La iniciativa de reformas a la Ley de Educación del Estado tiene la finalidad de establecer la obligatoriedad para que cada escuela de educación básica y media superior cuente con un sicólogo y un trabajador social, para prevenir y atender problemas entre los alumnos y posibles hechos fatales, informó la diputada Claudia Julieta Domínguez Espinoza.
Al realizar la ampliación de motivos durante la sesión ordinaria, refrendó el compromiso con las niñas, niños y adolescentes para que puedan desarrollarse de manera plena en todos los aspectos.
“Con un sicólogo y una o un trabajador social en cada escuela, detectaríamos el mal antes de consecuencias fatales y claro se les daría seguimiento y tratamiento a los alumnos con algún trastorno o enfermedad sicológica”, resaltó Domínguez Espinoza.
En este sentido, la legisladora señaló que la salud mental constituye un estado del individuo para que sea capaz de vivir una vida completamente funcional y tenga una auténtica consciencia sobre sí mismo.
“Uno de los grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad particular respecto a la salud mental es la niñez y los adolescentes, por lo que las autoridades deben actuar para garantizar sus derechos fundamentales de manera prioritaria”, consideró la representante popular.
Explicó que las afectaciones a la salud mental y el estado sicoemocional de las personas menores de edad tienen una dimensión cuádruple en materia de vulneración de derechos: el derecho a la salud, el interés superior de la niñez, el derecho a la educación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Recordó desde el inicio de este año; la comunidad estudiantil, personal docente y padres de familia están preocupados por los hechos suscitados en Torreón, Coahuila, donde un menor disparó un arma de fuego, y el de Gómez Palacio cuando un alumno subió una foto a redes sociales de él portando un arma de fuego, haciendo mención que no fueran a la escuela.
Por ello, se busca combatir este problema de fondo proponiendo en las escuelas de nivel básico y medio superior cuenten obligatoriamente con profesionales expertos en salud mental en sus instalaciones, para que brinden los servicios necesarios a las y los estudiantes, y lo más importante, detecten a tiempo posibles hechos fatales.
