Los legisladores locales votaron por unanimidad para modifican la estructura del Poder Judicial del Estado y otorgar el estatuto de autonomía constitucional al Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Con el voto unánime de las y los diputados de los distintos grupos y representaciones parlamentarias que la conforman, el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que contiene diversas reformas a la Constitución Política local en materia de Órganos Constitucionales Autónomos, fue aprobada.
Te recomendamos: Sideapa no ha evadido responsabilidad de accidente en Gómez Palacio
Los órganos constitucionales autónomos realizan funciones de Estado de carácter especializado y, según se explica en los considerandos del Dictamen legislativo, surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.
En relación a la Fiscalía Anticorrupción, se reformó y adicionó los artículos 102, 130 y 146 Ter de la Constitución Política local en los que se define la naturaleza jurídica de esta institución de procuración de justicia especializada como órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El texto del artículo 146 Ter, Capítulo VIII del Título Quinto, queda de la siguiente manera: “La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, contará con autonomía técnica, operativa, financiera y de gestión para investigar y perseguir los hechos que sean materia de actos de corrupción que la ley considera como delitos”.
El Tribunal de Justicia Administrativa también se incorpora al Título Quinto De los órganos constitucionales autónomos, institución que junto con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción forma parte del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. Esta determinación del poder Legislativo, cabe señalar, recupera la visión precursora de la reforma constitucional de 2013, cuando se crea la Comisión Anticorrupción del Estado de Durango como órgano encargado de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos del Estado y los municipios.
La reforma Constitucional de mérito, de ser ratificada con el voto de los Ayuntamientos que integran el Constituyente Permanente, representa un importante avance en la consolidación del Estado social, constitucional y democrático de Derecho, la observancia de los compromisos de México en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), y para el fortalecimiento del Sistema Local Anticorrupción.