El Congreso del Estado aprobó el dictamen de acuerdo de reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual tiene la intención de sancionar como falta administrativa grave el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de este tipo de conductas que llegan a padecer muchas personas en las dependencias públicas, principalmente las mujeres.
Al hacer uso de la tribuna para razonar su voto a favor, la diputada Sandra Amaya Rosales comentó que una vez avalado por los legisladores se enviará como iniciativa de la Legislatura de Durango al Congreso de la Unión.
“Como legisladores y representantes populares debemos asumir una posición que fortalezca su erradicación, desde una perspectiva de género, tomando como base los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos; por ello, el compromiso asumido de armonizar la legislación vigente, que dé como resultado un amplio mecanismo para prevenir y atender esas conductas, garantizando el acceso de las personas a una vida libre de violencia”, precisó.
Al respecto, Rosales Amaya informó que tan sólo durante el año pasado en el país se registraron oficialmente 41 mil 480 delitos contra la libertad y seguridad sexual, de los cuales 18 mil 526 corresponden a abuso sexual, dos mil 674 al acoso sexual y mil 215 de hostigamiento sexual.
“Entre los retos que debe afrontar nuestro país esta combatir las dinámicas relacionadas con abusos, hostigamiento y acoso sexuales que ponen en riesgo la integridad física y emocional de muchas personas, vulneran su derecho a un desarrollo libre de la personalidad y propician escenarios de doble victimización ante la falta de respuesta institucional”, resaltó.
En este sentido, la representante popular señaló que el acoso y el hostigamiento sexual constituyen uno de los más graves problemas de la vida pública, quebranta la dignidad de las personas y su normalización es un ingrediente fundamental de la escalada de violencia que padece nuestro país, y que en particular las mujeres terminan siendo las principales víctimas.
“Ha sido recurrente que en los espacios de trabajo se minimice y tolere esas situaciones, en grave detrimento de los derechos y de las oportunidades de permanencia y desarrollo en el trabajo, contra hombres y mujeres, pero, principalmente, contra las mujeres; es decir, pretendemos combatir estas expresiones comunes y permitidas de violencia de género”, precisó.
