudado por los retenes antialcohol no apareció y qué decir de la flota de aviadores, donde Mario Pozo, el nuevo Juez Administrativo fue muy puntual, y ya encarrerados, gabinete a modo, descuentos indebidos etc., etc. ¿Qué con ello? ¿Qué dice Gonzalo “Eliot” Salas? representante del glorioso, oneroso y hasta ahorita inútil Sistema Anticorrupción?
· Para Martha Palencia y el Regidor Gerardo Rodríguez, señalar el atraco es revanchismo político, ¿será? No Martha, Durango no está retrasado por el canibalismo político sino por el gandallismo de algunos gobernantes. Aparte el citado regidor opina que contratar un despacho para que realice la auditoría externa es desperdiciar el recurso (más bien, que tal auditoría se financie a cuenta de lo recuperado de los recursos públicos malversados y así el sistema anticorrupción). Pero volviendo a los del Movimiento Ciudadano, a ambos les recuerdo que sus sueldos los paga el pueblo y no su patrón.
· Ahora hablando de números, según la regidora priista Daniela Soto Hernández, la actual administración municipal capitalina no cuenta con recursos económicos, ¡que hablando claro está en bancarrota! De tal razón, el anuncio espectacular que hizo el alcalde Jorge Salum al cumplir 40 días es un trabajo ordinario, nada extraordinario como obras, con razón Enrique Benítez calificó el anuncio como una burla “90 mil acciones”. Pero lo peor está por venir, a razón que no habrá $$$ y si hay duda interpretemos lo dicho por la jefa de gabinete del Gobierno del Estado, Rosario Castro, quien exhortó a todos los nuevos ediles que no pidan obras como “carta a Santa Claus”, que solo pidan dos.
De ser así y ante el quebranto del ayuntamiento capitalino, es interesante saber qué hará la actual administración para obtener recursos. ¿Solicitar un crédito? Les saldría carísimo políticamente. ¿Apechugar absorbiendo la deuda?, se ahorcaría el ejercicio de la administración.
Para finalizar con los de los escasos recursos, Mauricio Holguín, presidente de la Canaco, volvió a su singular creatividad al proponer que el gobierno municipal se endeude por 50 millones y con ello rescatar a los proveedores.
Reitero, éstos “no se agacharon, sino se empinaron” ante la administración del galeno Enríquez, de tal razón el pueblo no tiene por qué pagar las consecuencias.
