Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentamos que la Miscelánea Fiscal para 2022 propuesta por el Ejecutivo Federal fuera aprobada por la mayoría que lo representa en la Cámara de Diputados sin atender las propuestas de la sociedad y de la Iniciativa Privada, declaró Oscar Moreno Litlettón.
“Confiamos en que el Senado de la República atenderá los planteamientos hechos por el sector empresarial, especialistas y representantes de organizaciones sociales para no avalar en sus términos los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en el Código Fiscal de la Federación, que buscan otorgar un mayor control a la autoridad fiscal, pero sin tomar en cuenta las afectaciones a los derechos de los contribuyentes”, señaló.
Coparmex, en su participación en el Parlamento Abierto para el análisis del Paquete Económico 2022 convocado por la Cámara de Diputados, se les hizo saber la preocupación a las reformas planteadas en más de 200 artículos de las citadas leyes fiscales.
Entre estas modificaciones, señalamos, dijo, las vinculadas con que sea el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien determine la “razón de negocios” en fusiones y división de sociedades, así como reestructuras corporativas, o que se establezcan facultades para que sea la autoridad fiscal quien determine la “simulación de actos” en facultades de comprobación, toda vez que ésta última abre la posibilidad de darles consecuencias penales y no sólo tributarias, a su determinación.
Asimismo, señalamos que, no existiera la obligación de que las personas que apenas son mayores de edad y aun no son trabajadores se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, y que no exista la obligación de presentar declaraciones o que sean sancionados por su incumplimiento… “Hace pensar que esta medida únicamente busca un mayor control por parte de las autoridades, ya que el motivo principal de la inscripción es la generación de ingresos por los cuales se debe realizar el pago de impuestos”.
Les manifestamos que en tanto exista disposición de las partes para continuar, no existe razón justificada para limitar a 12 meses la temporalidad de los “Acuerdos Conclusivos”, toda vez que, es una herramienta que ha resultado viable tanto para el fisco como para el contribuyente para resolver las auditorías.
Por lo que hace a la idea de considerar como “contrabando” el transporte de bienes o mercancías sin el CFDI de tipo de ingreso o traslado, con el Complemento de Carta Porte respectivo, consideramos que es una medida excesiva, toda vez que existen sanciones aplicables a nivel administrativo, por lo que pareciera que únicamente se quiere continuar con la política de criminalizar a los contribuyentes.
Moreno Litlettón dijo que se les expusó que en la recién aprobada Miscelánea, existen mecanismos como: La facultad de la autoridad fiscal de rechazar la solicitud de Firma Electrónica Avanzada o de Certificado de Sello Digital; Eliminar los supuestos para utilizar el procedimiento de aclaración en casos de suspensión y Aumentar los supuestos para restringir temporalmente el Certificado, que afectan la actividad económica formal al no permitir que los contribuyentes expidan de manera ordinaria sus comprobantes fiscales, por meras presunciones.
Lo anterior implica la parálisis mercantil de las empresas y de la formalidad. Desde Coparmex hemos insistido públicamente tanto al Ejecutivo como a los legisladores en el Parlamento Abierto, en temas relativos a la deducción de créditos fiscales incobrables, no puede seguirse financiando el Gobierno a costa de los contribuyentes, dilatar su deducibilidad solamente perjudica a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Luego de la aprobación de la Miscelánea, lamentamos que los diputados no hayan tomado en cuenta el trabajo y aportaciones de quienes participamos en el Parlamento Abierto, y que realizamos con el ánimo de construir un régimen -llamado de Confianza- que verdaderamente funcione.
Por otro lado, consideró que el tema relativo a limitar la deducibilidad de los donativos que las personas físicas pueden realizar tendrá efectos negativos en la labor de asistencia social que brindan las organizaciones donatarias autorizadas en el país, cuya labor complementa el trabajo que el gobierno no alcanza a realizar para atender las necesidades de la población.
Advertimos también que criminalizar a los profesionales de la contabilidad tampoco es una buena propuesta, pues además de violar el principio de no autoincriminación consagrado en nuestra Constitución, es desproporcional respecto al fin buscado. Atemorizar a los contribuyentes o los terceros relacionados con ellos no es una forma adecuada de crear cultura tributaria.
Por último, hizo un llamado a los Senadores de la República para que en un ejercicio de profundo análisis, en el que se atiendan las propuestas, planteamientos e inquietudes de la sociedad, legislen y reviertan las profundas deficiencias de una Miscelánea que, como la que fue aprobada por los diputados, atenta contra los jóvenes, contra el bienestar y promueve el terrorismo fiscal.