/ lunes 25 de abril de 2022

Rechazan empresas intimidación fiscal

Los procesos de fiscalización arbitrarios disuaden inversiones futuras, alertó el CEESP

Las acciones de fiscalización que estimulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales no deben concentrarse en un grupo específico de contribuyentes y tampoco basarse en procesos “arbitrarios” o “intimidatorios”, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Dijo que esas acciones son generalmente deseables, pero no deben concentrarse en un grupo específico de contribuyentes, y se tienen que “evitar procesos basados en arbitrariedad o intimidatorios al extremo de disuadir inversiones futuras”.

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Según el centro de estudios, hay información de que la combinación de reformas promovidas por esta administración -y aprobadas con la mayoría de sus fracciones partidistas simpatizantes- han hecho posible que la autoridad fiscal actúe en forma intimidatoria, relacionando la sospecha de defraudación fiscal con prisión de oficio e incluso extinción de dominio.

Ante lo mencionado, se obligaría a los contribuyentes a la regularización fiscal en casos de inconformidad. "En la medida de que ello haya sucedido, el efecto sobre la inversión a futuro será dañino", aseveró el CEESP.

Además, recomendó que la política recaudatoria debe ser generalizada y equitativa, por lo que su concentración en un universo específico de contribuyentes, en este caso las grandes empresas, resultará contraproducente.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el universo de empresas grandes suma 11 mil 028, lo que representa solo el 0.02 por ciento de un total de poco más de 60 millones de contribuyentes, personas morales y físicas.

Pese a su reducida participación relativa, su importancia en la recaudación del país es sobresaliente, puesto que aporta el 50 por ciento del total de la recaudación tributaria.



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Las acciones de fiscalización que estimulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales no deben concentrarse en un grupo específico de contribuyentes y tampoco basarse en procesos “arbitrarios” o “intimidatorios”, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Dijo que esas acciones son generalmente deseables, pero no deben concentrarse en un grupo específico de contribuyentes, y se tienen que “evitar procesos basados en arbitrariedad o intimidatorios al extremo de disuadir inversiones futuras”.

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Según el centro de estudios, hay información de que la combinación de reformas promovidas por esta administración -y aprobadas con la mayoría de sus fracciones partidistas simpatizantes- han hecho posible que la autoridad fiscal actúe en forma intimidatoria, relacionando la sospecha de defraudación fiscal con prisión de oficio e incluso extinción de dominio.

Ante lo mencionado, se obligaría a los contribuyentes a la regularización fiscal en casos de inconformidad. "En la medida de que ello haya sucedido, el efecto sobre la inversión a futuro será dañino", aseveró el CEESP.

Además, recomendó que la política recaudatoria debe ser generalizada y equitativa, por lo que su concentración en un universo específico de contribuyentes, en este caso las grandes empresas, resultará contraproducente.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el universo de empresas grandes suma 11 mil 028, lo que representa solo el 0.02 por ciento de un total de poco más de 60 millones de contribuyentes, personas morales y físicas.

Pese a su reducida participación relativa, su importancia en la recaudación del país es sobresaliente, puesto que aporta el 50 por ciento del total de la recaudación tributaria.



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