CANATLÁN, Dgo. (OEM).- A través de la justicia penal, el actual consejo directivo de la Unión de Ejidos "Manuel Jiménez Gallegos" se busca recuperar los fondos económicos no utilizados de un proyecto federal autorizado a la propia organización productiva y nunca terminado, con inversión de 9 millones de pesos.
Así lo informó el actual presidente del consejo Timoteo Estrada Martínez, quien mencionó que hay denuncia en contra del consejo de administración período 2014 -2017 de la Unión de Ejidos "Manuel Jiménez Gallegos", integrado por Manuel Hernández Jiménez, Natalio Betancourt Campa y Enrique González Arámbula, presidente, secretario y tesorero, respectivamente. El caso está en el Juzgado Mixto de Primera Instancia con residencia en el municipio de Canatlán, Durango.
Un proyecto que contemplaba la inversión de 9 millones de pesos, de los cuales el Gobierno federal aportó el 80%, en este caso 7 millones 31 mil 450 pesos, que incluía la construcción y el equipamiento de un laboratorio para la producción de árboles frutales, mismo que se quedó en obra negra y con una inversión estimada de un millón de pesos.
También incluía la construcción y equipamiento de un invernadero, el cual se hizo de manera parcial y quedó inconcluso y sin uso, señaló.
"A tres años de que el actual consejo fue elegido, el día 8 de marzo de 2018, es tiempo que no se ha podido conocer la manera en que dichos recursos federales fueron aplicados y en su caso, dónde quedó el dinero que no se utilizó ya que de acuerdo a la obra inconclusa que dejó el anterior consejo de administración, andan volando varios millones de pesos", puntualizó.
Agregó que como presidente de la Unión de Ejidos 'Manuel Jiménez Gallegos', "no recibí absolutamente nada de información de parte del presidente saliente Manuel Hernández Jiménez y de los detalles fui enterado a partir de la revisión de obra que se realizó el día 23 de octubre del 2018 por parte de la Auditoría Superior de la Federación", dijo.
En ese entonces se hicieron presentes Antonio José Carlos Hernández, jefe del Departamento y Mariana Pérez Marmolejo, auditora de fiscalización “A” adscrita a la Dirección General de Auditoría Forense de la ASF, como se informó en el oficio de comisión.
Destacó que acudieron a verificar la ejecución del proyecto de reactivación de árboles frutales en Canatlán. "En el oficio presentado todavía venía el nombre de Manuel Hernández Jiménez como apoderado legal de la persona moral Unión de Ejidos Manuel Jiménez Gallegos, aun cuando la renovación de la mesa directiva se hizo seis meses antes, recordó el entrevistado.
Ya pasaron tres años y medio y es tiempo de que no conocemos ni hemos sido informados del destino que tuvieron esos recursos económicos federales, destinados a un proyecto que vendría a beneficiar a los fruticultores de la región pero que hasta el momento se desconoce quién se quedó con ellos", concluyó el presidente del consejo directivo de la UEMJG.
