Rogelio Soto, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, debe de dar los nombres de los quienes están lucrando con los productos para la sequia, pero también debe de informar de lo que hace con los 150 millones de pesos que recaban a través de los cobros por los diferentes servicios como la guía de transito, pruebas de la tuberculosis, aretes, precio del ganado, protocolo de documentación para exportar… que desde hace tiempo han estado solventando los productores.
Lo anterior fue manifestado por el presidente de la Unión Ganadera Regional del Sector Social, Oscar García Barrón, quien expresó que Rogelio Soto, tienen que ser preciso en sus comentarios y dar los nombres de las organizaciones que están lucrando con el suplemento alimenticio y la semilla de avena.
García Barrón, señalo a organizaciones pertenecientes a la Unión Ganadera Regional de Durango, que están vendiendo los productos por encima del precio, cuando ellos, no deberían de cobrarles, dado que tienen todo el dinero recabado de los productores del sector social.
El ex legislador federal, al ser entrevistado sobre el tema, indicó que los actos de corrupción son avalados por el propio gobierno del estado. Esa corrupción está entre quienes administran la ganadería en la entidad, mantienen un monopolio absoluto con lo cual sacan decenas de millones de pesos cada año, sin importarles la pobreza de cientos de familias del medio rural.
Preciso que Rogelio Soto, debería de tener una cola corta para poder hablar de transparencia, cuando en realidad han estado explotando a los productores.
Señalo que los cobros excesivos son actos de corrupción, porque servicios como el de la guía de transito que debería costarles 20 pesos, desde hace varios años se las están vendiendo en más de 100 pesos.
Otro de los servicios carísimos, es la prueba de la tuberculosis y brucelosis la cual debería de tener un costo de 15 pesos pero la tienen que pagar en 100 pesos.
Un servicio que legalmente debería de ser gratuito, es el arete, el cual se los regalan para ellos vendérselos a los veterinarios en 30 pesos cada uno y el médico lo comercializa en 150 pesos.
Asimismo, ellos tienen la acopiadora de ganado exportado a los Estados Unidos, por lo que también le cobran, lo mismo sucede con el protocolo de documentación para las exportaciones y otros servicios que resultan actos de corrupción.
García Barrón sostuvo que Rogelio Soto y quienes administran la actividad ganadera en su gran mayoría no tienen la calidad moral para hacer señalamientos al vapor, no hay transparencia y el propio gobierno lo está avalando al permitirles que sigan enriqueciéndose a costa de los más necesitados.
Sostuvo que por los diferentes servicios que están cobrando al ganadero por cada uno de sus animales bovinos, les representa un negocio de cuando menos 150 millones de pesos al año.
