/ jueves 20 de junio de 2019

Una nueva reforma electoral

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.- Eduardo Galeano

Al parecer empieza a cocinarse una enésima transformación del marco institucional mexicano en materia electoral.

Es común y ya hasta tradicional que una vez que transcurre una jornada comicial para renovar el Poder Ejecutivo, distintas voces provenientes de la academia, los partidos políticos y la sociedad civil en general se pronuncien sobre la necesidad de generar cambios al sistema de elecciones en México.

En esta ocasión no ha sido la excepción, por lo que una vez que ya han transcurrido los primeros seis meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mesa está puesta para dialogar, sopesar y contrastar ideas sobre el rumbo de las instituciones en nuestro país, lo cual por supuesto debe conducir a una deliberación pública, abierta y robusta, en donde se hable todo lo que se tenga que hablar y se debata todo lo que se tenga que debatir, usando razones y argumentos en pro de la democracia.

En efecto, cualquier proceso de discusión de la institucionalidad tendría que ser entusiasta, participativo y dinámico, lo más amplio posible, involucrando al mayor número posible de sectores de la sociedad.

La constitucionalidad, la convencionalidad y la legalidad también se ganan con legitimidad, pues la Constitución y sus puentes con la democracia de los consensos son vitales para el óptimo funcionamiento estatal; de no ser así, se corre el riesgo de un empoderamiento de artilugios que socavan la interrelación entre gobernantes y gobernados.

¿Qué autoridades e instituciones electorales y cuáles necesitamos? ¿Cómo empatar el actual sistema político mexicano con la austeridad republicana que ha promovido desde hace tiempo el titular del Poder Ejecutivo? ¿Qué tan caras y qué tan necesarias son las estructuras de nuestras oficinas públicas en la materia comicial? ¿Hacia dónde debe apuntar un nuevo ciclo de reformas que reivindique la gobernanza, la participación ciudadana y una dirección de horizontalidad por lo que hace a la toma de decisiones?

¿Cómo potenciar el cúmulo de derechos político-electorales del ciudadano sin que ello implique un gasto exorbitante que se salga de los contornos presupuestales? ¿Cómo inyectar confianza a un sistema que la ha perdido desde hace varios lustros o que, mejor dicho, quizá nunca ha gozado de ella en toda la extensión del vocablo?

¿Cómo sacar provecho de las tecnologías de información y comunicación para generar ahorros al erario, por ejemplo en temas como el voto electrónico? ¿Cómo reducir las maquinarias burocráticas sin que ello redunde en lesiones a derechos laborales adquiridos o en menoscabos palmarios a la operatividad de entes fundamentales como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)?

¿Es buena la idea de desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE’s) y los tribunales electorales de las entidades federativas, o por el contrario, un planteamiento de este tipo tendría más riesgos y peligros tanto para la democracia como para el federalismo? ¿Cómo pensar el requerimiento de una reingeniería en las cúpulas de estas instituciones?

Las anteriores son tan sólo algunas de las interrogantes que deben plantearse para una aproximación seria a la reforma que viene, sobre la cual se han hecho especulaciones basadas en algunas iniciativas o modelos previos que, sin duda, en su momento serán discutidas en los canales institucionales idóneos.

Lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanía es tener y utilizar un sentido de la anticipación que nos permita desde este momento enrolarnos con las posibles mutaciones normativas y políticas. Desde un punto de vista eminentemente técnico y de cultura constitucional, no debe pasar desapercibido que sin duda esta posible reforma generará modificaciones a nuestra Carta Magna, la cual de por sí se encuentra sumamente manoseada, si se permite el término, pensando que es una varita mágica que soluciona todo de forma automática. Nada más alejado de la realidad.

Los ciclos de la llamada Reforma del Estado y de la que quizá era el corazón de ésta, es decir, la Reforma Política, al parecer se han agotado en esas cuestiones terminológicas, pero lo cierto es que el substratum del asunto sigue poniéndose de manifiesto: Un sistema electoral y un sistema de partidos que no termina de cuajar por la trunca transición a la democracia. La consolidación tiene que orquestarse desde la ciudadanía y no dejársela al poder público ni mucho menos a los partidos.

En épocas de la ‘Cuarta transformación’ impulsada por el presidente López Obrador, los circuitos democráticos deben activarse y ser lo más vigorosos que se pueda. Si se trata de ir en pos de más democracia, las reformas son bienvenidas, siempre y cuando sean bien reflexionadas, procesadas y articuladas. Sólo así podremos acercarnos al modelo que tanto nos hace falta.

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.- Eduardo Galeano

Al parecer empieza a cocinarse una enésima transformación del marco institucional mexicano en materia electoral.

Es común y ya hasta tradicional que una vez que transcurre una jornada comicial para renovar el Poder Ejecutivo, distintas voces provenientes de la academia, los partidos políticos y la sociedad civil en general se pronuncien sobre la necesidad de generar cambios al sistema de elecciones en México.

En esta ocasión no ha sido la excepción, por lo que una vez que ya han transcurrido los primeros seis meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mesa está puesta para dialogar, sopesar y contrastar ideas sobre el rumbo de las instituciones en nuestro país, lo cual por supuesto debe conducir a una deliberación pública, abierta y robusta, en donde se hable todo lo que se tenga que hablar y se debata todo lo que se tenga que debatir, usando razones y argumentos en pro de la democracia.

En efecto, cualquier proceso de discusión de la institucionalidad tendría que ser entusiasta, participativo y dinámico, lo más amplio posible, involucrando al mayor número posible de sectores de la sociedad.

La constitucionalidad, la convencionalidad y la legalidad también se ganan con legitimidad, pues la Constitución y sus puentes con la democracia de los consensos son vitales para el óptimo funcionamiento estatal; de no ser así, se corre el riesgo de un empoderamiento de artilugios que socavan la interrelación entre gobernantes y gobernados.

¿Qué autoridades e instituciones electorales y cuáles necesitamos? ¿Cómo empatar el actual sistema político mexicano con la austeridad republicana que ha promovido desde hace tiempo el titular del Poder Ejecutivo? ¿Qué tan caras y qué tan necesarias son las estructuras de nuestras oficinas públicas en la materia comicial? ¿Hacia dónde debe apuntar un nuevo ciclo de reformas que reivindique la gobernanza, la participación ciudadana y una dirección de horizontalidad por lo que hace a la toma de decisiones?

¿Cómo potenciar el cúmulo de derechos político-electorales del ciudadano sin que ello implique un gasto exorbitante que se salga de los contornos presupuestales? ¿Cómo inyectar confianza a un sistema que la ha perdido desde hace varios lustros o que, mejor dicho, quizá nunca ha gozado de ella en toda la extensión del vocablo?

¿Cómo sacar provecho de las tecnologías de información y comunicación para generar ahorros al erario, por ejemplo en temas como el voto electrónico? ¿Cómo reducir las maquinarias burocráticas sin que ello redunde en lesiones a derechos laborales adquiridos o en menoscabos palmarios a la operatividad de entes fundamentales como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)?

¿Es buena la idea de desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE’s) y los tribunales electorales de las entidades federativas, o por el contrario, un planteamiento de este tipo tendría más riesgos y peligros tanto para la democracia como para el federalismo? ¿Cómo pensar el requerimiento de una reingeniería en las cúpulas de estas instituciones?

Las anteriores son tan sólo algunas de las interrogantes que deben plantearse para una aproximación seria a la reforma que viene, sobre la cual se han hecho especulaciones basadas en algunas iniciativas o modelos previos que, sin duda, en su momento serán discutidas en los canales institucionales idóneos.

Lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanía es tener y utilizar un sentido de la anticipación que nos permita desde este momento enrolarnos con las posibles mutaciones normativas y políticas. Desde un punto de vista eminentemente técnico y de cultura constitucional, no debe pasar desapercibido que sin duda esta posible reforma generará modificaciones a nuestra Carta Magna, la cual de por sí se encuentra sumamente manoseada, si se permite el término, pensando que es una varita mágica que soluciona todo de forma automática. Nada más alejado de la realidad.

Los ciclos de la llamada Reforma del Estado y de la que quizá era el corazón de ésta, es decir, la Reforma Política, al parecer se han agotado en esas cuestiones terminológicas, pero lo cierto es que el substratum del asunto sigue poniéndose de manifiesto: Un sistema electoral y un sistema de partidos que no termina de cuajar por la trunca transición a la democracia. La consolidación tiene que orquestarse desde la ciudadanía y no dejársela al poder público ni mucho menos a los partidos.

En épocas de la ‘Cuarta transformación’ impulsada por el presidente López Obrador, los circuitos democráticos deben activarse y ser lo más vigorosos que se pueda. Si se trata de ir en pos de más democracia, las reformas son bienvenidas, siempre y cuando sean bien reflexionadas, procesadas y articuladas. Sólo así podremos acercarnos al modelo que tanto nos hace falta.