/ jueves 29 de febrero de 2024

EU frena ley de Texas que autoriza a policías arrestar y expulsar a migrantes

La Ley impuesta en Texas generó polémica porque permite que detengan y expulsen a cualquier persona sopechosa de entrar ilegalmente, sin un proceso judicial de por medio

Un juez estadounidense suspendió este jueves la entrada en vigor de una polémica ley de Texas que permite a las autoridades policiales arrestar, detener y expulsar a migrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, informaron los demandantes.

La ley, que se preveía entraba en efecto el próximo lunes, es una de las medidas más drásticas contra los migrantes después de una promulgada en 2010 en Arizona.

Los defensores de los migrantes han advertido que la ley conducirá directamente a la discriminación racial, en especial contra los hispanos.

La medida (SB 88-4) fue demandada por grupos de defensa de derechos civiles encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en diciembre pasado a pocos días de ser firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, principal impulsor de la medida.

Los demandantes alegan que la ley es inconstitucional porque viola la supremacía de la ley federal, que regula la inmigración en EU, sobre las medidas aprobadas por un estado.

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La ley convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal federal "confirma" la ilegalidad de la medida.

Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, otra de las organizaciones demandantes, subrayó que "la única manera de arreglar nuestro fallido sistema de inmigración es a través de la acción del Congreso federal, no de la acción estatal individual".

La decisión temporal emitida por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas se da justo cuando el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, por separado, llegaron este jueves a la frontera sur de ese estado para avanzar sus campañas electorales en torno a la inmigración.

El mandatario estadounidense se reúne con miembros de la Patrulla Fronteriza y las autoridades y líderes locales en Brownsville, mientras, Trump estará a 500 kilómetros al noreste en Eagle Pass, donde Abbott, ha instaurado varias medidas que retan el poder federal sobre inmigración.

Los demandantes anticiparon que lo más probable es que el Gobierno de Texas apele la decisión temporal de la corte.

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La ley produjo el rechazo de gobiernos locales como el de El Paso que participó en la demanda.

Iliana Holguín, comisionada (concejal) de ese condado aplaudió en un comunicado la decisión de la corte y dijo que la ley "impondría una carga indebida a los contribuyentes locales, al tiempo que abriría la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos".

Un juez estadounidense suspendió este jueves la entrada en vigor de una polémica ley de Texas que permite a las autoridades policiales arrestar, detener y expulsar a migrantes de los cuales sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, informaron los demandantes.

La ley, que se preveía entraba en efecto el próximo lunes, es una de las medidas más drásticas contra los migrantes después de una promulgada en 2010 en Arizona.

Los defensores de los migrantes han advertido que la ley conducirá directamente a la discriminación racial, en especial contra los hispanos.

La medida (SB 88-4) fue demandada por grupos de defensa de derechos civiles encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en diciembre pasado a pocos días de ser firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, principal impulsor de la medida.

Los demandantes alegan que la ley es inconstitucional porque viola la supremacía de la ley federal, que regula la inmigración en EU, sobre las medidas aprobadas por un estado.

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La ley convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal federal "confirma" la ilegalidad de la medida.

Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, otra de las organizaciones demandantes, subrayó que "la única manera de arreglar nuestro fallido sistema de inmigración es a través de la acción del Congreso federal, no de la acción estatal individual".

La decisión temporal emitida por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas se da justo cuando el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, por separado, llegaron este jueves a la frontera sur de ese estado para avanzar sus campañas electorales en torno a la inmigración.

El mandatario estadounidense se reúne con miembros de la Patrulla Fronteriza y las autoridades y líderes locales en Brownsville, mientras, Trump estará a 500 kilómetros al noreste en Eagle Pass, donde Abbott, ha instaurado varias medidas que retan el poder federal sobre inmigración.

Los demandantes anticiparon que lo más probable es que el Gobierno de Texas apele la decisión temporal de la corte.

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La ley produjo el rechazo de gobiernos locales como el de El Paso que participó en la demanda.

Iliana Holguín, comisionada (concejal) de ese condado aplaudió en un comunicado la decisión de la corte y dijo que la ley "impondría una carga indebida a los contribuyentes locales, al tiempo que abriría la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos".

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