Yacía dormida hace muchos años y el pasado miércoles la despertaron. Existían rumores de esa intención, pero eran sólo eso.
Hoy es una realidad que tendrá que discutirse y muy probablemente se convierta en un hecho legal sobre el que tendrán que diseñar su futuro muchos políticos duranguenses que aspiran a gobernar Durango…pero por seis años.
La iniciativa de Ley presentada por el Tribunal Estatal Electoral al Congreso del Estado, para que el próximo gobierno de Durango sea de sólo dos años, agita otra vez las aguas. Hay dos preguntas: ¿Por qué el TEE y no el Ejecutivo o un legislador? ¿Tendrá consecuencias?
La decisión que tomen impone un debate equiparable a su trascendencia. Será en la “casa del pueblo” donde se dictamine, aunque el pueblo no opine. Ellos conocen nuestras necesidades y sus soluciones -para eso los elegimos- aunque lo discutan solamente entre unos cuantos. Cuando llegue al pleno para su votación, las consecuencias que impone, primordialmente las políticas, serán las que hayan prevalecido en sus razones.
A un lado quedará el desarrollo y la inmovilidad económica del estado; no habrá argumentos sobre planes ni siquiera de mediano plazo que propicien crecimiento y estabilidad, o que tal vez frene inversiones externas, porque las políticas o visiones variarán de una administración de transición a un “gobierno real”.
Contrastes.
Platiqué el tema con legisladores y políticos. Las posturas van desde la inviabilidad jurídica de la iniciativa hasta la afectación de proyectos políticos personales y de partido. Hay quien dice ¡no pasa!, hasta quien afirma ¡sí! Otro que pudiera ser de cinco años y empatar la elección de gobernador hasta la intermedia de 2027. “Quien la quiera que la juegue, aunque sea de dos años”, insta alguien más.
De la inviabilidad jurídica, un personaje argumenta que la iniciativa viene muerta de origen, porque Durango ya cumplió con la concurrencia electoral –recordemos que en 2016 se eligieron diputados locales de dos años para que, en 2018, Durango tuviera su primera elección concurrente- pero la Reforma Constitucional que obliga a los estados a “empatar” procesos dice “…al menos una…” lo que no limita que, en adelante, puedan sumarse otros cargos; tal es el caso de gobernador y alcaldes, explica otro.
La ventaja de tener elecciones confluyentes para gobernador del estado y presidente de la república, exponen, tiene que ver con emparejar periodos sexenales y sus posibles beneficios de desarrollo. Al iniciar juntos, pudieran construir proyectos conjuntos que redunden en crecimiento y mejor calidad de vida; siempre será mejor negociar con uno que con dos, como le ha sucedido a Durango históricamente.
A contrario sensu, será un bienio perdido por la imposibilidad de planes de mediano plazo, el freno económico que conlleva para el estado y, lo oneroso de las elecciones, habrá un gran derroche en dos años.
Las principales afectaciones se centran en los proyectos políticos. Habría una pausa en las carreras de algunos actores, planeaciones cronológicas pospuestas con alto riesgo de perder su impacto y timing; la vigencia personal y la consecuente percepción social sobre ellos, ni hablar de los recursos invertidos en todo lo anterior y lo que significa erogar hacia adelante.
Aunque el PRI como institución no tiene aún una postura definida, en la legislatura es ¡no! En MORENA, el delegado nacional, Ignacio Mier dijo el sábado 27 de febrero, que no: “…no está en el ánimo de MORENA estar haciendo acomodos a capricho…”. Eso dijo él, en lo local, dentro de la bancada de su partido, hay opiniones contrarias. El ¡sí! escrito líneas antes, viene de ahí y son mayoría. El PAN no se ha pronunciado, aunque puede percibirse su posición.
Unas puertas se cierran y otras se abren. Junto con la decisión de los diputados viene una esperanza para aquellos que quedaron relegados para la jornada del primer domingo de junio próximo pero, en contraparte también el enojo o la frustración de otros.
El proceso legislativo culminará con vencedores y vencidos. ¿Quiénes son?
