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No permitirá gobierno estatal más bloqueos

  • Mariano Alvarado Martínez
  • en LOCAL

 

No es posible seguir soportando que se bloqueen las calles, que se obstruyan carreteras, que se tomen o que se atente contra una propiedad privada: Alanís

 

La administración estatal no permitirá más bloqueos impunes que si bien, las manifestaciones están consignadas por la Constitución del país, la misma Constitución es precisa en que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los otros.

Si las autoridades fueran decididas en sus actuaciones, si resolvieran sin presión de los empleados, no habría bloqueos.

Proceder legalmente contra los bloqueadores es posible, pero la legislación es muy sensible al sector. Amén de que la autoridad siempre teme a la represión y actúa con criterio político pensando en los votos del futuro.

 

CUALQUIER MANIFESTACIÓN PACÍFICA SERÁ BIENVENIDA

 

Estos tres aspectos fueron abordados precisamente por el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, por el dirigente de la Coordinadora Nacional del Magisterio, Rafael Montes Hernández y por el presidente de la Barra de Abogados Benito Juárez, Mario Pozo Riestra.

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Adrián Alanís dijo que a lo largo de esta administración son tantos los conflictos de que ha tenido conocimiento que ni cuenta lleva.

Se han resuelto ciertamente, pero no es posible seguir más soportando que se bloqueen las calles, que se obstruyan carreteras, que se tomen oficinas y menos aún, como en el caso más reciente, que se atente contra una propiedad privada impidiendo el acceso.

Señaló que ahora, cualquier manifestación pacífica será bienvenida, no así si se violentan los derechos ajenos, por alguien que tiene detrás a otro con sus propios fines personales.

Fue enfático: se procederá y a pregunta del reportero sobre si le trae consecuencias en su investidura, contestó tajante.
No nací secretario de Gobierno.

 

LA AUTORIDAD SÓLO ATIENDE CUANDO SE LE PRESIONA

 

Rafael Montes, que ha bloqueado calles, que ha realizado marchas, tomas de oficinas y bloqueos al frente de los profesores la CNTE, aseguró que el problema es que la autoridad deja pasar las cosas y sólo atiende cuando se le presiona. No se quiere recurrir a estas medidas pero no le dejan otra solución.

En torno al bloqueo de calles, a la corrupción del estado, acepta que es ilegal,  acepta que irrita a la ciudadanía, pero lo justifica como que lo que quieren es  que el ciudadano se vuelva contra quien lo propicia, contra los que son responsables, las autoridades que no atienden reclamos que son justos.

Lo más reciente, cuando se reclamó el sueldo de 9 profesores que no se presentaron a evaluación y causaron baja.

Se pidió reinstalación o despido, pero la autoridad educativa, con el pretexto de que la educación  es de otra esfera y no que resolvieron y hasta cuando les tomaron las oficinas de la SEED.

Igual o más en otros ámbitos. La persona llega cuando se tiene respuestas pacíficas a las demandas.

Adrián Alanís un tanto engallado señaló que se habrá de respetar la ley, que se respetará el derecho de petición, de manifestación, pero sin lastimar a otros, que ninguna culpa de reclamos ajenos por justos que sean.

Insistió en que ni cuenta lleva de los casos que se han resuelto en su dependencia a lo largo de la administración, porque hay instrucciones precisas para proceder contra la gente al manifestarse si incurren en un delito.

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Mario Pozo Riestra, el dirigente de los abogados organizados en la barra Benito Juárez, dijo que problema es que existe el delito de obstrucción a las vías generales de comunicación, pero éste no se especifica si en estos incluyen las calles y en tal caso, sería fácil con un amparo liberar alguna acción judicial.

Empero, debe intentarse y se estima, aunque se muestra excepción porque la sociedad prefiere dejar hacer y dejar pasar para no meterse en problemas y coincide con Montes, los bloqueos y manifestaciones violentas los propicia la misma autoridad con su desinterés en resolver oportunamente algún ’movimiento.

Citó como ejemplo la obstrucción de un grupo llamado social, en una construcción de propiedad privada.

El dueño está en su derecho de interponer una denuncia ante la fiscalía y aunque sería

difícil  aprehender a  todos los que se plantaron, se podría lograr, sólo que tiene como experiencia como abogado, en su barra y en su despacho, que las denuncias ante la fiscalía son letras muerta,

El consejero electoral, dijo positiva “si resultara cierta” la actitud de la administración de proceder contra quienes confunden el derecho a manifestarse, como el derecho a lastimar a otros.

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Sobre el fraccionamiento Los Cedros.

Sonia Alcazar

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