El diputado federal Juan Carlos Maturino Manzanera, propuso un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para revisar, con urgencia, tanto la normativa que regula la prestación del servicio social en materia de salud, como los sistemas de seguridad con que cuentan las unidades médicas públicas del país.
A través de un punto de acuerdo respaldado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador lanzó el llamado a las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para implementar, en lo inmediato, medidas de seguridad en los campos clínicos de la República Mexicana.
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El punto de acuerdo expone, en primer término, que el ente encargado de la política nacional de seguridad, en conjunto con el Sector Salud, diseñe e implemente sistemas de seguridad para todos los centros de salud del país, a partir de un plazo de seis meses para informar al Congreso de la Unión las acciones implementadas y, en un año, los resultados alcanzados.
En el segundo de los dos puntos planteados, se exhorta al Consejo de Salubridad General, encabezado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a que revise y actualice, considerando los índices de violencia que prevalecen en el país, la “Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud”.
Esto con el fin de garantizar la seguridad personal de los médicos, odontólogos y cualquier otro profesional de la salud que, con base en dicho marco normativo, deba prestar su servicio social en clínicas y hospitales pertenecientes al Sector Salud de nuestro país.
Dicha Norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2014 y, en virtud del contexto actual en el que se encuentra el país en cuanto a inseguridad, ésta requiere una revisión profunda, pues entre los criterios mínimos, apuntó Maturino Manzanera, deben tomarse en cuenta la funcionalidad de sus mecanismos en materia de seguridad.
Esto implica, de igual forma, la actualización del Programa Operativo, que toma en cuenta sólo las necesidades epidemiológicas y demográficas de cada entidad para la asignación de los campos clínicos, documento en el que también tendrá que apuntarse el cumplimiento de requerimientos que garanticen el bienestar personal del pasante.
El legislador duranguense hizo referencia a los dos asesinatos más recientes que tuvieron como víctimas a jóvenes pasantes de medicina: Luis Fernando Montes de Oca Armas de 23 años, asesinado cuando, a bordo de una ambulancia, trasladaba hacia Fresnillo, Zacatecas, a una mujer embarazada.
Montes de Oca Armas era estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara y levaba a la paciente desde la clínica a la que estaba asignado, en Huejuquilla El Alto, en Jalisco, hacia un centro médico de la ciudad zacatecana. El lamentable suceso ocurrió el 1 de julio de 2021.
El segundo caso, más reciente, sucedió el 15 de julio en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, cuando el médico pasante Éric David Andrade Ramírez fue asesinado a balazos por un paciente al que estaba atendiendo y que, según la investigación, había ingresado armado al centro médico, sin que antes pasara por algún filtro de seguridad. Era estudiante de la Universidad Autónoma de Durango.
Ante este panorama, las principales instituciones educativas de Durango anunciaron la suspensión del servicio social en el interior del estado, lo que ya exigen también pasantes y organismos médicos de otros estados de la República.
La propuesta con Punto de Acuerdo fue publicada el miércoles 27 de julio en la Gaceta Parlamentaria, y plantea que sea la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quien exhorte a las dependencias para que atiendan esta problemática, en los términos plateados por el diputado Maturino Manzanera y respaldado por las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Zepeda Martínez, María del Carmen Escudero Fabre, Marina Mancillas Cabrera y Vicente Javier Verástegui Ostos, integrantes de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.
