/ sábado 14 de diciembre de 2019

TAL CUAL

Como lo he dicho, sale más caro combatir o más bien simular atacar la corrupción, que ésta misma. De entrada, hay que decir que cada gobierno cuenta con su propia Contraloría, aparte están las Auditorías Superiores; si juntamos toda esa burocracia estamos hablando de un megaoneroso aparato y cabe preguntar ¿para qué sirve? ¡Para dos cosas!

Explico: habiendo administraciones públicas, saqueadas y quebradas, ricos nuevos de sexenio que salen como hongos cada 3 y 6 años, ¿y a quién se le ha señalado, demandado, enjuiciado o encarcelado? Y lo más importante, ¿cuánto dinero de lo malversado o robado se ha recuperado?, ¿cuánto? Mientras no se dé esto último, lo demás es lo de menos. A tal perverso e inaceptable cuadro, habrá que sumarle el glorioso, oneroso y estéril Sistema Anticorrupción.

Oportuno comentar que éste último fue una moneda de cambio que nos regaló y heredó el expresidente Peña Nieto para calmar los escándalos y costos políticos por el caso Casa Blanca, entre otros, donde nada menos estaban implicados su exesposa “la Gaviota”, que al final voló, y el extitular de finanzas Luis Videgaray y otros tantos.

Es una aberración que en lugar de proceder contra los citados, que por su envestidura era “mucho pedir”, se haya optado por crear ese oneroso bodrio como “cortina de humo”. El Sistema Anticorrupción si no existiera sería lo mismo, ya que éste por su naturaleza carece de autonomía plena: como ejemplo de lo que es una verdadera autonomía, en Guatemala que era tan corrupto como México, cierto gobierno pidió apoyo a un organismo internacional y éste no nada más colaboró en la configuración del sistema, sino también con personal calificado para que lo operara; los resultados: altos servidores públicos en la cárcel e incautándole todos sus bienes. Aquí con los fiscales “carnales” ya ni para qué seguir.

En cuanto al plano local, la diputada Sandra Amaya Rosales comentó que al actual fiscal Héctor García Rodríguez se le dio el voto de confianza y no dio resultados, más bien se la ha pasado poniendo pretextos y lo que es peor, la ciudadanía ni siquiera está enterada que ya está en funciones. Aquí el meollo del problema, que lo explicaré más adelante.

Pero aparte de tal oneroso y mediocre escenario, el fiscal pide más recursos, que hablando de dineros actualmente dicha institución cuenta con un presupuesto de 19 millones 103 mil pesos, y sin dar resultados, está solicitando la módica cantidad de 75 millones con el argumento que la Fiscalía de Durango es “autónoma” y bajo ese dudoso criterio, según García Rodríguez, debe tener presencia en todo el estado. ¡Vaya argumento!

Pero Amaya Rosales siendo más precisa, dijo que si el fiscal no presenta un buen plan de trabajo, que sea evaluable, transparente y de beneficio comunitario, incluso hasta se le va a disminuir el presupuesto, el cual está muy limitado y con lo poco es mejor recanalizarlo a temas prioritarios como la salud y en especial, la mental.

Ahora explico lo del meollo, del por qué no sabe la gente cuando realmente no le interesa. Para empezar, dicha Fiscalía debe actuar de oficio, que de no hacerlo y atenerse que la ciudadanía señale y demande, es un craso error. ¿Quién tiene todas las pruebas? ¿Quién se va a armar de valor y se va a “aventar el tiro”? Obvio hablo de casos importantes, “peces gordos”, donde está el flujo fuerte de lo malversado y no de faltantes de “lápices y clips”. Reitero, ¿quién será el valiente? Y máxime cuando no se cuenta con protección.

Si los servidores públicos no actúan, que al respecto cabe preguntar ¿qué pasó con el actual juez administrativo del ayuntamiento capitalino Mario Pozo Riestra?, que al asumir el cargo fue muy preciso al señalar la lista de aviadores encontrados de la pasada administración y ahora no dice nada…, de tal razón, Gonzalo Salas Chacón, consejero de tal sistema comentó que lo iba a apercibir para que se sostuviera en lo que señaló. ¡Todo un misterio! ¿Será miedo, pacto o línea?

Volviendo al fiscal, éste inició por el camino equivocado, el de la autolimitación legal: que si el catálogo de delitos era limitado, que carecía de ciertas facultades, que si los diputados hicieron mal las leyes, etc., etc.,… Como dijo la citada diputada, pretextos. En sí, en su “luna de miel” que era para actuar frontalmente y ganarse el respeto y por ende el presupuesto, se fue “nadando de muertito” o sea automaniatado y sin pena ni gloria y todavía insulta la inteligencia social pidiendo más recursos. ¡Peor, imposible! Para culminar tal incomprensible cuadro, lo que se requiere es un Elliot Ness, un fiscal temerario e implacable y no un burócrata gris, que de éstos tenemos para dar y prestar.

Ante todo lo planteado, e interpretando el pronunciamiento del gobernador José Rosas Aispuro Torres en cuanto que los órganos autónomos son una fuerte carga ($$$) y en contraparte el campo requiere más dinero, y luego crea una interrogante ¿a quién le quitamos?, entiéndase a quién se le va a recortar presupuesto. Yo opino que hay una lista de instituciones que bien la puede encabezar el Sistema Anticorrupción, que más que reducirle el presupuesto se tiene que hacer un estudio a fondo si realmente justifica su existencia.

Termino afirmando que en este país para combatir la corrupción no se requieren más instituciones sino valores, es decir servidores públicos con ética, con moral y con un sentido patriótico y por supuesto arrestos (por no decir “blanquillos”).

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Retomando lo de ahorro, coincido con el diputado Iván Gurrola en cuanto que la austeridad debe ser en los Tres Poderes; que se bajen los sueldos no solo los diputados sino todos los funcionarios de primer nivel, pero no acababa de declarar el citado cuando su homólogo Pablo César Aguilar Palacio categóricamente dijo que el sueldo de los legisladores no se va a reducir, argumentando que representan un distrito y de éste surgen peticiones. ¿Y quién fiscaliza esos generosos apoyos o dádivas?, pero bueno, “que se haga justicia pero en los bueyes de mi compadre”.

* Y siguiendo por la línea de las incongruencias y gandallismo político, sale a relucir que en el actual cabildo capitalino donde se supone están quebrados, nuestros 17 representativos regidores se contrataron para sus servicios 61 auxiliares, cifra que por mucho rebasa a la de la pasada administración. Tal situación pone de manifiesto el enanismo y gandallismo de nuestros costosos y superfluos regidores. Y ya ni hablar que en San Lázaro los diputados federales en su mayoría no aceptaron disminuirle el financiamiento público a los partidos políticos, y se dicen “representantes populares”, “servidores públicos”, cuando en realidad se sirven de lo público, pero como lo he dicho, un pueblo tiene el gobierno que se merece.

El caso García Luna saca a relucir el tema de la “pax narca” y sin duda el citado está hundido. La duda, ¿quién se hundirá con él?, expresidentes, exgobernadores, ex, ex, ex… Y si hay duda, es el mismo juez que sentenció al “Chapo”, el inquebrantable Brian Cogan.

Como lo he dicho, sale más caro combatir o más bien simular atacar la corrupción, que ésta misma. De entrada, hay que decir que cada gobierno cuenta con su propia Contraloría, aparte están las Auditorías Superiores; si juntamos toda esa burocracia estamos hablando de un megaoneroso aparato y cabe preguntar ¿para qué sirve? ¡Para dos cosas!

Explico: habiendo administraciones públicas, saqueadas y quebradas, ricos nuevos de sexenio que salen como hongos cada 3 y 6 años, ¿y a quién se le ha señalado, demandado, enjuiciado o encarcelado? Y lo más importante, ¿cuánto dinero de lo malversado o robado se ha recuperado?, ¿cuánto? Mientras no se dé esto último, lo demás es lo de menos. A tal perverso e inaceptable cuadro, habrá que sumarle el glorioso, oneroso y estéril Sistema Anticorrupción.

Oportuno comentar que éste último fue una moneda de cambio que nos regaló y heredó el expresidente Peña Nieto para calmar los escándalos y costos políticos por el caso Casa Blanca, entre otros, donde nada menos estaban implicados su exesposa “la Gaviota”, que al final voló, y el extitular de finanzas Luis Videgaray y otros tantos.

Es una aberración que en lugar de proceder contra los citados, que por su envestidura era “mucho pedir”, se haya optado por crear ese oneroso bodrio como “cortina de humo”. El Sistema Anticorrupción si no existiera sería lo mismo, ya que éste por su naturaleza carece de autonomía plena: como ejemplo de lo que es una verdadera autonomía, en Guatemala que era tan corrupto como México, cierto gobierno pidió apoyo a un organismo internacional y éste no nada más colaboró en la configuración del sistema, sino también con personal calificado para que lo operara; los resultados: altos servidores públicos en la cárcel e incautándole todos sus bienes. Aquí con los fiscales “carnales” ya ni para qué seguir.

En cuanto al plano local, la diputada Sandra Amaya Rosales comentó que al actual fiscal Héctor García Rodríguez se le dio el voto de confianza y no dio resultados, más bien se la ha pasado poniendo pretextos y lo que es peor, la ciudadanía ni siquiera está enterada que ya está en funciones. Aquí el meollo del problema, que lo explicaré más adelante.

Pero aparte de tal oneroso y mediocre escenario, el fiscal pide más recursos, que hablando de dineros actualmente dicha institución cuenta con un presupuesto de 19 millones 103 mil pesos, y sin dar resultados, está solicitando la módica cantidad de 75 millones con el argumento que la Fiscalía de Durango es “autónoma” y bajo ese dudoso criterio, según García Rodríguez, debe tener presencia en todo el estado. ¡Vaya argumento!

Pero Amaya Rosales siendo más precisa, dijo que si el fiscal no presenta un buen plan de trabajo, que sea evaluable, transparente y de beneficio comunitario, incluso hasta se le va a disminuir el presupuesto, el cual está muy limitado y con lo poco es mejor recanalizarlo a temas prioritarios como la salud y en especial, la mental.

Ahora explico lo del meollo, del por qué no sabe la gente cuando realmente no le interesa. Para empezar, dicha Fiscalía debe actuar de oficio, que de no hacerlo y atenerse que la ciudadanía señale y demande, es un craso error. ¿Quién tiene todas las pruebas? ¿Quién se va a armar de valor y se va a “aventar el tiro”? Obvio hablo de casos importantes, “peces gordos”, donde está el flujo fuerte de lo malversado y no de faltantes de “lápices y clips”. Reitero, ¿quién será el valiente? Y máxime cuando no se cuenta con protección.

Si los servidores públicos no actúan, que al respecto cabe preguntar ¿qué pasó con el actual juez administrativo del ayuntamiento capitalino Mario Pozo Riestra?, que al asumir el cargo fue muy preciso al señalar la lista de aviadores encontrados de la pasada administración y ahora no dice nada…, de tal razón, Gonzalo Salas Chacón, consejero de tal sistema comentó que lo iba a apercibir para que se sostuviera en lo que señaló. ¡Todo un misterio! ¿Será miedo, pacto o línea?

Volviendo al fiscal, éste inició por el camino equivocado, el de la autolimitación legal: que si el catálogo de delitos era limitado, que carecía de ciertas facultades, que si los diputados hicieron mal las leyes, etc., etc.,… Como dijo la citada diputada, pretextos. En sí, en su “luna de miel” que era para actuar frontalmente y ganarse el respeto y por ende el presupuesto, se fue “nadando de muertito” o sea automaniatado y sin pena ni gloria y todavía insulta la inteligencia social pidiendo más recursos. ¡Peor, imposible! Para culminar tal incomprensible cuadro, lo que se requiere es un Elliot Ness, un fiscal temerario e implacable y no un burócrata gris, que de éstos tenemos para dar y prestar.

Ante todo lo planteado, e interpretando el pronunciamiento del gobernador José Rosas Aispuro Torres en cuanto que los órganos autónomos son una fuerte carga ($$$) y en contraparte el campo requiere más dinero, y luego crea una interrogante ¿a quién le quitamos?, entiéndase a quién se le va a recortar presupuesto. Yo opino que hay una lista de instituciones que bien la puede encabezar el Sistema Anticorrupción, que más que reducirle el presupuesto se tiene que hacer un estudio a fondo si realmente justifica su existencia.

Termino afirmando que en este país para combatir la corrupción no se requieren más instituciones sino valores, es decir servidores públicos con ética, con moral y con un sentido patriótico y por supuesto arrestos (por no decir “blanquillos”).

NOTAS CORTAS NO TAN CORTAS

* Retomando lo de ahorro, coincido con el diputado Iván Gurrola en cuanto que la austeridad debe ser en los Tres Poderes; que se bajen los sueldos no solo los diputados sino todos los funcionarios de primer nivel, pero no acababa de declarar el citado cuando su homólogo Pablo César Aguilar Palacio categóricamente dijo que el sueldo de los legisladores no se va a reducir, argumentando que representan un distrito y de éste surgen peticiones. ¿Y quién fiscaliza esos generosos apoyos o dádivas?, pero bueno, “que se haga justicia pero en los bueyes de mi compadre”.

* Y siguiendo por la línea de las incongruencias y gandallismo político, sale a relucir que en el actual cabildo capitalino donde se supone están quebrados, nuestros 17 representativos regidores se contrataron para sus servicios 61 auxiliares, cifra que por mucho rebasa a la de la pasada administración. Tal situación pone de manifiesto el enanismo y gandallismo de nuestros costosos y superfluos regidores. Y ya ni hablar que en San Lázaro los diputados federales en su mayoría no aceptaron disminuirle el financiamiento público a los partidos políticos, y se dicen “representantes populares”, “servidores públicos”, cuando en realidad se sirven de lo público, pero como lo he dicho, un pueblo tiene el gobierno que se merece.

El caso García Luna saca a relucir el tema de la “pax narca” y sin duda el citado está hundido. La duda, ¿quién se hundirá con él?, expresidentes, exgobernadores, ex, ex, ex… Y si hay duda, es el mismo juez que sentenció al “Chapo”, el inquebrantable Brian Cogan.

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