/ viernes 1 de octubre de 2021

La norma 237 un duro golpe a las escuelas particulares: Coparmex

Así lo declaro el presidente de la COPARMEX Durango, Oscar Eduardo Moreno, quien además dijo que las escuelas particulares deben considerarse como prestadoras de servicios educativos

Preocupa que la nueva normatividad implique una sobre regulación y duplique facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), declaro el presidente de la COPARMEX Durango, Oscar Eduardo Moreno Littleton y dijo que las escuelas particulares deben considerarse como prestadoras de servicios educativos, no como establecimientos mercantiles, sobre todo en estos momentos en donde no se han recuperado los empleos perdidos en este sector.

Considero que no existe razón alguna ni objeto real para crear la NOM 237 que regula la prestación de servicios educativos por parte de particulares, al contravenir con su fortalecimiento. Dicha norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2021 por la Dirección General de Normas, y se sometió a consulta pública durante 60 días naturales. La revisión finalizó el 22 de septiembre.

Explicó que esta nueva norma define a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles y las obliga a registrar su Contrato de Adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cuando en realidad las escuelas son prestadoras de un servicio educativo de índole social.

Queremos resaltar que las escuelas particulares representan una opción de educación, derecho que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y derecho también que les pertenece a los padres y madres de familia en cuanto a la decisión que pueden o no tomar, dijo.

En segundo lugar, este proyecto de Norma implica una sobre regulación para las escuelas particulares, ya que su entrada en vigor generará costos adicionales relacionados con nuevas inspecciones y verificaciones por parte de PROFECO que deberán atender y para las cuales deberán destinar una mayor cantidad de personal.

Expresó como preocupante que la norma, tal como se pretende aplicar, incluye procesos por parte de PROFECO que invaden y duplican facultades con la Secretaría de Educación Pública.

En tercer lugar, los pagos que deberán hacer las instituciones para las certificaciones se plantean en un momento de crisis económica y explico que el sector educativo ha sido uno de los más impactados por las consecuencias de la Covid-19. A agosto 2021, aún hay 100 mil empleos del sector educativo sin recuperarse lo que significa una pérdida del 14% de los empleos asegurados en el IMSS que había en el sector educativo.

Destacó que los argumentos presentados por parte de la COPARMEX fueron rechazados, por lo que nos deslindamos del proceso de revisión que fue irregular y no concilió los intereses de los diferentes sectores que participaron. Adelantamos que de ninguna manera firmaremos y avalaremos esta norma.

En COPARMEX Durango estamos a la espera de que esta norma sea publicada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), como dicta la Ley de Infraestructura de Calidad. En este sentido, dado que la regulación generará altos costos a las escuelas particulares y además se están imponiendo medidas que pueden resultar en barreras a la entrada para nuevos centros educativos, finalizó.

Preocupa que la nueva normatividad implique una sobre regulación y duplique facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), declaro el presidente de la COPARMEX Durango, Oscar Eduardo Moreno Littleton y dijo que las escuelas particulares deben considerarse como prestadoras de servicios educativos, no como establecimientos mercantiles, sobre todo en estos momentos en donde no se han recuperado los empleos perdidos en este sector.

Considero que no existe razón alguna ni objeto real para crear la NOM 237 que regula la prestación de servicios educativos por parte de particulares, al contravenir con su fortalecimiento. Dicha norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2021 por la Dirección General de Normas, y se sometió a consulta pública durante 60 días naturales. La revisión finalizó el 22 de septiembre.

Explicó que esta nueva norma define a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles y las obliga a registrar su Contrato de Adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cuando en realidad las escuelas son prestadoras de un servicio educativo de índole social.

Queremos resaltar que las escuelas particulares representan una opción de educación, derecho que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y derecho también que les pertenece a los padres y madres de familia en cuanto a la decisión que pueden o no tomar, dijo.

En segundo lugar, este proyecto de Norma implica una sobre regulación para las escuelas particulares, ya que su entrada en vigor generará costos adicionales relacionados con nuevas inspecciones y verificaciones por parte de PROFECO que deberán atender y para las cuales deberán destinar una mayor cantidad de personal.

Expresó como preocupante que la norma, tal como se pretende aplicar, incluye procesos por parte de PROFECO que invaden y duplican facultades con la Secretaría de Educación Pública.

En tercer lugar, los pagos que deberán hacer las instituciones para las certificaciones se plantean en un momento de crisis económica y explico que el sector educativo ha sido uno de los más impactados por las consecuencias de la Covid-19. A agosto 2021, aún hay 100 mil empleos del sector educativo sin recuperarse lo que significa una pérdida del 14% de los empleos asegurados en el IMSS que había en el sector educativo.

Destacó que los argumentos presentados por parte de la COPARMEX fueron rechazados, por lo que nos deslindamos del proceso de revisión que fue irregular y no concilió los intereses de los diferentes sectores que participaron. Adelantamos que de ninguna manera firmaremos y avalaremos esta norma.

En COPARMEX Durango estamos a la espera de que esta norma sea publicada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), como dicta la Ley de Infraestructura de Calidad. En este sentido, dado que la regulación generará altos costos a las escuelas particulares y además se están imponiendo medidas que pueden resultar en barreras a la entrada para nuevos centros educativos, finalizó.

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