Luego de que la comunidad directiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas le refrendara el apoyo a su administración, el rector Rubén Solís Ríos ofreció todo el respaldo que se requiera para que se logre el propósito de obtener la acreditación internacional de la Licenciatura en Derecho, que ya está acreditada y reacreditada a nivel nacional, avalada por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (CONAED), “…lo cual me daría mucho gusto, ya que sería la cuarta Facultad que lo haría, cumpliendo con los lineamientos de calidad académica…”, expresó el guía universitario.
Expresó que estará muy pendiente del trabajo que se haga en la búsqueda de la acreditación internacional; “…en tiempos de campaña nos fijamos como meta que todos los programas académicos de las facultades estuvieran reconocidos por su calidad a nivel internacional; en la actualidad sólo lo han logrado la Facultad de Economía, Contaduría y Administración; Ciencias Forestales y recientemente Medicina Veterinaria, ojalá que el próximo sea el de Derecho…”, confió el Rector.
La Licenciatura en Ciencias Políticas también fue evaluada y actualmente se encuentra en el Nivel II de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y en el transcurso de este año se trabajará con la mira de que se pueda avanzar para su acreditación.
En lo que se refiere a infraestructura, Solís Ríos dijo que la construcción de una barda para salvaguardar la integridad física de los estudiantes está por quedar terminada; la impermeabilización de los techos de salones está en marcha, “…estos trabajos se están realizando con recursos de un programa especial, mezclados con el rendimiento económico que se tuvo el año pasado, son obras sencillas, pero de gran significado para la Facultad…”, expresó.
Explicó que 2020 será un año de retos para la Universidad, el primero de ellos es el financiero, desafortunadamente se ejercerá el mismo presupuesto que se asignó para 2018 y 2019, solamente se ha incrementado lo equivalente al efecto de la inflación, que significa alrededor del 3.5 por ciento.
Dijo que con esos recursos se hará lo posible para poder sacar adelante los compromisos que tiene la Universidad, “…el pasado mes de diciembre fue el momento más difícil, porque veíamos que se acercaba la fecha del pago de las prestaciones de fin de año y nosotros no contábamos con el recurso, se hicieron esfuerzos para cumplir y esperamos que este mes se normalice la situación y podamos ser puntuales en la cobertura del pago de los salarios. Con un presupuesto con la misma cantidad al del año pasado nos obliga a entrarle en serio a un programa de austeridad…”, expresó.
Por su parte, un nutrido grupo de la comunidad jurídica-política, coordinadores de carrera y catedráticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, encabezados por el director Rafael Mier Cisneros, manifestaron estar listos para apoyar al rector y sacar adelante su proyecto de trabajo al frente de la máxima casa de estudios, así como los retos que vienen para la Universidad en este año.
Asimismo, ofrecieron su participación para hacer una propuesta relacionada con la actualización del Reglamento General, que aproximadamente desde 1962 no se ha reformado, y estaría de acuerdo con la Ley Orgánica y con las necesidades de la Universidad, dentro del marco de la legalidad.La propuesta la harían llegar a Rectoría en este mismo semestre para su estudio y revisión, con lo cual se contaría con un instrumento del que se pueda partir para no estar trabajando con un reglamento obsoleto que ha llevado a la pérdida de juicios por no contar con un reglamento actualizado.
