Al ser considerada la depresión como una de las 10 enfermedades discapacitantes más frecuentes, y ante el aumento de suicidios, adicciones y de la violencia familiar, obliga a gobiernos y sociedad a dar mayor relevancia a las enfermedades mentales, causantes de graves consecuencias en el comportamiento de personas y colectivos sociales.
En medio de este escenario de alerta y preocupación, los diputados de todos los partidos se ponen de acuerdo para aprobar la primera Ley de Salud Mental, y dotar a las autoridades del sector a promover la cultura de la prevención y recuperación, para atender uno de los problemas de salud pública que se intensificó por la pandemia del Covid 19.
Se cree que los más de 70 suicidios en lo que va del año, aunado al incremento en las denuncias por agresión física y psicológica al interior del seno familiar, están ligados a los trastornos mentales no atendidos desde su origen.
Sin embargo, queda pendiente para que sea desde las escuelas, donde se coadyuve a identificar posibles desórdenes mentales, que de no tratarse por especialistas, se convierten en traumas peligrosos para la convivencia social.
Los legisladores se dieron a la tarea de captar opiniones y sugerencias de profesionales y especialistas sobre el escenario de peligro que representan los desarreglos emocionales para las relaciones sociales.
Despojados de colores e ideologías partidistas, sin una receta elaborada, los parlamentarios “cocinaron” la nueva norma con los ingredientes proporcionados por los propios afectados, acorde a las circunstancias que ha dejado como secuela la emergencia sanitaria.
Una vez que se promulgue y publique en el Periódico Oficial, se tendrán los criterios para la instrumentación, el seguimiento y evaluación de políticas públicas de salud mental, a partir de una perspectiva científica y comunitaria, de prevención y recuperación.
Surgirá un sistema estatal de salud mental constituido por dependencias estatales y municipales, y representantes de los sectores social y privado relacionados con el tema, que priorice la prevención en la aparición de las perturbaciones emocionales.
La moderna ley establece la creación de Unidades de Atención Integral Médico-psiquiatra, así como de atención de salud mental y adicciones, en los que se garantice el respeto de los derechos humanos y la rehabilitación de las personas.
El objetivo central será la incorporación de personas con padecimientos mentales, en áreas de justicia, cultura, deporte, asistencia social y por supuesto de salud. Para la operación de todas estas medidas y coordinación interinstitucional, estipuladas por el marco jurídico, se creará un Consejo Estatal.
En teoría, habrá todo un aparato que atienda el problema. Resta esperar que las autoridades gubernamentales destinen los recursos económicos y materiales para que funcione sin el lastre que generan los excesos burocráticos. Pero ya es un avance que hay que aplaudir a los autores de la iniciativa: Los diputados.
