- En enero inicia el diálogo con los titulares de Sedena, Semary CNSP
- Se busca afinar la Ley de Seguridad Interior; es posible elextraordinario
- Académicos y sociedad civil piden discutirla ampliamente ysin prisas
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es una deuda quetienen los legisladores con las Fuerzas Armadas, la institucióncon el mayor prestigio a consideración de los ciudadanos.
Es por ello que diputados y senadores iniciarán los trabajosconjuntos para sacarla adelante a partir de enero. Las primerasreuniones serán con los titulares de Secretaría de la DefensaNacional, Marina, así como con el titular de la Comisión Nacionalde Seguridad Pública y Policía Federal, entre otros.
El proceso de la discusión de la Ley de Seguridad Interiorparte de dos iniciativas presentadas tanto en el Senado como en laCámara de Diputados. Una de ellas es impulsada por el senador delPAN, Roberto Gil Zuarth, y una más por el líder de los diputadosdel PRI, César Camacho Quiroz y de la diputada Martha SofíaTamayo, las cuales buscan dar el respaldo legal a las fuerzasmilitares y normalizar su actuación en acciones de seguridadpública, en la que ha venido auxiliando desde hace 10 años a laspolicías estatales y municipales en las calles de varias entidadesfederativas.
La propuesta presentada en septiembre pasado por el panistaplantea que las fuerzas Armadas podrán intervenir en dichaslabores solo cuando exista una “declaratoria de afectación de laseguridad interior”, a petición del Ejecutivo federal, losgobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, elSenado o por mayoría en algún Congreso local.
La Ley de Seguridad Interior plantea también la integración deun Comité de Seguridad Interior, que será la instancia superiorde coordinación en el marco del Consejo de Seguridad Nacional,integrado por el Secretario de Gobernación (quien lo presidirá),y los titulares de la Defensa Nacional, de Marina, de RelacionesExteriores, así como el fiscal General de la República, elcomisionado Nacional de Seguridad, el secretario Ejecutivo delSistema Nacional de Seguridad Pública, el comisario general de laPolicía Federal, el director general del CISEN como secretariotécnico del Comité y el presidente de la Comisión Bicameral deSeguridad Nacional del Congreso de la Unión.
Se establece además que la “declaratoria de afectación de laseguridad interior” será temporal y podrá darse por concluidamediante acuerdo del Presidente de la República o votación en elSenado, previo dictamen de la Comisión Bicameral de SeguridadNacional.
La iniciativa del PAN propone la intervención de comunicacionesprivadas, la extracción de información, la geolocalización yentrega de datos conservados de sistemas informáticos, comotécnicas especiales de investigación en materia de seguridadinterior bajo control judicial y sin que sea necesaria la emisiónde la declaratoria de afectación.
Las facultades en la materia se otorgan exclusivamente al CISEN,previéndose mecanismos de compartición e intercambio deinformación entre las diversas instancias -CISEN, Sedena, Semar,CNS y FGR- en el seno del Comité de Seguridad Interior a travésde un Subcomité Especializado en Inteligencia.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de SeguridadPública y Estudios Legislativos para su análisis y dictamencorrespondiente.
PROPUESTA DEL PRI, RESPALDADA POR LA SEDENA
La propuesta presentada a la Cámara de Diputados por loslegisladores del PRI diferencia la seguridad nacional de lainterior, y prevé la participación del Ejército y la Marina enacciones de orden interno, que serían coordinadas por laSecretaría de Gobernación.
La propuesta prevé que militares y marinos puedan hacer uso decualquier método de recolección de información y obligaría alas instituciones gubernamentales, así como a los órganosautónomos, a proporcionar información.
Plantea además que entre las amenazas concretas queameritarían la intervención del Ejército y la Armada seconsideran: fenómenos por cambio climático, corrupción,deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridadpública, terrorismo, delincuencia organizada, portación ytráfico ilícito de armas de fuego, entre otros.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación parasu dictamen, y se dice que contó con el visto bueno del titular dela Sedena, Salvador Cienfuegos.
La propuesta de Camacho y Tamayo permite, bajo el principio degradualidad en el uso de la fuerza, disponer de las fuerzas armadascomo la última ratio del poder nacional.
La iniciativa prevé el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional,para determinar la intervención de la Federación en temas deseguridad interior, así como del secretario de Gobernación, en sucarácter de secretario ejecutivo del Consejo, para coordinar elanálisis estratégico de las amenazas. La intervención se hará apartir de acciones de seguridad interior y de acciones de ordeninterno.
Por su parte, se presentan opiniones contrapuestas entrediputados por un lado, y académicos y organizaciones civiles enotro.
Diputados van por extraordinario; la academia y organizacionesciviles piden a legisladores tomarse su tiempo
El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional,el diputado Waldo Fernández, aseguró a El Sol de México queexisten todas las condiciones para que se convoque en el Congresode la Unión a un periodo extraordinario con el fin de aprobar laLey de Seguridad Interior.
“Hay que darle a las fuerzas armadas un marco jurídico. Lasfuerzas armadas hace ya casi 10 años que por una decisión delEjecutivo fueron solicitados su apoyo para intervenir en tareas deseguridad interior o de seguridad. Y desde ahí la clase políticase ha visto, al menos mezquina, al no darles un marco legal deactuación. Necesitamos ya darle a las fuerzas armadas certezajurídica, porque ¿qué es lo que sucede? Que todos losgobernadores o alcaldes dicen, que vengan las fuerzas armadas,cuando son a veces casos de seguridad pública común que ellospueden atender, generan una expectativa en el ciudadano y luegovemos a nuestras fuerzas armadas trabajando en beneficio de lasociedad, pero sin un marco legal que les permita saber cuáles sonlos protocolos para seguir en cada caso. ¿Cuándo deben interveniry cuándo no? Y sobre todo, ¿cuándo deben de regresar a sucuartel?”.
En contraste, académicos y representantes de organizacionesciviles pidieron que la Ley de Seguridad Interna se discuta demanera amplia y sin prisas. Consideraron que “un periodoextraordinario no sería suficiente para analizarla a fondo y paraescuchar todas las voces”.
En su oportunidad, la investigadora del CIDE, Catalina PérezCorrea, dijo que se debe transparentar la actuación de las FuerzasArmadas, pero “no al vapor”.
“Tenemos muchas preocupaciones porque este concepto nadie hasido capaz de definir realmente cuál es la diferencia entre laSeguridad Nacional, la Seguridad Pública y Seguridad Interior, loque lleva es a que las fuerzas armadas continúen haciendo lastareas de seguridad pública pero bajo un marco que es propio de laSeguridad Nacional, es decir, sin transparencia, sin rendición decuentas y sin controles serios sobre sus actuaciones”.
A su vez, Santiago Aguirre, representante del Centro de DerechosHumanos Agustín Pro Juárez, expresó que tanto la reglamentacióndel artículo 29 Constitucional, que establece los casos paradeclarar el Estado de Excepción, como la Ley de SeguridadInterior, deberán atender a las recomendaciones de los organismosinternacionales.
“Ya desde 2003 la Comisión Interamericana de los DerechosHumanos en su informe sobre Venezuela señaló expresamente que esfundamental la separación clara y precisa entre la SeguridadInterior y la seguridad pública y la Defensa Nacional comofunción de las Fuerzas Armadas. Lo que hace esta propuesta esjustamente confundir el concepto de Seguridad Interior con el deSeguridad Nacional para ampliar la participación de las fuerzasarmadas en tareas que son ajenas a su diseño constitucional. Ambosprocesos marcados por la opacidad por la premura, precipitación yausencia de debate exhaustivo y amplio que incluya a la sociedadcivil”, opinó.
Para Liza Sánchez, de la organización México Unido contra laDelincuencia, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas deseguridad pública a lo largo de una década ha traído consigo ungran desgaste institucional, no solo para las autoridades civilessino también para las fuerzas armadas.
“Estamos preocupados por el deterioro de derechos humanos, porel deterioro de las garantías procesales, por lo que significaríapara el Estado de Derecho y sobre todo porque nos parece que hayelementos clave que están ausentes de todos los proyectos,empezando precisamente por la declaración de objetivos precisosque nos permitan no solo identificar cuándo se podrá declarar laafectación de la seguridad interior, sino cuándo se puedeterminar esa suspensión, cuándo se puede volver a la normalidad,cuándo se considera que el objetivo está cumplido. Lo siguiente:los mecanismos de transparencia, nos preocupa la clasificaciónsensible ante toda la información que se genere ante lasuspensión de garantizas, el hecho de que ni la academia ni lasociedad civil puedan acceder a esos datos por considerarseconfidenciales”.
Asimismo, Sánchez reiteró que la autoridad civil tiene quemantener su responsabilidad en la procuración de servicios deseguridad a la ciudadanía y que no puede seguir abandonando eltrabajo de profesionalización.
“No nos parece correcto que fuerzas armadas ejerzan accionesde policía, pero tampoco nos parece correcto que ejerzan funcionesministeriales. Un plan de retorno, lograr el regreso de nuestrasfuerzas armadas hacia sus labores constitucionales y defortalecimiento de las autoridades civiles para la procuración dejusticia y seguridad, en todo el territorio nacional”,consideró.
Mientras el PRI busca que la Cámara de origen sea la deDiputados, encabezados por César Camacho, por otro lado el PAN yel PRD pretenden que se aborden de la mano la Ley de SeguridadInterior y Mando Mixto. Para aprobarse un periodo extraordinariodeberá existir primero un dictamen, de no lograrse esto, sepodría postergar hasta el próximo periodo ordinario de sesionesdel Congreso que arranca en febrero de 2017.
