/ martes 26 de octubre de 2021

Proponen prohibir a casas de empeño aceptar escrituras en garantía

La diputada de Morena, Sandra Amaya Rosales, pretende que dichas empresas no se aprovechen de la necesidad de quienes en ese momento se encuentran en una situación vulnerable

La diputada de Morena, Sandra Amaya Rosales, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Durango, una iniciativa que comprende prohibir a las casas de empeño recibir como prenda las escrituras de una casa o propiedades de los duranguenses.

Esto con el propósito de proteger los intereses de las familias duranguenses, sobre todo aquellas de escasos recursos que en muchas ocasiones se ven obligadas a poner en juego su patrimonio para pagar deudas adquiridas con los denominados “agiotistas”.

Y es que consideró que la necesidad no debe ser la oportunidad para que estas empresas abusen de los ciudadanos, de ahí la importancia que desde el Congreso estatal se eliminen este tipo de excesos.

“Esta iniciativa es una herramienta en contra de los abusos, es una oportunidad para reflejar el sentir ciudadano en la ley, por ello invito a acompañar esta iniciativa, como lo hago siempre, les pido su análisis, sus propuestas y por supuesto su apoyo con la aprobación”, señaló al realizar la ampliación de motivos de las reformas a Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado,

En este sentido, Amaya Rosales comentó que el crecimiento de casas de empeño es el resultado de la disfuncionalidad de un sistema bancario que presta y peor con altas tasas de interés y más requisitos.

“Las casas de empeño cubren la demanda de personas que no pueden acceder al sistema financiero, pero insistimos, bajo condiciones de altos intereses, que llegan a ser hasta cuatro veces más altas que las que cobran los bancos, aun cuando existe una garantía prendaria y una subvaluación incluso de 80 por ciento del valor de prenda”.

Por ello, dijo que la denominación de casa de empeño tiene un significado muy distinto al de la beneficencia ante la falta de un marco normativo en relación a su actividad prendaria del orden comercial donde los usuarios sen quejan de las elevadas tasas de interés, la usura y constantes abusos en los parámetros de avalúo de la prenda.

La diputada de Morena, Sandra Amaya Rosales, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Durango, una iniciativa que comprende prohibir a las casas de empeño recibir como prenda las escrituras de una casa o propiedades de los duranguenses.

Esto con el propósito de proteger los intereses de las familias duranguenses, sobre todo aquellas de escasos recursos que en muchas ocasiones se ven obligadas a poner en juego su patrimonio para pagar deudas adquiridas con los denominados “agiotistas”.

Y es que consideró que la necesidad no debe ser la oportunidad para que estas empresas abusen de los ciudadanos, de ahí la importancia que desde el Congreso estatal se eliminen este tipo de excesos.

“Esta iniciativa es una herramienta en contra de los abusos, es una oportunidad para reflejar el sentir ciudadano en la ley, por ello invito a acompañar esta iniciativa, como lo hago siempre, les pido su análisis, sus propuestas y por supuesto su apoyo con la aprobación”, señaló al realizar la ampliación de motivos de las reformas a Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado,

En este sentido, Amaya Rosales comentó que el crecimiento de casas de empeño es el resultado de la disfuncionalidad de un sistema bancario que presta y peor con altas tasas de interés y más requisitos.

“Las casas de empeño cubren la demanda de personas que no pueden acceder al sistema financiero, pero insistimos, bajo condiciones de altos intereses, que llegan a ser hasta cuatro veces más altas que las que cobran los bancos, aun cuando existe una garantía prendaria y una subvaluación incluso de 80 por ciento del valor de prenda”.

Por ello, dijo que la denominación de casa de empeño tiene un significado muy distinto al de la beneficencia ante la falta de un marco normativo en relación a su actividad prendaria del orden comercial donde los usuarios sen quejan de las elevadas tasas de interés, la usura y constantes abusos en los parámetros de avalúo de la prenda.

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