La revisión integral al Sistema Penal Acusatorio, es uno de los temas de mayor relevancia que marcan el inicio de la administración de Ramón Guzmán Benavente, quien apenas el 14 de abril rindió protesta como nuevo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, y es que según señaló, con esto se pretende mejorar la operatividad de un sistema cuyos inicios se dieron en el primer semestre de 2015 y a la fecha ya comienza a vislumbrarse sus primeras áreas de mejora.
En rueda de prensa, previo al informe de actividades, Guzmán Benavente aseguró que a seis años de su implementación en el estado, no ha tenido ninguna actualización, lo que genera la “inoperatividad en trámites como audiencias, apelaciones y una serie de cuestiones que lo han hecho lento”, una situación que según comentó el especialista, no es privativo de la ciudad de Durango, sino que se da en la mayor parte del país, pues una vez que se dio el arranque ya no hubo seguimiento.
De ahí que su propósito es rescatarlo, pues la norma con la que se cuenta actualmente es buena, aunque insistió en que debe continuar con el enriquecimiento a fin de que este sistema que vino a mejorar el que se tenía ya obsoleto, con el tiempo esté más reforzado y de acuerdo a lo que se vive en la actualidad.
“El nuevo Sistema Penal Acusatorio, marcó un nuevo paradigma con respecto del sistema penal tradicional. Este es democrático, público, hay un principio de mediación que obliga al juez y a todas las autoridades estar presentes en la audiencia, cosa que no ocurría en el anterior”, comentó.
Aunado a ello el Poder Judicial del Estado, como cualquier otra actividad requiere de involucrarse más en la tecnología y por ello es necesaria la digitalización de sus servicios, sin embargo reconoce que se trata de una asignatura pendiente pues no hay un marco legal, no existen recursos y hay retraso en la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiar, que debió haberse hecho seis meses después de haberse expedido, es decir, en el año 2017.
“Los estados no pueden tener un marco jurídico para habilitar la justicia digital porque el Congreso de la Unión tiene reservada esa materia”, comentó.
