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Visión

  • Alfredo Vásquez Castaños

 

¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen?

 

La violenta y escandalosa riña en la prisión de Santa María Chiconautla, en Ecatepec Estado de México, donde su principal protagonista fue Luis Alberto González Nieto “el Tatos”, trasladado al CEFERESO de Gómez Palacio, Durango, pone al descubierto la crisis que priva en los centros penitenciarios del país. Para ubicar y proyectar este complejo y delicado tema me basaré en un estudio reciente de Elena Azaola y Maisa Hubert, el cual identifica los problemas estructurales de las prisiones mexicanas:

A) Sobrepoblación y uso desproporcionado de la prisión preventiva; B) Condiciones de vida indigna y en ocasiones infrahumana; C) Falta de profesionalización y condiciones de trabajo deplorable del personal penitenciario; D) Indiferencia social y de autoridades hacia la problemática que enfrentan las prisiones; y el más grave, E) 65% de las prisiones estatales están en poder de grupos delictivos, esquema identificado como autogobiernos.

El México de contrastes y de desigualdades no escapa a las prisiones. Según la CNDH, en las prisiones estatales la sobrepoblación, es decir la capacidad del centro, se encuentra rebasada por la población, lo que lleva al hacinamiento (en áreas donde deben de convivir 4 internos se encuentran hasta 30); en contraste, en algunos centros se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.

Tal cuadro de desigualdad, y muy marcada, se reveló desde los años 80 cuando se puso al descubierto cómo vivían los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo en el Reclusorio Norte, ambos capos tenían para ellos y en exclusiva todo un módulo acondicionado a sus necesidades (cocina industrial, con comedor, unidad dental para “Don Neto”, área recreativa, y en la azotea antenas de radio de largo alcance para poderse comunicar hasta Colombia), o sea los señores estaban como en su casa para tener una estancia grata y aparte dirigir sus negocios.

Tal suceso que en su momento fue un escándalo mediático, y no sólo se erradicó sino que se replicó y degradó prácticamente en todo el país, deviniendo ahora en grupos criminales liderados por sujetos como el “Tato”, el cual ha estado en por lo menos 10 centros penitenciarios y en todos ha causado problemas.

Al respecto, el control de los reclusorios se ha convertido en una forma de lucro, ¡la esclavitud tiene precio y muy alto! El cobro de derecho de piso, de protección y de servicios, tiene un precio, lo pagan en líquido (efectivo), especie (bienes) o servicio. La cuota estándar es mensual y la fija el grupo dominante.

Ejemplo: para no ser molestado, incluso ser protegido y gozar de los servicios estándares (regadera, baños, comedor, visitas, etc.) se establece una cantidad que va desde los 3 mil a 5 mil pesos y el que no pueda pagar en efectivo, la pagará con servicios, éstos rayando en lo más degradante e inhumano.

Aparte, ciertos reos con solvencia económica son víctimas de la delincuencia interna, práctica que llevaba a cabo el mentado “Tato” y secuaces; estudiaban a los prisioneros socioeconómicamente y los elegidos eran sometidos a las prácticas más crueles de tortura (golpes, toques eléctricos, entre otras crudas y nocivas medidas), para presionarlos a que cumplieran con las demandas que iban desde pagar fuertes sumas de dinero o traslado de dominio de inmuebles.

Todo lo planteado se realizaba con la complicidad de las autoridades penitenciarias y con alcances de otras instancias, o ¿cómo entender de la información proporcionada para ubicar propiedades de ciertos prisioneros?

El cuadro planteado revela cómo la corrupción y degradación se da a extramuros. Para contextualizar este delicado y tendencioso tema que es un eslabón más de la seguridad pública, la cual es un rotundo fracaso en el país, hay que decir que existen a escala internacional situaciones de contrastes: por ejemplo, el caso de Finlandia donde las prisiones no tienen rejas ni guardias armados y destaca por ser uno de los países con menos presos por habitante, en contraparte se encuentra Estados Unidos con más de 2 millones de reos, el mayor número en el orbe.

México ocupa el séptimo lugar en población penitenciaria a nivel mundial y sólo lo superan Estados Unidos, China, Brasil, Rusia, India y Tailandia y más allá de las geografías y entrando a la formalidad falaz, el artículo 18 Constitucional es el referente normativo del Sistema Penitenciario y establece que éste se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, entre otras sanas y formativas medidas para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, aquí el meollo del tema.

¿Cómo entender que la Constitución establece un modelo y en los hechos el mismo está 100% distorsionado? al grado que los centros penitenciarios en su mayoría más que ser de rehabilitación son escuelas del crimen, y si hay duda habrá que ver la trayectoria como el grado de peligrosidad del “Tato”, huésped distinguido del CEFERESO 14 ubicado en el ejido 6 de Octubre en Gómez Palacio, Durango.

En 2006 el país contaba con 236 mil 886 internos, de los cuales poco más de 45 mil se encontraban recluidos por delitos del fuero federal y casi 192 mil por delitos del fuero común y 5 de cada 10 internos eran mujeres y del total de presos, 40 de cada 100 no tenían sentencia condenatoria; el número de centros penitenciarios en general presenta una tendencia a la baja.

En el año 2000 había 444 y para el 2016 se disponía de 379 y en ese mismo año 17 eran centros federales y 278 estatales y 71 municipales. El 51% de los centros a nivel nacional existe la sobrepoblación que afecta a 24 mil 221 internos. Los acontecimientos violentos corresponden en primer lugar a las riñas, desórdenes, homicidios, abusos, suicidios y al final los motines.

La calificación de las cárceles estatales en promedio es de 5 y en la mayoría hay autogobierno; el Estado de los 32 con mayor calificación es Guanajuato 8.02, el más bajo Nayarit 4.11 y Durango 6.14.

Otro tema relevante es el costo de los centros para el erario, donde cálculos con estadísticas oficiales del gasto en 2014 en centros penitenciarios federales, indica que en promedio se gastaron 4.6 millones de pesos por día, en tanto que los centros estatales 32.4 millones de pesos; sacando números fríos, el costo para el país por tener escuelas del crimen es altísimo.

Ante lo planteado, oportuno comentar que México es un país experto en contabilizar las tragedias y acostumbrado a que no pasa nada con esas cuentas. Hace más de una década que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encarga de hacer un diagnóstico de cómo funcionan las prisiones del país (diagnóstico carísimo por supuesto), para ello se hacen visitas, se evalúan rubros, se ponen calificaciones, se ilustran con semáforos, en sí todo muy bien proyectado (con manzanitas) ¿Y qué? ¿De qué sirve el estudio ante los acontecimientos sangrientos desatados y polarizados prácticamente en todo el país?

Cabe preguntar ¿las autoridades competentes leerán los diagnósticos? Y si lo hacen, ¿les interesará? Si nos basamos en estadísticas criminales la respuesta es obvia: a la clase gobernante, básicamente no le importa ¿y por qué? porque es un tema que no da rentabilidad política ni económica, sin importar que los reos se conviertan de sujetos a objetos de explotación y lucro. ¡Así de simple, así de cruel!