/ miércoles 2 de diciembre de 2020

Necesario multar a duranguenses que no usan cubrebocas: María Elena González

La diputada del PAN dijo que es necesario aplicar sanciones económicas severas a los ciudadanos que no utilicen cubrebocas, como ya se hace en otras entidades

Para la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena González, es necesario aplicar sanciones económicas severas a los ciudadanos que no utilicen cubrebocas, como ya se hace en otras entidades en que se cobran multas de hasta 8 mil pesos; en tanto, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Ramos Zepada, afirmó que si bien es cierto que los Ayuntamientos pueden determinar libremente algún castigo, lo ideal es que desde el Congreso se establezca penalidad.

González Rivera puntualizó que para que esta legislación deje de ser una "simple llamada a misa", se debe dotar de una manera efectiva para hacer que se cumpla, de tal forma que estima que es necesario revalorar la Ley que obliga a establecimientos a exigir cubrebocas a clientes.

Reiteró que hay que multar a ciudadanos que no usan cubrebocas, porque es evidente que como se ha aprobado la citada ley, no presenta expectativas positivas, dado que es clara la falta de conciencia en la población.

Se tienen que aplicar medidas más duras, una multa grande como ya se ha hecho en otras entidades, con sanciones de hasta ocho mil pesos como ha ocurrido en Chihuahua o Guanajuato, reforzó María Elena González.

Por su parte, David Ramos lamentó que la mayoría en el Congreso se haya rehusado a la aplicación de multas a quienes no utilicen cubrebocas, ponderando el asunto electoral y más específicamente, las elecciones del próximo año, es decir, se operó por el tema de interés político, al relativo a la salud, que es lo más importante.

Cuestionado al respecto, el legislador reconoció que en efecto, la Ley contempla la posibilidad de que sean los ayuntamientos las instancias responsables de determinar alguna sanción a quienes no cumplan medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, empero, estimó que la Ley tendría un mejor respaldo si se marcaran sanciones de forma directa, es decir, que no quedara la determinación a criterio de los gobiernos municipales.

Para la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena González, es necesario aplicar sanciones económicas severas a los ciudadanos que no utilicen cubrebocas, como ya se hace en otras entidades en que se cobran multas de hasta 8 mil pesos; en tanto, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Ramos Zepada, afirmó que si bien es cierto que los Ayuntamientos pueden determinar libremente algún castigo, lo ideal es que desde el Congreso se establezca penalidad.

González Rivera puntualizó que para que esta legislación deje de ser una "simple llamada a misa", se debe dotar de una manera efectiva para hacer que se cumpla, de tal forma que estima que es necesario revalorar la Ley que obliga a establecimientos a exigir cubrebocas a clientes.

Reiteró que hay que multar a ciudadanos que no usan cubrebocas, porque es evidente que como se ha aprobado la citada ley, no presenta expectativas positivas, dado que es clara la falta de conciencia en la población.

Se tienen que aplicar medidas más duras, una multa grande como ya se ha hecho en otras entidades, con sanciones de hasta ocho mil pesos como ha ocurrido en Chihuahua o Guanajuato, reforzó María Elena González.

Por su parte, David Ramos lamentó que la mayoría en el Congreso se haya rehusado a la aplicación de multas a quienes no utilicen cubrebocas, ponderando el asunto electoral y más específicamente, las elecciones del próximo año, es decir, se operó por el tema de interés político, al relativo a la salud, que es lo más importante.

Cuestionado al respecto, el legislador reconoció que en efecto, la Ley contempla la posibilidad de que sean los ayuntamientos las instancias responsables de determinar alguna sanción a quienes no cumplan medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, empero, estimó que la Ley tendría un mejor respaldo si se marcaran sanciones de forma directa, es decir, que no quedara la determinación a criterio de los gobiernos municipales.

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