El Trife advirtió la competencia del Congreso del estado para sancionar al servidor público José Ramón Enríquez Herrera conforme a nuevas reglas, abandonando criterios anteriores, variando con ello su postura respecto de la impunidad pretendida.
En un comunicado de prensa emitido por el poder Legislativo local, menciona que el Trife efectivamente ordenó se sancionara al alcalde por haber violado la Constitución.
Continúa: la afirmación de que a lo más podrá ser amonestado es falsa, pues ya ha sido amonestado con anterioridad, y ello constituye reincidencia para estar en la posibilidad que conforme a la ley se puedan imponer sanciones más severas.
“La información que se vierte confirma la posibilidad y competencia de que el Congreso en este momento pueda sancionar al alcalde, lo cual es incontrovertible, porque el procedimiento y la sanción corresponden a la ejecución a una sentencia de último grado”.
Las apreciaciones que aluden al sobreseimiento de la sentencia del juzgado segundo en razón de la inexistencia del acto es falsa porque en realidad el juzgador resolvió en congruencia con la sala superior al reconocer los actos como de manera electoral, lo que los hace incompatibles con el amparo y la controversia constitucional conforme a la Carta Magna, agrega el comunicado.
“En cuanto al respeto irrestricto a la ley, es notorio que no lo es, tal es así que la autoridad electoral en forma reciente lo volvió a declarar en infracción a la constitución al promocionarse en forma indebida en los recientes festivales organizados por el municipio de Durango, habiéndole dado vista, solicitando se le imponga una sanción”.
Es cierto que deberá iniciarse un juicio sumario al amparo de una jurisprudencia del propio Trife, que reconoce la jerarquía del Congreso para imponer la sanción y la existencia de una infracción a la Constitución, concluye la información dada a conocer por la presente legislatura.
