El polémico “culiacanazo”, el trágico caso Le Barón y una estela de hechos violentos, desatados y polarizados en gran parte del país, hacen cuestionar si en México ya priva el narcoterrorismo, pero independientemente de ello se tiene que replantear el plan de seguridad.
Para responder a lo señalado, me basaré en la entrevista que le realicé al colombiano Ricardo Zuluaga Gil, profesor de la Universidad de Medellín. El citado empezó comentando, que Colombia ha sido un laboratorio de aprendizaje sobre el narcotráfico a escala mundial. Para ser específico, el catedrático se centró en lo que llamó el capítulo negro de su país, el cual se dio a finales de los 80 cuando el narcotráfico prácticamente puso de rodillas al Estado. Los carteles dominantes, el de Medellín y el de Cali, el primero liderado por el capo Pablo Emilio Escobar, mismo que al verse amenazado de ser extraditado a Estados Unidos empleó el narcoterrorismo como estrategia de contención y de negociación.
En el marco de esa cruenta guerra que ensangrentó y enlutó dicho país, se dio otra circunstancia que se le denomina “Cuando la sangre llegó al río” y es cuando el gobierno en coordinación con Estados Unidos, y aliándose con “los pepes” capos enemigos de Escobar, emprenden una guerra táctica y frontal. Estados Unidos apoyó con inteligencia, logística, armamento y recursos económicos.
Pero en paralelo, se empieza a dar el desmantelamiento de todo el aparato gubernamental corrompido, empiezan a caer altos mandos militares, policiacos, jueces, gobernadores, presidentes municipales, empresarios, en sí todos aquellos que tuvieran vínculos con el crimen organizado.
Otro punto a destacar, es que toda la operación fue comandada por el General Oscar Naranjo, que en aquel entonces era reconocido por la DEA y organismos internaciones como el mejor policía del mundo. Al final y después de una larga lista de ejecutados, daño patrimonial urbano, así como la caída (muerte) de Pablo Escobar y la extradición de otros capos, se abrió paso a un nuevo capítulo de narcotráfico y seguridad en dicho país centro americano.
Hoy por hoy Colombia es un país relativamente tranquilo, tanto que ya se está posicionando turísticamente, cuenta con un narcotráfico invisible, es decir ya no es la época de los grandes capos, sino la de los narcotraficantes con bajo perfil y sin involucrarse con la ciudadanía. Siendo objetivo y honesto, a ese escenario México debe aspirar.
Consideré prudente plantear la historia colombiana, porque creo que México ya está en su capítulo negro, y mucho me temo que con circunstancias más extremas. Los carteles de Colombia ya no son ni la sombra de los mexicanos hoy reconocidos como estructuras criminales trasnacionales. Ahora, prudente explicar por qué Estados Unidos pide la extradición de Ovidio Guzmán hijo del “Chapo”, la respuesta se llama fentanilo, un peligroso opioide sintético 50 veces más potente que la heroína.
Su uso es para el dolor y hasta mayo del año en curso China era el mayor proveedor de fentanilo a Estados Unidos, pero a partir de esa fecha prohibió todos los químicos análogos a tal narcótico. Tal decisión y acción fue celebrada por el gobierno de Donald Trump, pero la fabricación de la peligrosa sustancia la retomaron los carteles mexicanos, los cuales están enviando cantidades masivas de píldoras falsificadas con fentanilo.
Con tal esquema en las calles de Estados Unidos, diario están muriendo más de un centenar de personas por sobredosis y derivado de ello los carteles están obteniendo ganancias económicas extraordinarias, lo que trae como resultado que se están fortaleciendo en todos los sentidos y consecuencia de ello hay una disputa territorial sin precedentes y un desafío abierto a la autoridad, para lo cual ya están empleando el narcoterrorismo (utilizar a la población para ciertos fines, caso Culiacán y está por definirse el caso Le Barón).
Ahora, ¿por qué el gobierno federal con prisas y sin fundamento convincente pretende distorsionar los hechos posicionando la teoría que en la masacre de la familia Le Barón fue una confusión derivada por la disputa territorial de grupos antagónicos? La respuesta de por qué manipular, es que a México por ningún motivo le conviene que se le relacione con el terrorismo y en cualquier modalidad, ya que de ser así en automático en la ONU se le puede clasificar, lo que propiciaría que los llamados cascos azules pudieran intervenir militarmente.
Siendo claro, las puertas de la soberanía se abrirían y de par en par, aunque han estado medio abiertas desde el siglo pasado para Estados Unidos. Como ejemplo está el caso Camarena, donde la DEA tuvo un papel preponderante. Aquí el punto es que el caso Le Barón le cae como anillo al dedo a Donald Trump para su campaña, de ahí que el magnate haya ofrecido ayudar a México para declararles la guerra a los carteles.
Ahora bien ,¿cuál es el trasfondo?, que el representante estadounidense Chip Roy exige al Secretario de Estado Mike Pompeo y a los legisladores aprobar una iniciativa que se presentó desde marzo para clasificar a ciertos carteles mexicanos como organizaciones terroristas, y tal iniciativa se basa en la ley “H.R.1700”.
El tema del narcoterrorismo mexicano lo traía entre manos Hillary Clinton desde que era Secretaria de Estado. El tema no prosperó porque la violencia de los carteles aún no se exacerbaba, y se negociaba y se cedía, pero ahora las circunstancias son diferentes por todo lo planteado, de tal razón el gobierno de Trump presionará y negociará como lo sabe hacer.
Al parecer la instancia que está leyendo y actuando correctamente ante tal amenazante escenario es el Senado, donde las bancadas del PRI, PAN, PRD y MORENA coordinada por Ricardo Monreal, el cual se pronunció por una COORDINACIÓN Y NO INTERVENCIÓN, para ser específico, colaboración bilateral sin que se viole la soberanía.
Al margen de la relación con Estados Unidos, el gobierno federal debe replantear todo el plan de seguridad pública y en paralelo mejorar la maquinaria de justicia, y como en Colombia, desmantelar toda la corrupción institucional, tareas pretensiosas y costosas que se tienen que dar si realmente se quiere pacificar al país y tener bajo control al narcotráfico.
NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS
* Iluso pensar que con 3,600 pesos al mes los jóvenes a través del programa “Construyendo el futuro” no se involucrarán a la delincuencia, cuando ésta aparte de contar con toda una base social, oferta todo un abanico delictivo de empleos (sicarios, halcones, vendedores, secuestradores, huachicoleros, etc., etc.) y remuneran en dólares. ¿Lo sabrá AMLO o el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, hoy conocido como “Pinocho”?
* Al presidente municipal capitalino Jorge Salum, los de la oposición lo empujaron al charco de la Ley de Ingresos y lo hacen patinar. ¿Qué será con el pantano de la corrupción? Si Salum no ataca frontalmente ese tema se pudiera ahogar en las aguas del desencanto, aunque lo de la Auditoría Forense es un buen principio.
* Según el carismático diputado local José Ochoa, ya van más de 400 días que se presentó la iniciativa para eliminar el fuero. Al respecto, todos los legisladores están de acuerdo pero no concretan. ¿Y lo harán? ¿Atentarán contra sus intereses? Reitero, existen dos tipos de mexicanos: los oprimidos y los opresores.
