El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José de la Luz López Pescador, fue el encargo de rendir el cuarto informe de resultados, debido a que el magistrado presidente, Esteban Calderón Rosas, anunció recientemente su aislamiento debido a un posible caso de Covid-19.
En su calidad de vicepresidente del Poder Judicial del estado de Durango, López Pescador, destacó la importancia que reviste el trabajo de cada uno de los que colaboran desde su responsabilidad para fortalecer el gran compromiso de impartir justicia pronta y expedita.
En sesión solemne pública llevada a cabo de manera virtual a fin de cumplir con los protocolos de Salud, se cumplió con el mandato constitucional de presentar el informe anual del periodo comprendido del 1 de julio de 2019, al 31 de junio de 2020.
Ante el pleno del TSJ y del Consejo de la Judicatura, el magistrado destacó el crecimiento del Poder Judicial en infraestructura física, el cual representa mejores condiciones laborales para los servidores judiciales y una atención de mayor calidad para quienes recurran a esta instancia.
Entre las obras entregadas durante el periodo que se informa, destacan las salas de juicios orales en materia penal y mercantil, el Centro de Justicia de San Juan del Río y una bodega de evidencias; las primeras ubicadas a un costado del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, cuyo edificio cuenta con cuatro espacios para audiencias equipadas con tecnología de punta de videograbación y trasmisión de audio y video.
Estas edificaciones permitirán la realización de un número mayor de audiencias, que finalmente también beneficiará en la reducción de tiempos procesales al contar con más espacios donde sea posible desahogar los asuntos que le sean turnados.
El trabajo jurisdiccional no es poco, en el periodo que se informa se recibieron y tramitaron 27 mil 315 nuevos asuntos, además se dictaron siete mil 796 sentencias en las diferentes materias.
Para poder hacer frente a los requerimientos cada vez mayores de los duranguenses, se trabajó en el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas del personal que representa, pues es la principal fortaleza del Poder Judicial, especialmente en el tema de igualdad y perspectiva de género aplicado al trabajo jurisdiccional.
“Es importante señalar que con la finalidad de atender la declaratoria de alerta de género en 16 municipios de nuestro estado, se impartieron, a más de 500 servidores judiciales el diplomado, el enfoque de derechos humanos y la perspectiva diferencial y especializada de los derechos de las mujeres”, señaló, el cual se realizó en tres modalidades: presencial, semipresencial y virtual, esta última a través de la plataforma de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).
En respuesta a la entrega en el trabajo y conscientes de que el bienestar de los trabajadores es fundamental, en una acción sin precedentes se otorgaron 396 plazas de confianza a personal que tenían, algunos de ellos, hasta 12 años en la incertidumbre de un contrato por tiempo determinado.
“Estamos seguros que este esfuerzo se verá reflejado en un mejor desempeño de nuestras funciones, convencidos de que el Poder Judicial, no son sus edificios, no son sus muebles, el Poder Judicial somos su gente”, subrayó el vicepresidente.
No dejó de lado las dificultades y retos que implicó el surgimiento de la pandemia provocada por el Covid-19; si bien se tuvo la necesidad de suspender los términos procesales, en ningún momento se detuvo el trabajo y se atendieron los casos urgentes en las materias familiar y penal.
Mediante diversos acuerdos generales y administrativos de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, publicados oportunamente en el sitio web, el Poder Judicial del estado de Durango ha implementado diferentes acciones.
“Se trabajó mediante un sistema de guardias, iniciamos campañas para socializar las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sanitizamos los espacios físicos y nuestros compañeros vulnerables al coronavirus se quedaron a trabajar desde casa”, dijo.
En un esfuerzo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de los juzgados de Control y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se liberaron 412 personas internadas en los Centros de Reinserción Social de Durango, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro, con el objetivo de evitar la propagación del SARS-CoV-2.
Sensibles al llamado del gobernador, José Rosas Aispuro Torres y en apoyo a la emergencia sanitaria, se realizó una donación cercana a los seis millones de pesos en especie, en la que entregaron a la Secretaría de Salud (SSD) 23 mil 392 overoles médicos y dos mil 838 tapabocas-respirador N95.
Además urgió a la modernización estructural y orgánica del Poder Judicial a fin de adecuar su labor a las necesidades actuales donde el uso de las herramientas informáticas y de comunicación reviste especial importancia.
“Ante las presentes adversidades surge una nueva normalidad en la que inevitablemente se encuentra inmersa nuestra función sustantiva, que conlleva grandes retos en la implementación de tecnologías de la comunicación que nos permitan agilizar los servicios jurisdiccionales en todas las materias judiciales. El gran reto de los siguientes meses y años será la implementación de la justicia digital”, explicó el magistrado, José de la Luz López Pescador.
“En los últimos 12 meses de trabajo, sentamos las bases, que en el corto y mediano plazo permitirán ver cristalizados los esfuerzos para simplificar los procesos judiciales y con ello agilizar el acceso a la justicia en Durango, como lo demanda la sociedad actual”.
Finalmente, refrendó el compromiso de cumplir con la misión de impartir y administrar una justicia humana y transparente, bajo las directrices emitidas por el pleno y de la presidencia del TSJ.
