Es de vital transcendencia que el Instituto Estatal de la Mujer en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, elaboren un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, consideró la diputada Sandra Amaya Rosales al presentar la iniciativa de reformas a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia.
“Con la presente iniciativa, además de cumplir con la homologación del marco normativo general en la materia, el Grupo Parlamentario de Morena, cumplimos con el compromiso adquirido al suscribir la agenda legislativa común, impulsando reformas para que exista una igualdad de oportunidades para las mujeres”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.
En este sentido, señaló que la violencia contra las mujeres puede expresarse y manifestarse de diversas maneras, ya sea física, emocional, psicológica, sexual, económica, laboral y/o política; además de que puede llegar a presentarse en diferentes espacios, como centros laborales, escuelas y núcleos familiares.
“Una de las formas de violencia en contra de las mujeres, es el hostigamiento o acoso sexual, mismo que se ha presentado a lo largo de los años en los centros de trabajo, es por eso que la Organización Internacional del Trabajo en su lucha por erradicarlo, lo ha definido como una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada”, resaltó.
Al respecto, Amaya Rosales, precisó que el acoso sexual puede presentarse como chantaje cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral para que acceda a comportamientos de connotación sexual.
Según el Informe Global de Brecha de Genero 2018, realizado por el Foro Económico Mundial, que tiene como objetivo medir las brechas entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos como el político, económico, laboral y educativo, refleja que, en el país, las diferencias de género más difíciles de cerrar son las dimensiones de empoderamiento económico y político, mismas que tardarán 202 y 107 años en cerrarse, respectivamente.
Agregó también que el Informe realizado por el Foro Económico Mundial revela que nuestro país se encuentra en el lugar 122 de 200 países evaluados, es decir, por debajo de la media mundial, lo que se traduce en una alarmante brecha entre mujeres y hombres en cuanto a la paridad económica, situación que debe ser atendida y combatida inmediatamente propiciando las herramientas necesarias a través de las adecuaciones necesarias a nuestros marcos normativos.
