/ viernes 30 de octubre de 2020

Toque de queda no pero sí facultades administrativas

Por la pandemia, en Durango se ha colapsado el sistema de salud. Todo ello por la grave irresponsabilidad social por parte de los ciudadanos, incluso hay quienes han propuesto un toque de queda con el fin de ponerle un alto a los contagios.

El tema de la crisis de salud que se vive en todo el país es, sin duda, también un asunto constitucional, fundamentalmente por los artículos 11 y 29 de nuestra Carta Magna. La verdad sea dicha, nunca en muchos años hemos estado tan cerca de aplicar estas normas constitucionales, y todo por no hacer caso a las autoridades de salud estatales y municipales.

No está por demás comentar que el toque de queda está contemplado en el artículo 29 de la Constitución. Este artículo tampoco está sujeto a encuestas en las redes sociales o en algunos medios electrónicos de comunicación, es facultad del presidente de la República, con la aprobación del Senado o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviera reunido.

Esto de acuerdo a algunos sería la respuesta para terminar con la anarquía social, que ha costado tantas vidas y miles de contagios. En el artículo 11 de la Constitución está garantizado el derecho de toda persona de transitar libremente por todo el territorio, pero dicha libertad de tránsito esta subordinada a las facultades de la autoridad judicial en caso de responsabilidad criminal o civil, y así mismo está establecido que la autoridad administrativa tiene facultades de salubridad general en la República.

Cada autoridad federal, estatal o municipal está obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución, o al menos eso escuchamos cuando toman protesta como funcionarios públicos. A quien le toca bailar con la más fea en esta pandemia es a los municipios, para que los decretos no sean letra muerta. Comprendemos que la pandemia en nuestro estado se ha convertido en un problema legal, político y social.

Todos estamos de acuerdo en que vivimos graves problemas, que hemos tenido como nunca repercusiones en nuestra economía, desempleo, empleos perdidos, caída del PIB y la falta de crecimiento y desarrollo.

Debe quedar claro: No se trata de violar garantías o derechos humanos para controlar los contagios o los fallecimientos. No está lejos la hora, si las cosas siguen como están, que los hospitales del IMSS, ISSSTE o el 450 ya no admitan a personas con problemas de Covid-19.

Si nosotros como personas, ciudadanos y sociedad no ponemos nada de nuestra parte, se nos obligará a cumplir los protocolos por las autoridades correspondientes. Se nos ha pedido y dado muchas oportunidades de que seamos nosotros quienes evitemos los contagios. Como creemos que no pasa nada, que sólo le sucede a los demás, entonces quiere decir que vivimos con la pandemia equivocada. Sin violar derechos humanos o garantías, con las facultades que tiene la autoridad administrativa para restringir el libre tránsito, por ejemplo, en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, y en otros con población importante. No se trata de un toque de queda, pero sí de terminar con la anarquía de la desobediencia social.

Por la pandemia, en Durango se ha colapsado el sistema de salud. Todo ello por la grave irresponsabilidad social por parte de los ciudadanos, incluso hay quienes han propuesto un toque de queda con el fin de ponerle un alto a los contagios.

El tema de la crisis de salud que se vive en todo el país es, sin duda, también un asunto constitucional, fundamentalmente por los artículos 11 y 29 de nuestra Carta Magna. La verdad sea dicha, nunca en muchos años hemos estado tan cerca de aplicar estas normas constitucionales, y todo por no hacer caso a las autoridades de salud estatales y municipales.

No está por demás comentar que el toque de queda está contemplado en el artículo 29 de la Constitución. Este artículo tampoco está sujeto a encuestas en las redes sociales o en algunos medios electrónicos de comunicación, es facultad del presidente de la República, con la aprobación del Senado o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviera reunido.

Esto de acuerdo a algunos sería la respuesta para terminar con la anarquía social, que ha costado tantas vidas y miles de contagios. En el artículo 11 de la Constitución está garantizado el derecho de toda persona de transitar libremente por todo el territorio, pero dicha libertad de tránsito esta subordinada a las facultades de la autoridad judicial en caso de responsabilidad criminal o civil, y así mismo está establecido que la autoridad administrativa tiene facultades de salubridad general en la República.

Cada autoridad federal, estatal o municipal está obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución, o al menos eso escuchamos cuando toman protesta como funcionarios públicos. A quien le toca bailar con la más fea en esta pandemia es a los municipios, para que los decretos no sean letra muerta. Comprendemos que la pandemia en nuestro estado se ha convertido en un problema legal, político y social.

Todos estamos de acuerdo en que vivimos graves problemas, que hemos tenido como nunca repercusiones en nuestra economía, desempleo, empleos perdidos, caída del PIB y la falta de crecimiento y desarrollo.

Debe quedar claro: No se trata de violar garantías o derechos humanos para controlar los contagios o los fallecimientos. No está lejos la hora, si las cosas siguen como están, que los hospitales del IMSS, ISSSTE o el 450 ya no admitan a personas con problemas de Covid-19.

Si nosotros como personas, ciudadanos y sociedad no ponemos nada de nuestra parte, se nos obligará a cumplir los protocolos por las autoridades correspondientes. Se nos ha pedido y dado muchas oportunidades de que seamos nosotros quienes evitemos los contagios. Como creemos que no pasa nada, que sólo le sucede a los demás, entonces quiere decir que vivimos con la pandemia equivocada. Sin violar derechos humanos o garantías, con las facultades que tiene la autoridad administrativa para restringir el libre tránsito, por ejemplo, en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, y en otros con población importante. No se trata de un toque de queda, pero sí de terminar con la anarquía de la desobediencia social.