imagotipo

Universidad y ciudadanía

  • Edgar Alan Arroyo Cisneros

“Una inversión en conocimiento paga el mejor interés”.- Benjamin Franklin

Los rubros científicos y tecnológicos se ven amenazados año con año por posibles reducciones, lo cual desincentiva una adecuada y estratégica planeación en el corto, mediano y largo plazo, en todos los niveles.

En esta nueva entrega de “Universidad y ciudadanía” retomaremos el tema, abordado la semana pasada, de los desafíos que representa el acceso universal a la educación superior, tópico que sin duda será discutido con intensidad durante los próximos meses y que estará muy presente en la agenda pública nacional no sólo de las Universidades, de las carteras educativas, de la administración pública o del gobierno en general, sino de la sociedad civil en cuanto tal.

No cabe duda de que, aunque quizá sea un lugar común decirlo, la educación es la mejor llave para abatir la pobreza, la desigualdad y la marginación, por lo que los estudios superiores obligatorios sin duda se insertarían en una estrategia para lograr que los miles de jóvenes que no han podido acceder a las Universidades lleguen al mercado laboral y a los distintos sectores productivos.

Pero la ecuación no es tan fácil como parece desde el punto de vista de su instrumentación.

Un acceso universal a la educación superior, de tal manera que absolutamente todas las personas que cumplan con los requisitos tengan un lugar asegurado en alguna Universidad, sin duda que representaría un enorme desafío en términos financieros, presupuestales y de recursos humanos, por decir lo menos.

Hoy en día muchos centros de estudios universitarios no cuentan con el número idóneo de profesores tanto de asignatura como de tiempo completo, precisamente por las limitaciones económicas que impide las contrataciones deseables, de la misma forma que también se presentan carencias en infraestructuras, servicios, vinculación con la sociedad, por mencionar algunos datos.

En relación con lo anterior, y como es del conocimiento de la opinión pública, una muy buena parte del presupuesto en materia de educación se va al gasto corriente, es decir, al pago de la nómina quincenal, por lo que el emprendimiento de proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación queda sumamente limitado y supeditado a otros factores, incluyendo, desafortunadamente, los de tipo político.

Dicho sea de paso, los rubros científicos y tecnológicos se ven amenazados año con año por posibles reducciones, lo cual desincentiva una adecuada y estratégica planeación en el corto, mediano y largo plazo, en todos los niveles.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en sus informes de seguimiento de la Educación para Todos (EPT) ha formulado distintas recomendaciones para promover el acceso universal en el ámbito educativo. Es dable tener presentes, por lo menos, tres de esas propuestas, como son la mejora en la calidad de la educación, la necesidad de destinar el 5.4% del Producto Interno Bruto a la educación y el imperativo de mejorar la coordinación en las políticas educativas.

La mejora en la calidad de la educación va de la mano, como se decía en el texto de la semana pasada, con la garantía plena del derecho humano a la educación en condiciones de libertad e igualdad para todos los intervinientes del proceso educativo. La cuestionada reforma educativa implementada en el sexenio que está llegando a su crepúsculo tuvo como uno de sus principales estandartes al tema de la calidad, si bien es cierto que para algunos sectores se trató más bien de una reforma administrativa y laboral y no una genuina reforma educativa.

Pero la calidad debería ir más allá de filias y fobias políticas, por lo que es una dimensión central de la educación de cara al futuro.

Por otro lado, y como señala la propia UNESCO, un presupuesto mínimo educativo posibilitaría el diseño y ejecución de programas en la materia de gran calado, sin estar atenidos a las coyunturas sociales y/o políticas que en algún momento pudieran surgir, fomentando así, y en íntima conexión con la tercera de las ideas que rescatamos de esta organización internacional pone sobre la mesa de la discusión: la efectiva articulación de políticas educativas integrales que hagan del conocimiento un constructo compartido y plenamente distribuido.

Así transitarían más fácilmente aspectos como el que estamos analizando, el cual puede implementarse con racionalidad. Las aristas de la EPT y de un posible acceso total y universal a la educación superior son múltiples y complejas, que ante todo deben ser vistas como un ejercicio de gobernanza cooperativa y de horizontalidad en la toma de decisiones, en la cual la ciudadanía debe tener un rol no sólo vigilante sino activo en todas sus vertientes. Sólo con un involucramiento directo de los ciudadanos se podrá construir una política educativa incluyente que propicie debates y diálogos francos sobre un tema de la mayor relevancia. Es el futuro de un país lo que está en juego, pues no olvidemos que por conducto de la educación se forman los líderes del presente y del mañana.

*El autor es secretario general de la UJED. Su opinión es estrictamente personal y no representa necesariamente la postura institucional de la Universidad.