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Fiscalía y Municipio solapan taxis que violentan Ley de Transportes

  • Benito Ortega Hernández

 

En claro desafío al marco legal vigente, autoridades promueven y solapan el ingreso de más opciones que presten el servicio de transporte público de pasajeros, sin concesiones ni permisos de por medio.

Aunque la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo en tener alternativas para escoger el servicio de transporte que sea de calidad y hasta de calidez, (algo de lo que han adolecido los actuales permisionarios), las autoridades no pueden llamar a violentar el marco jurídico vigente.

Según lo establecen los Códigos Penal del Estado de Durango, y Nacional de Procedimientos Penales, se impondrán de dos a siete años de prisión, y multa económica por el equivalente de 882 a mil 230 salarios mínimos, a quien posea, conduzca o preste el servicio de transporte público de pasajeros, sin autorización, permiso o concesión emitido por el Gobierno estatal.

Desde el punto de vista jurídico las reglas son claras. La controversia surge al esgrimirse el derecho de la libertad para trabajar de manera honrada. Aunque por el otro lado también se argumenta que se afecta a terceros al desplazar a quienes realizan la actividad mediante permiso o concesión que les otorgó el gobierno.

La polémica se intensifica cuando usuarios manifiestan simpatía porque haya más de “dónde escoger” en el servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de taxis, al considerar que ello se traduciría en mejorar la atención a los ciudadanos que pagan una tarifa para el traslado.

También están las organizaciones de transportistas que velan por los intereses de sus agremiados, y que se han manifestado en contra del acceso de competidores que no cumplen con lo que establece la Ley de Transportes.

El panorama se complica cuando ciertas autoridades, que en teoría son las garantes de que se respeten las normas, invitan a usuarios del transporte a utilizar los servicios ilegales de “Mi Jaime”, que no tiene autorización, permiso ni concesión para operar en Durango, como también es el caso de Uber.

En su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Transportes del Congreso local, el titular de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes, Jorge Campos Murillo, fue contundente: Uber y Mi Jaime, operan fuera de las reglas, y se les tiene que aplicar la Ley.

Elementos de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte del Estado, realizan operativos permanentes para retirar las unidades piratas. Pero más tardan en llevarlos a los corralones, que la Fiscalía determinar la liberación inmediata, sobre todo en el caso de Mi Jaime.

En días pasados, dentro de los conciertos musicales organizados por el gobierno municipal en el marco de los festejos de la ciudad de Durango, en que se consumieron bebidas alcohólicas, la directora del Instituto Municipal de la Juventud, Ana Karen Ávila, invitó a los asistentes a divertirse, y ofertó los servicios de “Mi Jaime”, y repartió tarjetas de 30 por ciento de descuento.

La promoción de las autoridades municipales fue para que los jóvenes consumieran bebidas etílicas, y al terminar contrataran los servicios de Mi Jaime, con lo cual evadirían los retenes, y disminuirían los riesgos de accidentes.

Se ha generado un círculo vicioso, en el que organizaciones del transporte, sin autorización, permiso ni concesión alguna, prestan ilegalmente el servicio, mientras algunas autoridades las solapan y hasta promueven. Y por el otro lado, la dependencia estatal del ramo, más tarda en retirar los vehículos “piratas, que éstos regresar a continuar con su labor.

Si Durango se va a sumar a las ciudades donde opera Uber y otras organizaciones del transporte, lo primero que debe de hacerse es reformar la Ley de Transportes. Entre los legisladores hay el consenso para que se modifique el marco jurídico a favor de más opciones para los usuarios, según comentó la presidenta de la Comisión, Gina Campuzano.