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El sol en perspectiva

  • René Barbier G.

El servicio público

La función principal de la institución del “servicio público” en su condición democrática se dirige al objetivo de que los gobernados puedan lograr no solamente el cumplimiento de las metas colectivas propuestas.

No sólo en este momento político en el que el interés ciudadano se centra básicamente en el acontecimiento electoral en curso, sino que en todo el tiempo que ocupe la preocupación colectiva y personal y las mueva hacia los asuntos de carácter público.

Ha de ser muy conveniente recordar y tener presente que la filosofía política y jurídica de nuestra Constitución general, está en franca contradicción con la teoría neoliberal que pugna por la mínima intervención del Estado en los temas del bienestar y el desarrollo sociales, y considera, en cambio, a la institución del Servicio Público, y a todas las funciones con sentido de gobierno, como  tareas éticas y humanas que desde un concepto democrático han de ser cumplidas por las administraciones gubernamentales desde el punto de vista de la responsabilidad de generar mejores condiciones de vida para todos los miembros de la sociedad, sin excepción de ninguna clase, a partir de la aplicación de un criterio justo y equitativo respecto de la distribución y el reparto de los bienes, los derechos y las obligaciones individuales y colectivos de cada quién, actuando con un propósito de igualdad social.

Tan es así, que cuando se habla de la institución del “servicio público”, se entiende por tal, “la acción, la institución o la prestación (prestación, conjunto de acciones que se realizan en procuración de la utilidado el beneficio común) que presta el Estado para garantizar, -o procurar- la igualdad entre los ciudadanos” (Herman Heller; “Teoría del Estado”).

Entonces, la concepción ética de las tareas y responsabilidades que supone toda teoría del desarrollo puesta en práctica por un régimen de administración pública, es básica y fundamental, -indispensable- para la marcha y la ejecución eficaz de las políticas gubernamentales que deben ser pensadas en lo moral y diseñadas en lo operativo y en lo técnico desde la obligación ineludible del administrador no sólo de ejercer y aplicar con estricta honradez los recursos públicos disponibles y autorizados por las leyes respectivas, sino además, de saber aprovechar y utilizar tales recursos del mejor y más productivo modo posible.

De este modo, la función principal de la institución del “servicio público” en su condición democrática se dirige al objetivo de que los gobernados puedan lograr no solamente el cumplimiento de las metas colectivas propuestas en cada caso por los programas de gobierno respectivos, sino que además, se orienta al propósito esencial e irrenunciable de conseguir el desarrollo individual de las personas que forman parte de la colectividad, procurando aumentar y realizar sus capacidades, aptitudes, potencias y vocaciones, para que éstas, personas y talentos- puedan ser puestas al servicio del bien común y de la utilidad social.

De ahí las responsabilidades administrativas que atañen a la tarea gubernamental en las áreas de la educación y la salud públicas, entre otros rubros relativos a la solidaridad social, y que están previstas y establecidas con claridad y rigor en nuestro texto jurídico fundamental.

Desde este punto de vista pues, la institución del servicio público no sólo es un conjunto o un sistema de normas, derechos o atribuciones y facultades punitivas en obsequio y en favor de la autoridad, establecidas en leyes secundarias, disposiciones, decretos y resoluciones de autoridad, en las que se establecen unilateralmente obligaciones para los gobernados y se señalan sanciones, penas o multas para los mismos particulares en los casos de incumplimiento….sino que la institución del servicio público es sobre todo,-en la teoría constitucional- un medio de comunicación, eficiente, justo y natural entre los miembros de la sociedad y sus administradores, que procura y realiza en lo posible y en lo práctico, un modo mejor de vida y de convivencia.

Suelen considerar los teóricos en la materia (D. Andrés Serra Rojas, entre otros), como valores democráticos de la administración pública, la justicia, la igualdad. El bienestar, la civilidad, los derechos y las situaciones personales de los causantes, la transparencia y la rendición de cuentas. “Sin estos valores, dice el maestro Serra Rojas en su texto de Derecho Administrativo, resulta imposible ilustrar en la vida práctica y cotidiana de los ciudadanos, las nociones de “vida en comunidad” y de “utilidad pública” y es igualmente imposible fortalecer la conciencia cívica para que la vida colectiva obtenga un mayor sentido de identidad y pertenencia; una mayor cohesión social de los grupos y una más sólida voluntad de asociación y de participación ciudadana en torno del orden político, jurídico y social vigente.”

Hay quienes insisten en el argumento de que la mejor defensa del orden político imperante radica en el hecho de que los gobernados lo acepten y lo estimen como suyo. Y esto sólo puede darse y producirse cuando los propios gobernados ven y sienten en ese orden, garantizados sus legítimos intereses y derechos y perciben en la gestión pública una defensa leal y auténtica de los principios de generalidad y universalidad que constituyen sus valores de vida, sus tradiciones y costumbres.

Fundamental para nuestro sistema político, resulta entonces una constante revisión, una especial diligencia y un cuidadoso análisis de las normas y de los principios jurídicos fundamentales que se refieren a la ética  las responsabilidades públicas y del servicio que a éstas debe darse, para la adopción del comportamiento consecuente.

Y acaso, volviendo la atención al momento político presente, valga la pena preguntarse si las campañas electorales en marcha, que son en sí mismas, un servicio público en favor de nuestra experiencia y de nuestra cultura democrática, cumplen efectivamente con tal propósito y con tal finalidad.