/ miércoles 26 de junio de 2024

Sentencia juez a excajera de Finanzas por delito de peculado

La excajera no depositaba a las arcas del erario público el monto correspondiente al examen médico, sino que ésta cantidad era retenida para su beneficio personal

A un año 11 meses de prisión, y el pago de una multa por 14 mil 834 pesos como reparación del daño al erario, fue la sentencia que el juez de control y enjuiciamiento impuso a Claudia Viridiana Zúñiga Santiesteban, quien cometió el delito de peculado, mientras se desempeñaba como cajera de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Administración adscrita a la Subsecretaría de Movilidad y Transportes.

Según información emitida por la Fiscalía Anticorrupción, la antes mencionada estuvo en un proceso de investigación en el que se detectó que al cobrar los derechos por la emisión de licencias de chofer para transporte público, no depositaba a las arcas del erario público el monto correspondiente al examen médico, sino que ésta cantidad era retenida para su beneficio personal y entregaba al contribuyente un recibo falso.


Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción cumplieron con la orden de aprehensión emitida por el juez a solicitud del agente del Ministerio Público Anticorrupción, luego de presentar pruebas contundentes sobre la participación de la señalada por el delito de peculado.


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De ahí que tras llevar a cabo dicho proceso, se acreditó ante la responsabilidad de la exservidora pública en mención y con ello se obtuvo la sentencia condenatoria tras un procedimiento abreviado.

Imagen ilustrativa / No depositaba a las arcas del erario público el monto correspondiente al examen médico / Foto: Saul López / Cuartoscuro.com

Con esto, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango, informó apenas el domingo pasado sobre otra sentencia lograda en contra de una ciudadana, por falsificación de documentación oficial y la usurpación de la identidad de su expareja para realizar una inscripción indebida ante el Registro Civil.

Dicho resultado es parte de las investigaciones realizadas en la institución para desmantelar la red de impresión ilegal de documentos oficiales de la dependencia, misma que se extendía incluso a otras partes del estado.

A un año 11 meses de prisión, y el pago de una multa por 14 mil 834 pesos como reparación del daño al erario, fue la sentencia que el juez de control y enjuiciamiento impuso a Claudia Viridiana Zúñiga Santiesteban, quien cometió el delito de peculado, mientras se desempeñaba como cajera de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Administración adscrita a la Subsecretaría de Movilidad y Transportes.

Según información emitida por la Fiscalía Anticorrupción, la antes mencionada estuvo en un proceso de investigación en el que se detectó que al cobrar los derechos por la emisión de licencias de chofer para transporte público, no depositaba a las arcas del erario público el monto correspondiente al examen médico, sino que ésta cantidad era retenida para su beneficio personal y entregaba al contribuyente un recibo falso.


Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción cumplieron con la orden de aprehensión emitida por el juez a solicitud del agente del Ministerio Público Anticorrupción, luego de presentar pruebas contundentes sobre la participación de la señalada por el delito de peculado.


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De ahí que tras llevar a cabo dicho proceso, se acreditó ante la responsabilidad de la exservidora pública en mención y con ello se obtuvo la sentencia condenatoria tras un procedimiento abreviado.

Imagen ilustrativa / No depositaba a las arcas del erario público el monto correspondiente al examen médico / Foto: Saul López / Cuartoscuro.com

Con esto, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango, informó apenas el domingo pasado sobre otra sentencia lograda en contra de una ciudadana, por falsificación de documentación oficial y la usurpación de la identidad de su expareja para realizar una inscripción indebida ante el Registro Civil.

Dicho resultado es parte de las investigaciones realizadas en la institución para desmantelar la red de impresión ilegal de documentos oficiales de la dependencia, misma que se extendía incluso a otras partes del estado.

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