Un grupo de personas caminaron por la Avenida 20 de Noviembre para unirse en una protesta mundial que pide frenar el cambio climático, “nos unimos muchos grupos que estamos preocupados por la destrucción del medio ambiente y pidiendo a los gobiernos que no le roben el futuro a los niños y jóvenes”, comentó Olga Mazanera, quien acudió en representación de la organización Árboles sí, puentes no.
Niños, jóvenes y adultos portaban pancartas en las que pedían al gobierno realizar acciones para frenar la contaminación que existe en la ciudad y replantear el proyecto del Puente elevado de la que la administración de José Rosas Aispuro Torres ya realiza los primeros trabajos en el bulevar Francisco Villa.
Olga Manzanera señaló que existe un estudio de Movilidad Urbana Sustentable, el cual pagaron la administración tanto municipal, como estatal en el año 2012 a Transconsulting, una empresa de ámbito internacional que incluía proyecta soluciones del 2013 al 2042, sin embargo está en la congeladora.
“Ahí se detalla realizar una red de ciclovías, dotar de bicicletas a un bajo costo como un servicio público, así como hacer el bulevar Ferrocarril que eso bajaría el flujo en el bulevar Francisco Villa… y este tipo de puentes ya se consideran obsoletos porque generan más tráfico y contaminación, calor y accidentes” comentó.
La marcha fue apoyada por varios grupos de ciclistas, grupos que luchan por la conservación de parques, estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), quienes al grito de árboles sí, puentes no avanzaron por la calle principal de la ciudad.
Recientemente se interpusieron diversas quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya que pese a solicitar los estudios donde se avala el paso de 57 mil automóviles, principal argumento para justificar la construcción del puente, nunca les fue entregado.
Asimismo se interpuso otra queja ante el mismo organismo ya que nunca socializaron la obra cuando debieron haberla puesta a consideración de la ciudadanía por ley, tampoco se exigió un estudio de impacto ambiental en la licitación y cuando se pidió realizaron uno, que de acuerdo con la entrevistada fue improvisado y en modo preventivo “no es está avalado por la Ley” comentó.