imagotipo

Comentarios constitucionales

  • Miguel Ángel Rodríguez Vázquez

 

 

Tardía expedición de la legislación en materia de desaparición forzada de personas

 

Las cifras contenidas en el Informe Anual 2016 presentado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en agosto del presente año, respecto al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, es realmente impactante e insultante de la dignidad humana, pues el total de personas desaparecidas y no localizadas fue de 29 mil 485 (fuero común), y de mil catorce (fuero federal).

De ese tamaño es el grave problema que enfrenta nuestro país, por lo que nos preguntamos, ¿qué ha hecho el Estado mexicano para proteger nuestros derechos humanos como la libertad y la vida, además para hacer efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, en el contexto de inseguridad que vivimos? Sobre tal tema versará esta colaboración y la enfocaremos desde el punto de vista jurídico.

No cabe la menor duda que nos encontramos ante una situación gravísima que requiere respuestas contundentes del Estado mexicano, pues no son únicamente 43 desaparecidos (los estudiantes de Ayotzinapa), sino, según se reconoce por el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, son miles de personas desaparecidas.

Recordemos que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó a México desde 2011, a invitación del gobierno mexicano, del 18 al 31 de marzo de ese año.

Como resultado de dicha visita hizo una serie de recomendaciones con la finalidad de combatir la desaparición forzada de personas, a partir de cambios que era necesario hacer en cuanto al marco legal e institucional, así como la realización de ciertas acciones para hacer realidad el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación, en especial, en relación con la llamada “Guerra Sucia”, que desafortunadamente vivió nuestro país en el pasado.

En diciembre de 2015, dicho Grupo de Trabajo rindió un nuevo informe, y aunque reconoce los avances, considera que son pocos en la implementación de las recomendaciones realizadas y que incluso la situación se había deteriorado.

Y hace una observación muy puntual: “EL Grupo de Trabajo sigue consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad permanecen como el principal reto en México. La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas”.

Ahora bien, en materia jurídica, el respiro que ha tenido nuestro país en esta situación sofocante y decepcionante, fue la aprobación de la reforma constitucional en materia procesal penal con la implementación del sistema acusatorio, también las realizadas en materia de derechos humanos y en amparo, respectivamente, así como la expedición de la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo.

No obstante, causaba sorpresa que no se expidiera una legislación en materia de desaparición forzada con la finalidad de que se previera el tratamiento integral de un problema que tiene muchas aristas, a comparación de otras legislaciones como la electoral, en donde muestran otra actitud las y los legisladores, pues no pierden oportunidad los grupos políticos que se disputan el poder, de incluir en su articulado, disposiciones que favorezcan a sus intereses, pero en un tema tan importante y sensible para la sociedad mexicana, en eso sí se tardaron años.

En efecto, a pesar del grave problema que desde hace décadas tiene el Estado mexicano y no obstante la exigencia de la sociedad civil desde 1999, apenas hace unos cuantos días se acaba de expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En dicha Ley se define al tipo penal que nos ocupa de la siguiente manera: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo, o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.” Además, en la citada Ley, se crea un sistema nacional que ataque de forma integral ese delito, entre otros aspectos. La misma entrará en vigor hasta el 16 de enero de 2018.

La creación de esa Ley se da en forma tardía, sin embargo, se reconoce que es un avance para enfrentar el problema de la desaparición forzada, aunque lo deseable es que realmente tenga eficacia, pues no basta con su expedición para que cambie la situación de injusticia e inseguridad pública que prevalece en México.