En Durango la violencia política no ha sido tipificada como delito ni existe un protocolo de género claro para detectarlo desde las instituciones; en un país democrático es aberrante y vergonzoso que las mujeres que deciden ser parte de la vida política corran el riesgo de vivir violencia en su persona, su familia o su patrimonio, advirtió la legisladora María Elena González Rivera.
Ante este escenario, la parlamentaria local presentó una serie de iniciativas en materia de violencia política contra la mujer para incorporar esta modalidad en la Constitución Política local, en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal.
Explicó que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones que busquen menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Además, dio a conocer que la violencia política puede incluir, entre otras, violencia física, sicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.
Por otro lado, manifestó que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de autoridades administrativas, legislativas y judiciales, la paridad de género no se ha convertido en una realidad tangible y efectiva, pues la integración de los órganos directivos de los distintos Poderes del Estado sigue siendo dispar.
“Hoy refrendamos nuestro compromiso con las mujeres de nuestro estado, y seguiremos avanzando con paso firme hacia el cumplimiento pleno de los derechos políticos, electorales y ciudadanos de las mujeres y hacia un Durango con igualdad y justicia”, exclamó González Rivera.
