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Política y derecho

  • Juventino Rodarte Solís

 

Evaluación preliminar

 

A vuela pluma, tal y como en un tiempo se solía expresar, a inicios del 2018 y dentro del contexto del proceso electoral para la renovación de poderes, se considera hacer una evaluación política preliminar acerca de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

Al respecto, es conveniente retrotraernos en el tiempo, precisamente al uno de enero de 1994.

En ese día del año citado, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá (TLC), pero además, bajo la somnolencia del tránsito del último día del año al primer día del siguiente, a temprana hora, vía imágenes y voces, el país se enteró y  se despertó con la noticia nada placentera de la rebelión zapatista, consistente en que, bajo la concepción y conducción del subcomandante Marcos, las etnias residentes en los altos de Chiapas, se levantaron en armas cansadas de la expoliación centenaria que no tenía visos de terminar, sino que, por lo contrario, tendía a crecer como consecuencia de la voracidad de criollos y no pocos mestizos, quienes, amparados por la autoridad, pretendían avanzar más en los territorios indígenas no solo para explotar los recursos de la zona sino también a los pobladores mismos.

Pero, además, el candidato presidencial priista y la campaña en sí no crecían ante la rebelión notoria de un aspirante frustrado en sus pretensiones de ser, y quien durante los seis años del gobierno salinista, por considerarse el alter ego del presidente y seguro candidato sucesor presidencial.

Bajo las circunstancias detalladas, cayeron por los suelos los deseos de trascender más allá de su sexenio del presidente Salinas, a tal grado que los once meses restantes de su gobierno, enfocó su atención y energías a superar la crisis de la rebelión, la no aceptación del TLC, a conciliar intereses para apoyar primero al candidato postulado y después al sustituto de aquel quien fuera asesinado el 23 de marzo del citado año.

Ahora en 2018, el país enfrente la crisis creciente que se visualiza con motivo a las trabas y reticencias del presidente de los Estados Unidos de América para que se modifique esencialmente el TLC para mayor beneficio de los intereses de su país y de los hombres de poder económico del mismo y de muchos electores que se consideran agraviados por dicho tratado por haber sido el causante de la pérdida de sus fuentes de trabajo.

También el presidente, como jefe nato del Partido Revolucionario Institucional, está atento para que el candidato simpatizante que él decidió por sí y ante sí para que lo sucediera en el poder, crezca ante los ojos del electorado priista y no priista, y más porque está apoyado por un partido rechazado por cada siete de diez electores.

Además, si bien es cierto que no hay rebelión abierta o explícita, el hecho que se haya aprobado la Ley de Seguridad Interior para otorgar más atribuciones a las fuerzas armadas cuya actuación sería normada por dicha ley, genera la presunción que existe un riesgo latente de una rebelión, si no armada, por lo menos de tintes sociales marcados que conlleve a las protestas generalizadas en diversas regiones del país, ello sin olvidar “la guerra que nos ocultan” en Guerrero a que alude Francisco Cruz y otros autores, al describir en su libro con el mismo título lo que sucede en dicho Estado.

Bajo tal panorama, la evaluación política preliminar del presidente Peña Nieto se podía sintetizar, grosso modo, de la siguiente manera:

Peña Nieto, al margen de impugnaciones, obtuvo el poder bajo el manto de la legitimidad que se fortaleció con el Pacto por México suscrito con el gobierno por las tres principales fuerzas políticas, lo cual le permitió que se aprobaran las reformas estructurales señeras de su gestión presidencial; sin embargo, el 26 de septiembre la historia del sexenio y del país mismo dio un sesgo de 180 grados y a partir de entonces la evaluación de la gestión presidencial ha tendido a la baja.

En el terreno político, se ha traducido que el Partido del presidente sólo gobierna en 15 de las 32 entidades federativas del país (en una de ellas en alianza con el PVEM), mientras que la oposición gobierna en 16 de ellas (cuatro la izquierda y doce la derecha), más la entidad restante que obtuvo el poder estatal como “independiente”.

Por otra parte, de las nueve entidades en las cuales nunca había perdido el candidato del Partido del presidente, en cuatro de ellas se dio la alternancia; mientras que en otras seis entidades el Partido Revolucionario Institucional volvió a perder el poder y sólo los recuperó en cuatro que había perdido anteriormente.

Además, en las nueve entidades cuyos poderes se renovarán este año, solamente en dos tiene asegurado el triunfo, en otras seis los opositores aparecen como favoritos para conservar el poder, en tanto que en la restante (Jalisco), las encuestas arrojan que el PRI perderá el poder.

Luego pues, a seis meses de la elección presidencial, las preferencias electorales avaladas por encuestas indican que el candidato simpatizante del partido del Presidente no ganará la elección y que, además, el mismo Partido no obtendrá más de la mitad de los miembros de las cámaras que integran el Poder Legislativo del país.

En tal contexto, al 3 de enero del nuevo año, aparecería que la evaluación política preliminar del presidente sería negativa; evaluación que se puede salvar si el presidente y su Partido son capaces de ganar, por lo menos la elección presidencial. Para lograrlo, ni duda cabe que utilizará la fuerza de la estructura del gobierno federal y de los gobiernos en los cuales todavía detenta el poder.

Ya se verá si la oposición aun dividida vence al presidente y a su Partido, en el entendido de que, si se unieran, la derrota de ambos estaría asegurada.

Del presidente depende que su evaluación política final sea positiva. Ya se verá y se dirá si ello sucede, y si no, también se verá y dirá.