El subsecretario de Movilidad y Transportes, Jorge CamposMurillo aceptó que es casi imposible acabar con la piratería enel transporte público, toda vez que no es considerada un delito,sino falta administrativa y por consecuencia no está la cárcelcomo amenaza a la violación de esta norma.
Entrevistado en un restaurante del centro, el conocidojurisconsulto anotó que cuando los inspectores detectan un taxicon placas irregulares, lo detienen, llevan la unidad al corralón.Multan al conductor o al dueño del vehículo o a ambos pero no sele aplica prisión ni siquiera preventiva.
Se aplica una multa que puede considerarse según si es laprimera vez o si hay reincidencia pero se han detectado incidenciasen los cerca de 300 casos detectados en lo que va de laadministración.
De legislarse para que se considere un delito, habrá forma deproceder con mayor rigor contra los infractores que son inducidos,eso sí, a cromatizar el coche, o sea, quitarle los colores deltaxi según la agrupación a que estén usurpando.
Pero se ha efectuado igualmente que pagan la multa, recromatizanel taxi y vuelven a la delincuencia y en estos tres una carreraentre los que reinciden y los inspectores que los detienen.
Entendió que no es posible encontrar colaboración delpúblico, porque es evidente que un pasajero que aborda un taxi nose va a poner a investigar si es legal o no, lo que quiere es elservicio y se lo dan generalmente un buen servicio de tal forma queel pasajero no tiene queja.
Sí la tienen en cambio los taxistas que circulan legalmente alos que de alguna forma se recurre para denunciar y gracias a estoy a la vigilancia de los inspectores se han suspendido muchasunidades, pero insistió: muchos reinciden, ante la falta de uncastigo ejemplar.
