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Se pretende un despojo a los habitantes de Tuitán, ¿y el Estado de Derecho?

  • Álvaro San Juan

 

El despojo está contemplado como delito en el Código Penal del Estado, y eso es lo que se pretende llevar a cabo Jorge Saravia Castillón en contra de los descendientes de 127 copropietarios, los dueños originarios de casi 10 mil hectáreas dentro del Ejido de San José de Tuitán, del municipio de Nombre de Dios, Durango, como se desprende de la escritura pública otorgada primero por la alcaldía general de Nombre de Dios, con fecha del 29 de enero de 1749.

Y estas hectáreas forman parte de la copropiedad como está establecido en la escritura pública de 1915, registrada en el Municipio de Nombre de Dios, Durango. Por supuesto que este intento de despojo tiene su historia: siendo Juez de Primera Instancia en Nombre de Dios el licenciado Carlos Jara Venegas, quien por cierto fue destituido por actos de corrupción, le dio entrada a un juicio de prescripción positiva, con fecha del 29 de abril de 2004, como parte actora al señor Emilio González Antuna, en contra de los vecinos de Tuitán, detentadores de casi 10 mil hectáreas, con número de expediente 165/04.

De esto dio fe pública la Notaría Pública #1 de Vicente Guerrero Romero. De este juicio jamás tuvieron conocimiento los demandados, nunca fueron notificados ni emplazados en ningún momento, violando su derecho constitucional de audiencia. De la sentencia derivada de este juicio tampoco hubo de por medio notificación alguna. Cuando los interesados se enteraron, solicitaron en el Juzgado de Nombre de Dios una copia del expediente.

El Juzgado argumentó que dicho expediente no se encontraba ahí. Después de una larga búsqueda en el Archivo General, en la Secretaría Civil y en la Secretaría General, no fue posible localizarlo: después de la intervención de la Dirección del Archivo General, el expediente sí se encontró en el Juzgado de Nombre de Dios.

Una de las supuestas violaciones procesales es la siguiente: los 127 dueños originarios del predio en mención, desde hace muchos años fallecieron todos, quedando sus descendientes como posibles dueños de una parte alícuota, pero tal reparto no se llevó a cabo debido a que jamás se promovió el juicio intestamentario para que de esta sentencia se derivara la adjudicación de dicha parte proporcional a los descendientes.

Este intento de despojo se ha venido realizando desde hace ya tiempo con prestanombres y acciones fraudulentas, de la misma manera que se despojó a la familia Avelar, según lo denunció de manera pública uno de sus miembros, Raúl González Avelar.

La mecánica es la misma, utilizan prestanombres que son los que se encargan de repartir el dinero a los descendientes, aprovechándose de que estos no tienen conocimiento de la Ley, de las condiciones de pobreza en que viven, los engañan, lo hacen de mala fe y con dolo.

Les ofrecen una cantidad por la parte del predio que les corresponde y luego los llevan ante un notario y ahí les dan el resto, la Notaría se encarga de hacer las escrituras. Esto sin que los que venden tengan un documento legal de la parte del predio que están vendiendo. En el sexenio 2004-2010, Jorge Saravia Castillón adquirió la Hacienda del Ojo, que curiosamente colinda Tuitán con esa propiedad.

Se llegó a un acuerdo para rentarle la servidumbre de paso del Ejido Tuitán, para ello se le dio un poder especial por parte de la asamblea a Emilio Antuna González con la firma de varios ejidatarios. Pero nunca, jamás, se le dio poder alguno para que los representara en un juicio de prescripción positiva. El problema que hoy viven los habitantes de Tuitán es que el exjuez Juan Carlos Jara Venegas, posiblemente violando procedimientos, pudo incurrir en un fraude procesal y en violaciones al proceso.

De último momento, Jorge Saravia, a través de un periódico local, publicó una convocatoria citando a los titulares de derechos de esta copropiedad a una asamblea, a sabiendas de que no tiene facultades legales para ello, lo que pretende es dar un paso legaloide más para legalizar su despojo.

Es tanta la ambición y perversidad, que hasta con las casas del pueblo de Tuitán se quiere quedar, ya que estas se encuentran dentro de las casi 10 mil hectáreas que forman parte de la copropiedad, ni la iglesia se salvará, ni mucho menos el señor San José, patrono del pueblo.

De este asunto ya tiene conocimiento el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, porque no solo es un problema jurídico, es también un problema político y social. Por fortuna, los habitantes de San José de Tuitán confían en el gobernador, saben que es un hombre que conoce el derecho y que en varias ocasiones durante su campaña dejó claro que nadie estaría sobre la Ley, fuera quien fuera, que sobre todo se iba a privilegiar el Estado de Derecho y que no le temblaría la mano contra quienes pretendieran cometer injusticias, que es lo que pretende hacerse en contra de los pobladores de Tuitán.

Sabemos que con el gobierno del cambio se acabó la impunidad que tanto nos flageló los dos últimos sexenios, que atrás quedó la corrupción que se vivió en el Poder Judicial. Ya es hora de que por fin vivamos todos los ciudadanos en un Estado de Derecho, por eso se votó por la alternancia.