Controversial resultó el decreto emitido por el Consejo General de Salud, (entiéndase Gobierno Federal), para que durante la “cuarentena” del coronavirus, se garantice el pago del salario íntegro de los trabajadores formales.
Mientras que por el otro lado queda desprotegida la planta laboral “informal”, cuyos integrantes se ven obligados a realizar sus actividades diarias para obtener el sustento para sus familias, y con lo cual están impedidos a cumplir con las medidas de distanciamiento social recomendadas para inhibir y/o disminuir el contagio.
Derivado de la medida dictada, hay quienes salieron a rasgarse las vestiduras, porque el decreto, argumentaron, supuestamente, transgrede los equilibrios en la protección a la fuerza productiva en temporada de crisis, generada por una contingencia sanitaria, de acuerdo a lo que establece la Ley vigente en la materia.
Los críticos aluden a la reforma de 2012, en que se estableció que durante una contingencia sanitaria, como la que sucede actualmente a causa del coronavirus, las empresas estarían obligadas a pagar un salario mínimo a sus trabajadores, durante el tiempo que tuvieran que recluirse a sus casas.
El Consejo General de Salud, en la emisión de su decreto de días pasados, agregó a la contingencia sanitaria del 2012, por “causas de fuerza mayor”, concepto que modifica el criterio jurídico para que en esta ocasión se pague el 100% de los sueldos, incluidas las prestaciones, a los trabajadores que pasarán el mes de abril en sus casas, sin importar que las empresas queden inactivas.
Ello motivó que algunos juristas salieran a precisar las diferencias, mientras que otros, señalaran que con ello se desprotegía a los patrones, ya que tendrán que erogar la nómina del mes, sin contar con la productividad de sus asalariados. La controversia es si el agregado “por causas de fuerza mayor”, sustenta jurídicamente o no, la obligación de pagar los emolumentos de manera íntegra.
Sin embargo, pocos han sido los que manifiesten la indefensión en que se encuentran los trabajadores informales, que representan el 60% de la planta laboral en México. Si no se les canalizan los apoyos que les auxilien a llevar el sustento para sus familias, este sector sería uno de los más vulnerables en la pandemia, además de que a ellos les compran sus productos, miles de amas de casa que encuentran precios más accesibles en este tipo de vendimia, y que acuden a diario hasta sus puestos ambulantes o semifijos, aún ahora en que se pide “la sana distancia”.
Pero eso no es todo lo polémico del mencionado decreto, ya que de las empresas formales que contratan a los trabajadores, y que representan el otro 40 por ciento de la planta laboral, lo cual significa que les pagan salario y prestaciones, el 90 por ciento, son micro y pequeños negocios de índole familiar en una gran mayoría.
El riesgo de cierre está latente en muchas de ellas, que no estarían en condiciones económicas de absorber el pago de sus trabajadores, mientras no tengan ingresos. Por lo que medir con el mismo rasero a todas las empresas, sería un error que podría ocasionar mayores problemas en el desempleo.
Otro “detalle” señalado al multicitado decreto, es que no contempla estímulos para las grandes empresas, que soportan miles de espacios laborales, pero de cuya economía también dependen muchas pequeñas y medianas factorías, que son los proveedores de bienes y servicios requeridos, entre talleres, ferreteras, e incluso industrias de la confección de uniformes, etc. Tal vez aguanten el mes de abril sin actividad, pero requieren de incentivos, dicen los especialistas en economía.
Y no se trata de ser detractores de la acción gubernamental, argumentan, dictada en el contexto de la crisis sanitaria que amenaza de una forma brutal a la economía, sino de que en el camino se puedan enmendar agregados que cubran posibles deficiencias en favor de quienes lo requieran. El país demanda unidad, no son tiempos de pleitos, reclamos y menos de divisiones.
Mientras que la actitud de incumplir con el distanciamiento social, del sector informal, y de miles de trabajadores que van al día en su economía, está justificada plenamente, y debe ser objeto de atención por parte del Gobierno, la de otros miles es irresponsable e incoherente con lo que sucede, ya que en los hechos se demuestra que no acatan las disposiciones emanadas desde la Organización Mundial de la Salud, con lo cual no solamente arriesgan su salud, sino la de quienes los rodean.
