El ranking que evalúa el índice de Estado de Derecho en México, realizado por el World Justice Project (WJP), organismo internacional que anualmente mide las fortalezas y debilidades de cada entidad para con ello promover políticas públicas y mejorar las condiciones de justicia en cada una de las entidades, en esta ocasión coloca a Durango en el número 11 de 32 evaluadas, con un puntaje de 0.44.
Tomando en cuenta que el 1 es la máxima adhesión al Estado de Derecho, WJP establece que en comparación con el análisis realizado el año pasado, la entidad registra un retroceso de tres lugares en la tabla nacional, pues si bien es cierto subió su calificación ya que durante el estudio correspondiente al 2019 obtuvo un total de 0.43, en aquella ocasión su puntaje lo colocó en la posición número ocho, mientras que el realizado durante 2018, llegó a un 0.42; ello habla del avance constante que se ha tenido, aunque aún falta mucho por mejorar.
De acuerdo con el estudio, el retroceso en la tabla de posiciones no es privativo de Durango, pues la aparición de una pandemia global que finalmente derivó en la paralización de diversas actividades, donde de acuerdo a este análisis, destaca la mostrada por los servicios de justicia que se vieron forzados a suspender su funcionamiento por un tiempo, pese a que toda actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial, terminó por afectar las calificaciones de 16 entidades.
“Los retrocesos en los puntajes obtenidos en materia de justicia penal por 16 entidades federativas son un reflejo de esta lamentable situación”, advirtió el organismo internacional, donde Durango aparece junto a estados como Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, entre otros.
Ante esto el presidente de la Comisión Interamericana de Consejos Ciudadanos, Carlos Güereca Prado, aseguró que en la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con corte a diciembre, establece que solo el 2.5% de los delitos que se denuncian llegan hasta el último recurso de procuración de justicia.
Ello habla de que los procesos judiciales son prolongados y burocráticos, de ahí que la percepción de los ciudadanos no ha cambiado mucho en este sentido. Güereca Prado, coincide con WJP en que la pandemia vino a generar un estancamiento en el tema de justicia; asimismo visibilizó diversas situaciones en las que a la justicia se ha quedado atrás.
“Estamos convencidos que la violencia intrafamiliar tiene ahora una proporción mayor y así lo indica la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en donde tenemos prácticamente un incremento del 22% de los delitos de la familia”, comentó el presidente de la Comisión Interamericana de Consejos Ciudadanos, quien señaló que a través de este organismo se busca que las víctimas tengan el respaldo de las autoridades.
Según el WJP, el puntaje general de Durango es del 0.43, un poco por arriba de la media nacional que se encuentra en 0.40, y uno de los rubros en los que resultó dentro de los mejores calificados es en el tema de Orden y Seguridad, pues logró colocarse en el lugar número cuatro con una calificación e 0.65 solo por arriba de Coahuila, Campeche y Yucatán.
Una situación similar sucedió con el factor denominado Justicia civil, en donde el estado obtuvo una calificación de 0.42 y con ello obtuvo el segundo lugar a nivel nacional, solo superado por Guanajuato.
Por el contrario los factores en cuyas calificaciones no favorecieron al estado son aquellos que miden la Ausencia de corrupción, Derechos fundamentales y Justicia penal; pues con calificaciones de 0.31, 0.48 y 0.33; colocó a Durango en los lugares 31, 24 y 24 respectivamente, de la medición nacional.
Cabe señalar que el Índice utiliza la información obtenida a través de encuestas aplicadas a 25 mil 600 personas, así como a más de dos mil 300 especialistas en derecho penal, civil, laboral y salud pública; en cada una de las entidades. De ahí que los duranguenses hayan calificado a las instituciones de seguridad y procuración de justicia con calificaciones de apenas el 0.23 en el factor que mide la Ausencia de corrupción.
Pese a ello el estado comienza a dar algunos avances al respecto, pues en octubre del año pasado la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango, logró vincular a proceso a dos elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) de la capital, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones.
Asimismo y luego de las pruebas presentadas gracias a la implementación de cámaras en las solapas de los elementos de la DMSP, fueron suspendidos seis miembros de la corporación al ser sorprendidos en actos de corrupción. Por lo que de acuerdo con el director de la corporación, Antonio Bracho Marrufo, ha disminuido este comportamiento entre la Policía municipal en al menos un 80%.
Otro caso es el de la líder del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Alicia García Valenzuela, quien fue acusada ante la Fiscalía Anticorrupción por la ocupación de trabajadores del Ayuntamiento de Durango, en actividades ajenas al municipio, y por la que hace unos días se obtuvo una sentencia, en la que deberá pagar al Gobierno municipal 900 mil pesos.
Asimismo recientemente se dio a conocer otro caso de un exfuncionario municipal quien presuntamente recibió el pago de un ciudadano como parte del monto adeudado en el impuesto predial, mismo que nunca entró a las arcas municipales y por el que también se interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
De ahí que pese a los retrocesos generados por la pandemia de la Covid-19, se han dado pequeños pasos hacia la obtención de un verdadero y completo Estado de Derecho para los ciudadanos de Durango.
