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Visión

  • Alfredo Vásquez Castaños

Justicia selectiva

Como jefe del PAN, mucho se dice que Anaya utilizó para su beneficio los miles de millones de pesos del Ramo 33 a través de los llamados “moches” para comprar conciencias en el PAN, para callar opositores y para afianzar lealtades.

Vivimos en un país donde la corrupción se volvió democrática y transparente y la justicia es selectiva. Lo planteado lo sustentaré y proyectaré comentando que en Durango, Jovan González Martínez purgará tres años en prisión por el delito de robo agravado por amenazar a su víctima con un cuchillo y robarle un celular. ¡Qué bien que se haga justicia!, pero qué mejor que lo hagan con los ladrones de cuello blanco que estafaron y quebraron al erario y andan libres y “campantes”. ¿La justicia será selectiva?

Lo planteado es un tema que tiene que ver con la corrupción, y al respecto, quiero comentar que como mexicano, como ciudadano, me siento muy decepcionado por el desenlace que tuvo el caso del enfrentamiento entre el gobierno de Chihuahua contra el gobierno federal, que sin explicar el mismo, al final tuvo un arreglo muy cuestionado.

Lo interesante del tema, es que el gobernador Javier Corral puso al descubierto todo un entramado de corrupción institucionalizada, ésta basada en cómo se manejan miles de millones de forma discrecional a través del opaco Ramo 23, un cajón de gasto federal que controla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y lo direcciona el ejecutivo federal y obvio en complicidad con los legisladores que su silencio se gratifica con la mal empleada gestoría.

Para poder ubicar lo planteado y lo tendencioso del tema, el ahora precandidato presidencial Ricardo Anaya, cuando en su momento era diputado federal y jefe de los diputados azules, promovió la entrega discrecional a los Partidos políticos de miles de millones de pesos, etiquetados en el llamado Ramo 33, es decir, diputados de todos los Partidos aprobaron una iniciativa en la que cada uno de ellos recibe 20 millones de pesos para gestión en su distrito y como jefe del PAN mucho se dice que Anaya utilizó para su beneficio los miles de millones de pesos del Ramo 33 a través de los llamados “moches” para comprar conciencias en el PAN, para callar opositores y para afianzar lealtades.

Por esto último planteado, circula un video donde elogia, adula a Meade, al que hoy combate. Dando por hecho lo planteado, se entiende por qué recula Corral en cuanto a renunciar a llevar ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional que analizará la legalidad de los convenios que Hacienda y los Estados firman y que son ejemplos de discrecionalidad, negociaciones políticas, a veces chantaje, pero siempre un gasto poco transparente.

Desde otro ángulo, ¿en dónde queda la honorabilidad o la imagen del precandidato Anaya? ¡En la basura! Y ante este degradante cuadro cabe preguntar ¿qué partido, qué legislador, qué gobernador ha hablado al respecto? Este aparente silencio de la clase política nos habla de la corrupción institucional, vicios premeditados (nebulosidad, discrecionalidad, porosidad) para poder medrar los recursos públicos y ante tal perverso escenario los precandidatos haciendo propuestas aéreas sin ir al meollo: la corrupción institucionalizada basada en la complicidad y discrecionalidad del manejo de los recursos públicos.

Y ante todo lo planteado, es una bofetada al pueblo mexicano que Marie Claire Acosta, la nueva presidenta del Comité de Participación Ciudadana del glorioso y oneroso Sistema Nacional Anticorrupción, al tomar propuesta advirtió que el Sistema no cumple con sus objetivos por carecer de un fiscal y de 18 magistrados, entre otras limitantes que no se logran porque no hay voluntad política de parte de los legisladores, ni la tendrán porque no se harán el “harakiri” acabando con la “gallinita de los huevos de oro”. Como lo he dicho, tal bodrio de Sistema no fue más que una moneda de cambio para no ir sobre los escandalosos temas de corrupción (Casa Blanca, estafa maestra, etc.). Qué forma de tomarle el pelo a la sociedad con distractores tan onerosos.

Y hablando de Sistemas Anticorrupción, pero en el plano local, la contralora estatal María del Rosario Castro Lozano informó que ya cumplió con su obligación de dar el informe de las auditorías realizadas durante el año pasado como parte del proceso de entrega recepción al Sistema Local Anticorrupción (SLA), el cual tiene facultades para ver el orden punitivo, el detalle es que no cuenta con fiscal (al buen entendedor).

O sea, que retomando lo de la justicia selectiva, el tema del endeudamiento público quedará atrapado, opacado y sepultado en las redes de la burocracia, y los protagonistas felices y libres como el viento (aunque anden amparados).